Aprobado el fraccionamiento de pensiones a familiares y mutilados del Ejército republicano

El Pleno, del Congreso convalidó ayer un decreto-ley sobre fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones a familiares de fallecidos con ocasión de la guerra civil y a jubilados del Ejército republicano, y seguidamente aprobó su tramitación urgente como proyecto de ley. Apoyaron la convalidación 165 diputados (UCD, Minoría Catalana y CD) y votaron en contra 134, pertenecientes a los grupos Socialista, Comunista, PNV y andalucista. La izquierda dedicó un pateo al ministro de Hacienda y uno de sus portavoces, el socialista Francisco Ramos, insistió en que «siempre se rompe la cuerda por la parte más débil».

Presentó el decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de octubre, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. Aseguró que el Gobierno no trataba de modificar el espíritu de sendas leyes aprobadas por el Parlamento a iniciativa socialista y comunista, en beneficio de los familiares y mutilados del bando republicano. García Añoveros manifestó las razones económicas que apoyaban el decreto-ley, fundamentalmente la necesidad de reducir los gastos corrientes. Indicó que el aplazamiento de pago previsto en el decreto ley permitiría reducir en el presupuesto de 1980 70.000 millones de pesetas en los gastos correspondientes a clases pasivas.El ministro de Hacienda explicó también que la conveniencia del decreto-ley está avalada por la imprecisión en el número de quienes tienen derecho a la percepción de las pensiones, que, en todo caso, es muy superior a lo previsto cuando se discutieron las proposiciones de ley de la izquierda. En total, los pensionistas superan los 200.000. Añadió que por una mala interpretación de dichas leyes se habían producido algunos casos de abuso o duplicidad en las pensiones. Como complemento al fraccionamiento del pago de las pensiones destacó que el decreto-ley amplía hasta el 1 de julio de 1981 la presentación de instancias y que las cantidades atrasadas devengarán un interés del 8% anual. Entre las intervenciones contrarias a la convalidación del decreto-ley destacó la del socialista Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, quien expresó la oposición socialista por el carácter injusto de la citada disposición. Censuró al Gobierno por acordarse sólo de las viudas y mutilados de guerra a la hora de reducir los gastos corrientes. Recordó que a las viudas y mutilados del bando nacional se les han venido pagando las pensiones durante cuarenta años, mientras que el aplazamiento de las nuevas pensiones cercena el carácter de reconciliación con que se aprobaron aquellas leyes.

El diputado socialista declaró que en el presupuesto para 1981 van a aumentar las asignaciones para comidas de los altos cargos y dijo también que se podrían haber reducido las pensiones a ex ministros de Franco, en lugar de fraccionar y aplazar el pago a personas cuya media de edad supera los 65 años. Aseguró que nadie se va a creer, sobre todo los afectados, que se mantiene el espíritu de aquellas leyes si se fraccionan las pensiones. Añadió que le entristecía el voto favorable a la convalidación del decreto-ley por parte de la Minoría Catalana.

Previamente, en nombre de la Minoría Catalana, Ramón Trías aludió al agravio comparativo que podía producirse con la aplicación de las leyes origen de las pensiones y expresó el apoyo al decreto-ley, siempre que se tramite como proyecto de ley.

En nombre del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Gerardo Bujanda manifestó su voto contrario a la convalidación del decreto-ley, al que acusó de falta de sentido social. «Más que el problema económico de las viudas y mutilados de la República, se trata de resolver una situación de justicia», dijo. Añadió que el fraccionamiento en seis años por falta de un suficiente conocimiento estadístico de los pensionistas será difícil de creer por las personas más modestas beneficiarias de las pensiones.

El debate lo inició el comunista Emerit Bono, quien destacó que más que dificultades económicas, se trataba de «dificultades» políticas. Se opuso a que fuera posible fraccionar el sufrimiento padecido durante cuarenta años y apuntó el peligro de que quede desvirtuada la reconciliación pretendida con las leyes de la izquierda. Añadió que 70.000 millones de pesetas no es un problema tan serio y que podrían reducirse los gastos fiscales.

La última intervención de los grupos correspondió a José Miguel Bravo de Laguna (UCD), quien aseguró que ningún aspecto moral queda cercenado por el decreto-ley. El malestar creado en la parte izquierda del hemiciclo por esta intervención fue recogido al final de las palabras que cerraron el debate por parte del Gobierno. García Añoveros, quien justificó de nuevo con razones económicas el decreto-Iey, a la vez que anunció en los presupuestos para 1981 otras reducciones del gasto público, escuchó un fuerte pateo y gritos de «Fuera» al térmi

no de sus palabras.

La "herencia" de Otero

La sesión plenaria se inició con la convalidación, por 163 votos a favor, 132 en contra y una abstención, del decreto-ley sobre medidas urgentes para la iniciación del curso escolar 1980-1981, ampliación de plantillas y confección de suplementos de crédito. Por indicación del ministro de Educación, Juan Antonio Ortega, al nuevo portavoz del grupo, Miguel Herrero, el Gobierno aceptó la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley; así fue aprobado por unanimidad.

Finalmente el Pleno del Congreso convalidó, por 168 votos a favor y 123 en contra, el decreto-ley sobre financiación de los ayuntamientos y tasa de juego. Este decreto eleva de un 15% a un 20% el tipo impositivo sobre el juego del bingo, con el fin de obtener nuevos ingresos para financiar la inversión pública. Los ayuntamientos, como ya es sabido, participan en un 25% en estos impuestos. Asimismo, por este decreto participarán en un 1 %, en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y en un 10% sobre la imposición indirecta del Estado, que se eleva desde el anterior 8,5 %.

El diputado comunista Ramón Tamames se pronunció en contra, por entender que el decreto-ley no atiende las verdaderas necesidades de los ayuntamientos, y lanzó un fuerte ataque contra lo que juzgó extensión incontrolada del juego, en el que, según sus cálculos, se gastarán los españoles este año 857.000 millones de pesetas.

También los socialistas se pronunciaron en contra por considerar, como dijo el diputado Santiago Marraco, que nada tiene que ver la financiación de los ayuntamientos con el aumento de la tasa sobre el juego, que es lo que verdaderamente se pretende con este decreto.