Rechazadas todas las enmiendas en el debate de ayer sobre los Presupuestos Generales

El Pleno del Congreso de los Diputados dedicó ayer el debate presupuestario a la discusión de las enmiendas a la totalidad de las diferentes secciones en que se desglosan los 2.823.200 millones de pesetas de gastos previstos por el Estado para 1981. Las primeras secciones discutidas fueron las del Tribunal de Cuentas y las de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Obras Públicas, Urbanismo y Educación. El rechazo de las enmiendas se produjo gracias al permanente apoyo al Gobierno de UCD de la Minoría Catalana y a la abstención de Coalición Democrática.

Socialistas y comunistas consideraron insuficientes los 242 millones de pesetas presupuestados para el Tribunal de Cuentas, que el comunista Fernando Pérez Royo estimó ridículo, mientras el socialista Gabriel Urralburu defendió una dotación de aproximadamente el doble de este importe, hasta tanto se promulgue la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y este órgano pueda ser dotado de un presupuesto acorde con la importante función que le asigna la Constitución.Urralburu recordó que durante el anterior régimen el Tribunal de Cuentas dependían del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, por lo que está incapacitado para controlar las cuentas públicas actuales. Dijo que cinco de los ministros del Tribunal debían cesar inmediatamente. El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros rechazó con energía la acusación hecha por el diputado socialista de «complicidad con la corrupción» y recordó que el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley para regular el citado tribunal, así como que la tardanza en el control de las cuentas se debe al retraso de varios organismos autónomos en remitir sus cuentas.

La enmienda comunista fue rechazada con veintiún votos a favor, 178 en contra y 104 abstenciones. La socialista obtuvo 121 votos favorables, 169 en contra y seis abstenciones.

Poco dinero para Exteriores

La única posición contraria a la sección doce (Asuntos Exteriores) fue mantenida por los socialistas. Manuel Marín calificó de escaso el importe de12.804 millones de pesetas asignado a este departamento, que impide una actuación española «mínimamente digna en política internacional». Apostilló que, si además de tener pocos medios materiales se hace tan mal como el lunes último -se refería al incidente de Hendaya (véase EL PAÍS de ayer)-, «no lograremos nada en este campo, a pesar de los viajes oficiales a medio mundo». Recordó las promesas de Adolfo Suárez sobre la ley de Cooperación Exterior y la mejora del servicio exterior, así como lo mal pagados que están los diplomáticos y los no diplomáticos que sirven al Estado en este área.

El centrista Ignacio Camuñas, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, calificó de bien intencionado el discurso de Manuel Marín, si bien la dotación económica para Exteriores había tenido que ajustarse, para ser coherente con la política del Gobierno, al tono general de austeridad del presupuesto. Destacó, sin embargo, que el aumento del 300% en los gastos para cooperación técnica y aseguró que nuestra política exterior dependerá de las cifras, pero sobre todo del grado de estabilidad interior de nuestro país y del nivel de consenso que se consiga alcanzar con las fuerzas políticas parlamentarias.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, se sumó a los argumentos de Camuñas y añadió que el consenso en el que todos están de acuerdo no puede lograrse «de la noche al día». Insistió en la multiplicación del rendimiento directo de la acción exterior y en el esfuerzo importante realizado por los Presupuestos, aunque con carácter selectivo. La enmienda socialista fue rechazada por 127 votos a favor, 168 en contra y 12 abstenciones.

Debate sobre los millones para el MOPU

Los dos grupos más importantes de la izquierda, socialistas y comunista, se opusieron a la sección diecisiete (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -MOPU), dotada con más de 211.823 millones de pesetas. Ambos grupos consideraron que las diversas partidas para este Ministerio no se ajustan a las promesas del Gobierno en el debate de la cuestión de confianza, ya que no se fomentan suficientemente las inversiones públicas ni se combate el paro como sería necesario.El socialista Javier Luis Sáenz Cosculluela criticó la estructura administrativa del Ministerio y la ausencia de planes en las diversas actividades de su competencia. Aseguró que los gastos del MOPU están excesivamente centralizados, sin tener en cuenta a los ayuntamientos.

El comunista Ramón Tamames censuró la ausencia de proyectos concretos y explícitos y de planes conocidos por parte del Ministerio, cuyo presupuesto estimó técnicamente deplorable y fruto de lo que denominó un Gobierno descerebrado. A tenor del presupuesto del MOPU, Tamames estimó que la cuestión de confianza al Gobierno se convertía en cuestión de desconfianza. Echó en falta, entre otras promesas gubernamentales, el proyecto de ley sobre el Consejo Económico y Social, anunciado por Adolfo Suárez para este año. Manifestó que el objetivo de la política económica no puede estimarse a corto plazo, sino pensando en el hombre y en la democracia. Concretamente, aludió a la insuficiente dotación para viviendas y medio ambiente y criticó la financiación encubierta a empresas como la General Motors, que después produce expedientes de crisis que terminan generando paro.

El centrista Gervasio Martínez Villaseñor señaló que el Gobierno debe atenerse a las posibilidades reales en su donación presupuestaria, atendiendo al paro, pero también a la creación de infraestructura. Consideró normal la discrepancia con la izquierda en cuanto a la selección de objetivos y prioridades y, a su vez, destacó algunas contradicciones entre socialistas y comunistas, ya que, según dijo, los socialistas piden más carreteras y los comunistas menos. «Que la izquierda se ponga de acuerdo sobre lo que exige la praxis marxista en materia de carreteras», manifestó, y fue premiado con un abucheo desde la izquierda.

Martínez Villaseñor aludió al acuerdo entre socialistas y comunistas sobre el carácter de óptimos ejecutores que ambos grupos atribuyen a los ayuntamientos. El diputado centrista negó que fuera cierta tal afirmación, ya que hasta el momento, tanto en materia de viviendas como de obras hidráulicas «han demostrado su inoperancia».

Tras diversas réplicas y contrarréplicas de los diputados citados, el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Jesús Sancho Rof, participó en el debate. Negó que la ejecución por el MOPU de las inversiones presupuestadas por el Estado pudiera acusarse de centralización. «Descentralizar no es que que ejecuten los ayuntamientos, sino los órganos periféricos de la Administración central cómo ocurre. La ejecución de las obras públicas por parte de los ayuntamientos debe basarse en el traspaso de funciones o competencias, pero no en la descentralización. A los socialistas les gustaría convertir los gastos del Presupuesto del Estado en presupuesto de ingresos de los ayuntamientos».

El ministro aseguró que existen planes en realización y negó que existieran subvenciones encubiertas. Contestando a Tamames, criticó la petición hecha de menos inversiones en acción territorial y más en medio ambiente, por estimar que estas últimas -puso el ejemplo de los camiones de basura y los árboles solicitados por algunos ayuntamientos- «no crean empleo».

Las enmiendas socialista y comunista contra la sección del MOPU fueron rechazadas con 131 votos favorables, 174 en contra y dos abstenciones.

Enseñanza pública y privada

La sección dieciocho, Ministerio de Educación, dotada con 385.193 millone de pesetas, fue objetada en su totalidad por los grupos Socialista, Comunista y Andalucista. Las tres enmiendas fueron rechazadas con 126 votos favorables, 176 en contra y una abstención.El socialista Manuel Gracia recordó que el ministro de Educación señaló recientemente que este año el Presupuesto se enfocará hacia la mejora de la calidad de la enseñanza, por entender que el sistema educativo funciona suficientemente bien en los aspectos cuantitativos. Negó que este último supuesto fuera cierto, así como que la mejora de la calidad no se producirá con el mismo. Criticó el frenazo en la construcción de centros escolares, y fijó las prioridades socialistas en esta materia en las siguientes: acometer un plan urgente sobre el déficit funcional de la EGB, que cifró en más de 250.000 puestos escolares; incrementar la acción inversora en la educación preescolar, con la perspectiva de llegar a la gratuidad en este nivel de enseñanza; elaborar un programa detallado sobre calidad educativa, e incrementar las partidas presupuestarias para la educación.

La comunista Eulalia Vintró recordó el paro protagonizado por el profesorado de EGB el martes pasado, como muestra de la marginación que siente este personal, y censuró la falta de cobertura de los puestos escolares que todavía faltan, especialmente para muchachos de catorce a dieciséis años, muchos de los cuales incrementan la delincuencia.

El andalucista Emilio Pérez Ruiz criticó la baja en 1981 respecto a los Presupuestos del año actual. En éstos, el peso de la asignación para enseñanza era del 6,5%, mientras que para 1981 será del 5,1%.

Por UCD, Juan Quintás aceptó los argumentos de la oposición, pero no se puso de acuerdo con ella sobre algunas de las cifras aportadas. Asimismo calificó.de fetichismo querer recortar la subvención a los centros privados, ya que con ellos se priva a las familias y no a los centros de unos recursos a los que tienen derecho.

Tras varias intervenciones de los diputados citados, el ministro de Educación, Juan Antonio Ortega, cerró el debate, manifestando que en política es preciso elegir entre varios inconvenientes el menos malo. Afirmó que los gastos de inversión se han potenciado, y que el sistema educativo deberá evitar la producción de nuevos parados.