Diecisiete fiscales de Barcelona reiteran sus exigencias

Diecisiete fiscales de la Audiencia de Barcelona, cifra que representa la práctica totalidad de la plantilla efectiva, se dirigieron por escrito al ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, con el fin de «reiterarle aquellas exigencias, que ya fueron expuestas personalmente a su antecesor, Landelino Lavilla, y al fiscal general del Estado, y que hasta ahora no han obtenido una adecuada satisfacción, a pesar de las promesas otorgadas, con el perjuicio consecuente del ministerio fiscal».

Honda preocupación en sectores progresistas

Entre los firmantes figuran los representantes de los sectores más liberales y progresistas, que en su día participaron en el nacimiento y posterior autodisolución de Justicia Democrática de Cataluña. Como telón de fondo del escrito aparece la preocupación ante el actual redactado del estatuto del ministerio fiscal, la continuidad en altos cargos de personalidades del franquismo puro y duro y las deterioradas condiciones en que se desarrolla la labor del ministerio fiscal en Barcelona, con una plantilla notoriamente inferior a la de Madrid -por comparar con la otra gran ciudad-,y, en cambio, con bastantes más procedimientos bajo su responsabilidad, según aparece en la última memoria del fiscal general del Estado.Los fiscales centran la atención del ministro en cinco puntos concretos. En primer lugar, se refieren a la provisión de vacantes de la carrera fiscal y manifiestan que «insistimos en que se hace imprescindible la aplicación de las normas de concurso que regulan esta materia en la carrera judicial».

En segundo lugar, consideran de «gran urgencia la provisión de las plazas vacantes en la plantilla de la carrera fiscal, cuya existencia viene siendo reiteradamente ignorada, con grave perjuicio de la prestación de nuestras funciones». En tercer lugar, plantea la «necesidad de una redistribución racional de la plantilla, así como del volumen de trabajo, como garantía de estabilidad en el desempeño de nuestra función y de eficacia».

En los dos últimos puntos de su escrito, los fiscales manifiestan su «inquietud y preocupación ante el procedimiento seguido para la elaboración del proyecto de estatuto del ministerio fiscal» y respecto al mismo añaden que «entendemos que no responde a nuestras expectativas sobre un ministerio fiscal enmarcado en la Constitución como pieza esencial del poder judicial, regido por principios democráticos y capaz de ejercer digna y eficazmente sus funciones constitucionales».