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El Gobierno solicita la confianza del Congreso

Suárez pide un esfuerzo de austeridad para superar la crisis económica

El discurso del presidente Suárez trazó un cuadro general de la situación actual y explicó el marco en que se adoptarán las medidas anunciadas. La descripción fue amplia y pesimista en cuanto a la crisis económica, de la que dijo que no tiene soluciones rápidas, gratuitas y brillantes, aunque cabe encauzarla, mediante un esfuerzo adicional, con austeridad, laboriosidad y eficacia. En el terreno autonómico, manifestó que el Gobierno se ratifica en los principios básicos de su política, expresados el pasado mes de mayo, y que impulsará el proceso autonómico hasta su culminación.

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El presidente comenzó explicando que en las actuales circunstancias es beneficioso y necesario que el pueblo conozca el respaldo del Congreso a las medidas que el Gobierno piensa adoptar. Señaló como grandes objetivos del momento y los próximos años la superación de una crisis económica generadora simultáneamente de paro e inflación; desarrollar la Constitución, sobre todo en cuanto a autonomías y Administración pública; combatir el terrorismo por medio de la ley, el apoyo a los cuerpos de seguridad y la colaboración ciudadana, y proseguir una política exterior al servicio de la seguridad, independencia e integridad de España y el bienestar de los españoles.Excluyó de este debate las dos últimas cuestiones, ya que en el tema del terrorismo no hay discrepancias sustanciales, por lo que el Gobierno prosigue su programa de actuaciones, y en el ámbito internacional no han variado los objetivos expuestos en el programa de investidura, y «tampoco existe ninguna decisión grave e importante que requiera un planteamiento inmediato», aparte de que un debate sobre esta materia podría perjudicar la acción del Estado en estos momentos, al poner de relieve las discrepancias sobre las coincidencias.

En cambio, son particularmente actuales la agudización de la crisis económica, especialmente el paro, y la inmediata necesidad de continuar eficazmente la construcción del Estado democrático, y sobre estos temas se plantea la confianza.

Al describir la situación económica, Suárez dijo que la crisis de la energía es la causa principal, aunque no única, de las dificultades, ya que el encarecimiento del petróleo ha producido la crisis económica más grave desde la depresión de 1929. Afirmó que la crisis ha producido empobrecimiento, va a exigir cambios profundos en nuestro sistema productivo, está cambiando las relaciones de poder en la comunidad internacional, y está poniendo en cuestión el sistema de vida de las sociedades desarrolladas.

Agregó que las medidas tomadas en 1977 dieron resultados muy importantes en 1978 y crearon esperanzas, pero éstas se vieron frustradas por un nuevo y fortísimo encarecimiento de la energía en 1979, que hizo perder cuatro puntos de renta nacional, subir cinco puntos el coste de la vida y aumentar en unos 6.000 millones de dólares la factura del petróleo.

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Para corregir esta situación es preciso estimular la demanda de bienes para aumentar la actividad, de forma que se cree empleo. El objetivo es crecer un 4% ó 5% en tres años. Pero esto plantea importantes problemas: hay que aumentar la acumulación de capital sin desequilibrar la balanza de pagos, ni relanzar la inflación, ni generar despilfarro en el gasto.

El Gobierno pretende aumentar la inversión pública e impulsar la construcción de viviendas para tirar coyunturalmente de la inversión privada. Para ello hay que obtener recursos de un mayor ahorro nacional, que empezará por los gastos públicos. Para fomentar el ahorro en el sector privado es preciso estimular la demanda y moderar los costes de personal, contando con el apoyo de las partes interesadas. Todo ello dentro de una orientación de flexibilización y liberalización de la economía, especialmente en cuanto a sistema financiero, precios e intervencionismos inútiles.

El Estado democrático y autonómico

El presidente explicó después la filosofía de la transformación del «viejo Estado centralista y autoritario» en democrático y de autonomías como «el reto político más difícil que hemos de afrontar en el inmediato futuro». Esta transformación tiene, por mandato de la Constitución, cuatro dimensiones: regular y proteger las libertades, poner en funcionamiento todos los órganos constitucionales de nueva configuración, impulsar la autonomía regional y municipal y reformar la Administración.Para «despejar cualquier duda» sobre un supuesto retroceso de las libertades, proclamó «la voluntad del Gobierno de poner todos los medios a su alcance para que el ejercicio de las libertades sea una realidad dotada de todas las garantías». También dijo que la Constitución tiene fuerza inmediata de obligar; esto es, eficacia normativa inmediata.

En cuanto a las autonomías, dijo que el Gobierno se ratifica en su política, y en el marco de los principios de igualdad y solidaridad, se propone realizar la transformación de España en un Estado de autonomías en los próximos dos años. Al mismo tiempo, se regulará y apoyará la autonomía de los ayuntamientos y diputaciones, reforzando sus atribuciones y atendiendo la financiación de sus haciendas. En general, se trata de acelerar el proceso de desconcentración del Estado a favor de sus órganos periféricos.

El nuevo Gobierno

Una vez expuesto este marco de la futura actuación del Gobierno, el presidente leyó los propósitos del Ejecutivo, que se someten a la confianza de la Cámara (que publicamos íntegramente en estas mismas paginas), y comenzó la conclusión de su discurso explicando, en primer lugar, que para ejecutar lo anunciado consideró conveniente modificar el Gobierno, cambio, en todo caso, necesario por «la dimisión presentada por el que fue vicepresidente económico, Fernando Abril, que tanta y tan gran ayuda nos prestó».Añadió que la creación de ministros de Estado no trata de crear jerarquías, sino superar rígidas estructuras departamentales mediante mecanismos de coordinación.

Calificó después sus propios planteamientos de rigurosos y sinceros al solicitar la confianza del Congreso y recalcó que la crisis por la que atravesamos tiene un alto coste social que es necesario repartir, garantizando «que el empobrecimiento de todos no conduzca a la miseria o al hambre de grupo alguno», por lo que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la asistencia a quien tenga necesidad.

Y continuó con las siguientes palabras: «Hablo desde la profunda convicción de que los españoles no renunciarán a ser miembros de una comunidad de hombres libres. Ninguna involución será posible, porque ante aquella voluntad se estrellarán los terroristas y cualesquiera corrientes que se propongan desestabilizar la democracia o menoscabar sus valores. La libertad de cada uno ha de abrirse, para ser verdadera libertad, a la responsabilidad y a la solidaridad. Para ello es indispensable que todos y cada uno de los españoles acepten, con talante resuelto y con espíritu de superación, sus cuotas de responsabilidad».

Terminó pidiendo que, en el debate que se abre, la Cámara y el Gobierno impulsen al pueblo para recobrar la confianza en sí mismo y en su futuro. «Frente a la crisis no cabe ni encogerse de hombros ni hacer juegos malabares con las palabras, ni predicar soluciones Milagrosas», ya que «no hay ninguna solución fácil, inmediata o cómoda, aunque hay soluciones posibles». Pidió un sacrificio adicional para imponerse a las dificultades, mientras el Gobierno se dispone con decisión a aplicar medidas «ingratas, sevetas, que implican ahorro y reducción del consumo y de las expectativas inmediatas».

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