Juan Antonio Ortega anuncia la reforma de la administración educativa

El ministro de Educación, Juan Antonio Ortega, expuso ayer ante la Comisión de Educación del Congreso las líneas generales del programa político de su departamento, que concretó, entre otros objetivos, en la reforma de la administración educativa, situada en el contexto del actual proceso de consolidación de las autonomías y en la reforma de las enseñanzas medias, instrumento indirecto pero profundamente relacionado con las posibles soluciones para el grave problema del desempleo juvenil.El ministro definió su declaración como «una oferta de acción concreta, que después de ser debatida, criticada y, en su caso, modificada, puede delimitar el ámbito de lo que pudiera llegar a ser un auténtico pacto escolar para una época difícil de crisis».

Una parte considerable de su discurso, cuyo contenido será discutido con los miembros de la comisión en la sesión del próximo jueves, estuvo referida a esta filosofía del pacto escolar, basada en el convencimiento de que el pluralismo ideológico no debe ser un obstáculo para la colaboración en el terreno educativo. Es significativo a este respecto el hecho de que no aludiera en ningún momento al Estatuto de Centros Docentes, que tantas crispaciones provocara en su día en el seno de esta misma Comisión de Educación.

En relación con los problemas derivados de la crisis económica y enmarcados los objetivos del departamento en los generales del Gobierno, Juan Antonio Ortega señaló que se quiere llevar a cabo una política de potenciación de los gastos de inversión que no produzca un incremento sustancial de los gastos corrientes.

En cuanto al capítulo concreto de inversiones, el Ministerio de Educación, según anunció su titular, va a potenciar los planes de reforma y mejora de centros existentes, con la conciencia de que atiende a una necesidad estrictamente educativa en su infraestructura propia, con mejora derivada de la situación general de empleo».

Justificó, por otra parte, la conveniencia de la reforma de las enseñanzas medias a partir de la constatación de la inadecuada estructura de nuestro sistema educativo, de la cual se desprende que el número de alumnos que aspiran a una calificación profesional directiva es considerablemente superior al de los que se preparan para una calificación de grado medio.

Puso especial énfasis en la necesidad de potenciar el crecimiento cualitativo de la enseñanza, sin abandonar su crecimiento cuantitativo, y anunció la puesta en funcionamiento, en 1981, de 160.000 puestos de EGB; de ellos, 100.000 de sustitución, 25.470 de bachillerato, 47.480 de formación profesional y 25.000 de preescolar.

Por lo que concierne a la política de financiación de la enseñanza, el ministro señaló que «la situación de crisis nos debe llevar a una reconsideración de las prioridades», y dijo también que sin abandonar la meta constitucional de la implantación de la gratuidad de la enseñanza básica, «el sistema en su conjunto debe responder a criterios de racionalidad y de realismo». Sin perder de vista esta perspectiva, afirmó la intención de mantener el actual proyecto de ley de financiación de la enseñanza obligatoria.

Se refirió, por último, a la incidencia sobre la política educativa del actual proceso de construcción del Estado de las autonomías, y señaló a este respecto el propósito que abriga el Ministerio de Educación de cooperar en los procesos de transferencias y de asegurar al mismo tiempo el efectivo ejercicio por parte del Estado de sus competencias educativas.