Estrangulados y acribillados a balazos cinco líderes de la oposición izquierdista salvadoreña
San SalvadorCinco dirigentes de la oposición izquierdista salvadoreña, incluido el secretario general del Frente Democrático Revolucionario, Enrique Alvarez Córdova, aparecieron estrangulados y acribillados a balazos en las cercanías de la capital, tras haber sido secuestrados el jueves, junto a otros cuatro políticos, por comandos ultraderechistas.
El Gobierno negó, por medio del ministro de Defensa y Seguridad Pública, coronel José Guillermo García, ser el responsable de la matanza, aunque testigos presenciales aseguran haber visto efectivos militares en los alrededores del Colegio Externado de San José, dirigido por los PP Jesuitas, donde la plana mayor de la oposición salvadoreña celebraba una reunión rutinaria cuanclo irrumpieron unos quince civiles armados y enmascarados.Estrangulado, con señales de tortura, uno de sus brazos cercenado y con varios impactos de bala en el pecho, fue encontrado ayer el cuerpo de Alvarez Córdova, quien, perteneciente a una de las famosas catorce familias de El Salvador, propietarias de la casi totalidad de las tierras y de la riqueza del país, se había pasado abiertamente a la oposición.
Los otros cuatro dirigentes asesinados fueron encontrados la noche anterior a catorce kilómetros de la capital salvadoreña. Se trata de Juan Chacón, secretario general del Bloque Popular Revolucionario (BPR), principal grupo de la oposición salvadoreña; Manuel Franco, de la Unión Democrática Nacionalista (UDN); Humberto Mendoza, del Movimiento de Liberación Popular (MLP), y del socialdemócrata Ernesto Barrera, Escobar, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).
Junto a ellos, habían sido secuestrados también -y, por el momento se desconoce su suerte-, Leoncio Pichinte, secretario general de las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) y tres militantes de izquierda: Doroteo Hernández, Francisco Herrera y José Maravilla.
Juan Chacón, veintitrés años, era uno de los dirigentes más conocidos de la izquierda salvadoreña. Dirigía el BPR desde hace un año, y se hizo famoso por encabezar la toma de embajadas y rehenes para llamar la atención sobre la situación salvadoreña.
Los nueve hombres fueron secuestrados a las 11.20 horas, en las instalaciones del Socorro Jurídico, una entidad del arzobispado salvadoreño que presta servicios legales a personas de escasos recursos económicos, y que tiene sus oficinas en el colegio San José.
La ultraderechista Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez, se responsabilizó del ajusticiamiento de Alvarez Córdova y de los otros cuatro dirigentes de la oposición.
El jueves, el Frente Democrático Revolucionario cargó las culpas de lo ocurrido sobre el Gobierno salvadoreño: «Se trata de una ofensiva militar del régimen, y la Junta Militar Democratacristiana será la responsable de la suerte de nuestros compañeros», afirmó Saúl Villalta, del comité ejecutivo del FDR.
En un comunicado oficial distribuido en la noche del jueves por la Secretaría de Información, el Gobierno pedía a los «autores materiales e intelectuales del secuestro que respeten los derechos humanos de los secuestrados y, fundamentalmente, su integridad física y moral». Casi simultáneamente, las autoridades judiciales de Ilopango, catorce kilómetros al este de San Salvador, anunciaban el hallazgo de los cinco cadáveres, cuatro de ellos en un descampado y el del secretario general del FDR al bordo del lago de llopango.
El FDR integra a todos los grupos de la oposición de izquierdas, y tiene como brazo armado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuyo objetivo es derrocar al actual régimen.
La brigada anticomunista Maximiliano Hernández Martínez (nombre del presidente salvadoreño que en 1932 fue responsable de la masacre de más de 17.000 campesinos) justificó el «ajusticiamiento» de los dirigentes de izquierda «por ser responsables materiales e intelectuales de miles de asesinatos de gente inocente que no quiere ser comunista».
Advertencia a los sacerdotes
El grupo de ultraderecha advirtió también a «los sacerdotes afines a las bandas terroristas marxistas que correrán igual suerte si insisten en sus prédicas, que envenenan la mente de la juventud».
Un periódico vespertino, Mundo, había atribuido inicialmente a la policía nacional salvadoreña la captura de los líderes políticos, mientras que numerosas personas aseguraron que individuos uniformados habían sido vistos en las cercanías de las oficinas de Socorro Jurídico.
El Gobierno, en un comunicado, aseguró que «en las investigaciones efectuadas, ninguna parte de las declaraciones hace referencia a que los testigos hayan visto gente uniformada».
En lo que va de año, más de 10.000 personas han sido asesinadas en El Salvador, incluyendo civiles, militantes de la oposición y personalidades, tales como el arzobispo de San Salvador.
En Panamá, el ministro salvadoreño de Trabajo, Julio Alfredo Samayoa, en declaraciones a la agencia Efe negó que el Ejército de su país esté a punto de iniciar operaciones antiguerrilleras conjuntas con los de Honduras y Guatemala. Entre otras cosas porque, en su opinión, no es necesario: «La izquierda, en mi país, está derrotada militar y políticamente, por lo que no se producirá la tan anunciada ofensiva final».
«Llevamos un año esperándola, pero no llega», agregó, «ni puede llegar, porque la izquierda perdió todo el apoyo popular». A fin de apoyar su información, el ministro salvadoreño citó una encuesta supuestamente realizada por una empresa multinacional en la que quedaría demostrado que «el 76% de la población nos apoya».
Por su parte, el Frente Democrático Popular afirmó anoche que «todas sus bases estaban prestas para lanzarse a la lucha si no se otorga la libertad a los detenidos».
