La CEE puede decretar estado de crisis en la siderurgia

La Comunidad Económica Europea (CEE) puede decretar la próxima semana el «estado de crisis» en el sector siderúrgico y adoptar, por la fuerza, una serie de medidas contra la desorganización del mercado. Los grandes productores de acero europeo, agrupados en Eurofer, han entablado una feroz lucha interna que amenaza con hundir aún más el sector, ya fuertemente afectado por la restricción del mercado norteamericano.El comisario Etienne Davignon, responsable del plan de reestructuración siderúrgica de la Comunidad, celebró esta semana una entrevista con los integrantes de Eurofen, para intentar ponerles de acuerdo, así como para que se comprometieran a respetar las directrices de la Comisión Europea. El problema se ha planteado crudamente al negarse los productores de acero de Italia y de la República Federal de Alemania (RFA) a conformarse con las cuotas que les han sido asignadas por la CEE.

Davignon no logró llegar a un acuerdo y concedió un plazo de ocho días a los integrantes de Eurofer, para que reflexionen. Si en ese plazo no resulta una solución negociada, los ministros de Industria de los nueve, que se reúnen el próximo día 7 de octubre en Bruselas, podrían imponer autoritanamente sus propias decisiones.

«La guerra del acero» entre los productores europeos se complica con la situación del mercado norteamericano. El presidente Carter, cara a las próximas elecciones estadounidenses, ha aprobado una serie de medidas en favor de su propia industria siderúrgica.

Las medidas de Carter -entre las que figura la readopción de los tigger prices, por debajo de los cuales no es posible comprar acero en Estados Unidos- han sido acogidas con una cierta frustración en la CEE. Teóricamente, la Comunidad Económica Europea se felicita por la readopción de los tigger prices (lo que permite competir en igualdad de condiciones con el acero japonés y de otros países) y la desaparición de la demanda antidumping presentada por la Steel Corporation, pero en la práctica los precios fijados por Washington -un 12% más altos de los que rigieron anteriormente- dificultan aún más las exportaciones europeas.