Congreso de Medicina Legal y Social en Granada

La necesidad de que la enseñanza de la medicina legal sea obligatoria y la de que los peritaje médico-legales no puedan ser confiados más que a especialistas que hayan recibido la información necesaria en el marco de la enseñanza universitaria, tanto teórica como práctica, constituyen las dos principales conclusiones aprobadas durante el 36º Congreso Internacional de Medicina Legal y Social, celebrado en Granada.Se trata del primer encuentro de médicos legistas que, con carácter internacional se celebra en España, y en el mismo han participado unos trescientos especialistas de todo el mundo. Las sesiones de trabajo del congreso se han desarrollado en las dependencias del auditorio municipal Manuel de Falla a lo largo de cinco jornadas, en las que se debatieron un total de diez temas sobre aspectos diferentes de medicina legal y criminología.

Definida la medicina legal y social como «una ciencia aplicada a la resolución de los problemas jurídicos», en el congreso de Granada ha quedado definitivamente claro, según el presidente del comité organizador, profesor Villanueva Cañada, que «este ámbito de la ciencia médica no puede seguir siendo considerado por la sociedad como la simple medicina de los muertos, ya que su función es mucho más amplia y realiza una labor encomiable e imprescindible para la humanidad».

Especialización y reconversión

Por otro lado, de acuerdo con las conclusiones ofíciales del congreso, todo peritaje legal deberá ser realizado, «en interés de la sociedad y de una buena justicia», por un especialista, como mínimo, en cuya formación se hayan incluido los temas necesarios de anatomía patológica, traumatología y daño corporal, toxicología, inmunología, criminología, psiquiatría, derecho médico, deontología y otras materias afines.Otros puntos aprobados durante la reunión científica se refieren, finalmente, a la necesidad de que la enseñanza universitaria garantice una reconversión periódica de carácter obligatorio para los médicos de esta especialidad, así como la de considerar para los juristas «una formación médico-legal elemental que les permita utilizar concienzudamente los informes emitidos por los peritos especialistas».