El Gobierno reducirá la importación de pescado comunitario si la CEE anula las licencias de pesca

El Gobierno español ha respondido a la amenaza de la Comunidad Económica Europea de retirar mañana las licencias para faenar en aguas comunitarias con la decisión, si esa medida se lleva a efecto, de limitar rigurosamente las importaciones de pescado de la CEE. La rápida y enérgica respuesta ha contribuido a que los medios comunitarios competentes hayan retrasado hasta el próximo día 4 la anulación de licencias, que en la actualidad son 158, que se reparten de forma rotatoría entre 415 arrastreros españoles.

La Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura hizo pública ayer una nota que adelanta la postura del Gobierno español ante la amenaza de retirada de licencias a la flota comunitaria, para faenar en aguas comunitarias desde mañana, día 1.En la nota se afirma que el «Gobierno español se ha dirigido a la CEE pidiendo que se reconsidere esa medida por considerarla improcedente, y recuerda a la Comunidad que puede limitar rigurosamente las importaciones de pescado de la CEE».

Las restricciones pesqueras se deben, según medios comunitarios competentes, a que la flota de altura española ha superado los cupos de captura de merluza en las doscientas millas de la Comunidad Económica Europea.

La amenaza española de restringir las importaciones de pescado de la CEE obedece, según la nota de la Subsecretaría de Pesca, a que la Comunidad «ha rebasado ampliamente el nivel mutuamente acordado ».

Medios oficiales españoles señalan que la CEE ha aplazado de momento la entrada en vigor de la anulación de licencias, tras una intervención del ministro de Agricultura, Larno de Espinosa, en círculos comunitarios competentes.

Rápida respuesta

La rápida respuesta del Gobierno español a las amenazas comunitarias se debe a la comunicación hecha por la CEE en el sentido de que los 69 barcos españoles que faenaban en la zona, conocida como 100-VIII habían sobrepasado las 5.733 toneladas de merluza que estaban autorizados a capturar durante 1980, por lo que las licencias concedidas quedaban suspendidas desde el 1 de diciembre hasta el próximo día 1 de enero.

La nota de la Subsecretaría de Pesca, hecha pública ayer, señala que la «inmediata intervención del ministro Lamo de Espinosa cerca de las autoridades comunitarias ha permítido aplazar hasta el 4 de diciembre la eventual entrada en vigor de la prohibición, dándose así la comisión un plazo de reflexión suplementario de tres días para estudiar la nota verbal española antes de tomar una decisión definitiva en torno a la posible retirada de licencias».

En el comunicado se añade que el Gobierno español ha hecho llegar a la Comisión Europea una larga nota verbal en la que razona y pide la reconsideración de las medidas anunciadas por aquel organismo, medidas que considera improcedentes y contrarias al espíritu y la letra del acuerdo-marco.

Los razonamientos del Gobierno español se basan en los siguientes puntos:

-La flota española no se dirige sólo a la pesca de la merluza; es necesario, por tanto, establecer cupos diferenciados para diversas especies de fondo.

-La comunicación de la Comisión se refiere a la merluza y no a las especies asociadas, por lo que debe permitirse a los barcos con licencia continuar sus actividades dirigidas a dicha especie, mucho más cuando el acuerdo-marco establece que ninguna medida adoptada por una parte puede comprometer el ejercicio efectivo de la pesca.

- Dada la desproporción existente entre los 415 arrastreros españoles y las 158 licencias concedidas por la CEE, la parte española se ha visto obligada a establecer un nuevo sistema rotativo de utilización de las mismas, por lo que una interrupción brusca de la actividad pesquera producirla graves daños a aquellas empresas a cuyos barcos corresponde el uso de licencias en los dos últimos meses del año en curso.

- Por todo ello, y siendo el almacenamiento norte de merluza el mismo para las tres zonas en que se permite pescar a los barcos españoles, el Gobierno entiende que no existe razón para que, de haberse agotado el cupo correspondiente a una de ellas, no pueda la CEE autorizar el traslado de las licencias de esa zona a las otras dos, donde, al ritmo de las capturas actuales, no se prevé que se pesquen las cantidades asignadas con las licencias actuales para esa zona.

Por último, el «Gobierno español anuncia a la Comisión de la CEE que, en el supuesto de que la prohibición anunciada se llevase a la práctica, se vería obligado, a partir de la entrada en vigor de la eventual retirada de licencias, a cumplir rigurosamente la limitación de las, importaciones de pescado procedente de la CEE, que asimismo ha rebasado ampliamente el nivel mutuamente acordado».