Esperanza para el País Vasco

EL COMUNICADO hecho público por el Partido Nacionalista Vasco, severa y aariamente contestado ayer por el Gobierno, merece atención más allá de las implicaciones que de su texto se desprenden acerca del Frente para la paz. Que la respuesta del PNV sobre la fonnalización de ese pacto sea más o menos reticente no tiene más importancia que la que, por razones de rivalidad partidista, se le quiera dar. La existencia de las instituciones autonómicas hace incluso redundante el establecimiento de alianzas entre partidos fuera del ámbito del Parlamento vasco, el cual puede tomar acuerdos y confiar su ejecución al Gobierno de Euskadi sin necesidad de que los diputados crucen de acera para suscribir en otro local -en otras ocasiones el palacio de la Moncloa- un pacto en su condición de dirigentes de partidos.El PNV rechaza en el documento las acusaciones de ambigüedad que se le dirigen a propósito del tema de la violencia y ratifica que hace suya «la creciente repulsa popular ante la sangre, la extorsión y los intentos de amedrentamiento » que el pueblo vasco padece. De la declaración se desprer de que sus recelos ante el Frente para la paz provienen básicamente del temor a que éste pudiera nacer muerto si sólo fuera un «frente hacia la galería», basado en el «verbalismo» y la «espectacularidad», al que la ausencia de «puntos coincidentes sólidos» y de un «serio propósito de acción conjunta» condenara a la inutilidad. De ser ciertas tales premoniciones, es evidente que la frustración de «las expectativas creadas y no realizadas» no conseguiría sino empeorar las cosas. Los motivos en los que basa el PNV ese pesimismo, proyección hacia el futuro de malas experiencias del pasado, son el retraso y parquedad de las transferencias por el Gobierno y la ruptura por el PSOE de los compromisos del frente autonómico creado en 1977. Y la fórmula alternativa que sugiere es la instauración de una autonomía real que incluya los conciertos económicos y las transferencias de competencias, recursos y funcionarios previstos en el Estatuto de Guernica.

Lo inquietante del documento, a nuestro juicio, es el visible desfallecimiento con el que el PNV contempla el futuro de Euskadi. La conclusión de que, aunque se progrese por la vía de las transferencias y «por más comandos que la policía desarticule», el paro y la ruina económica de las empresas seguirán siendo «motivos suficientes» para que los jóvenes se sientan «cargados de razón» al acusar de «ingenuos» o de «farsantes» a los dirigentes del PNV y al recurrir a «vías de acción violenta» no entra ya en el campo del pesimismo lúcido, sino en el de la desesperanza. No es de extrañar así que el comunicado del PNV lance la profecía apocalíptica de que «el plazo se acaba», cosa que parece impropia en un partido que ocupa una importante parcela de poder, y apunte la posibilidad incluso de «echar la toalla en esta penosa arena política» en el caso de que el Gobierno no ponga de su parte «lo que puede y débe poner» para llenar el Estatuto.

El implacable goteo de asesinatos en el País Vasco -ayer otro miembro de la Guardia Civil fue víctima de un atentado mortal en Tolosa- mueve realmente a la desmoralización social y a la desesperación airada de los cuerpos de seguridad, los partidos políticos y los sectores ideológicos que se encuentran bajo el punto de mira de los terroristas. No es, por tanto, extraño que la marca del desaliento llegue también a cubrir las playas del PNV. Y, sin embargo, las reacciones populares contra los crímenes etarras son un motivo contrapesador de esperanza y deberían servir de acicate a quienes libran la batalla contra el terrorismo.

La declaración del Gobierno contra el comunicado del PNV no resulta afortunada en el tono, no es convincente en parte de sus argumentos y no se resiste a la tentación de exportar hacia Vitoria algunas responsabilidades que corresponden a Madrid. Dado que la ofensiva ideológica y política a la campaña de sensibilización moral de la sociedad vasca contra el terrorismo no tiene por qué pasar necesariamente por la formalización de ese Frente para la paz, en cierto modo superpuesto a las instituciones de autogobierno, resulta inadmisible la insinuación de que sólo quienes figuren en ese frente quieren «de verdad» acabar con el terrorismo. De otro lado, cuando ni siquiera están puestas las bases de la policía autónoma, pieza clave para la lucha contra el terrorismo, no puede decir el Gobierno que ya está «en pleno vigor»i el Estatuto de Guernica y confundir el reconocimiento jurídico de las «máximas competencias» con la efectiva puesta en práctica de las mismas.

Hay un aspecto de la virulencia crítica del Gobierno contra el comunicado del PNV con el que coincidimos. Se trata precisamente de la parte que se refiere al derrotismo y desmoralización del PNV, un partido «con obligación de gobemar» que, «apenas iniciada su gestión», amenaza, sin embargo, con arrojar la toalla. De este agrio diálogo podrían, a la postre, extraer, tanto UCD como el PNV, una enseñanza positiva: los ciudadanos esperan, desean y exigen que los partidos con responsabilidades de poder las ejerzan y que los líderes políticos despierten esperan zas a una sociedad que quiere «paz, perdón y piedad». Y libertad.