Gestiones para esclarecer supuestas irregularidades en empresas del Sahara

La comisión del Senado que investiga la supuesta malversación de fondos destinados a indemnizar a las empresas españolas en el ex Sahara español en el momento de la evacuación forzosa se reunió ayer en Las Palmas, donde mantuvo entrevistas con personas relacionadas con el asunto. La comisión del Senado que autorizó iniciar estas investigaciones designé una ponencia que está integrada, además del senador Soriano, por el también centrista Fernando de la Reguera, senador por Valladolid, y por el socialista Farias, parlamentario por Jaén. La denuncia fue realizada por Manuel Ayala Naranjo, según el cual más de 100.000 millones de pesetas habrían sido objeto de fraude.La comisión de senadores ha mantenido entrevistas con el propio denunciante, Ayala; con los titulares de las empresas denunciadas en su día, así como con los miembros de la comisión interministerial que realizó las valoraciones para efectuar las indemnizaciones. Asimismo, por la tarde se reunieron nuevamente con el denunciante y con un número indeterminado de personas que se han solidarizado con Ayala, denunciantes a su vez de las irregularidades que, en su opinión, se observaron en aquel momento.

Entre los casos destacados en la denuncia figuraban las empresas Cubiertas y Pesados, SA; Transahara, Transportes Auxiliares del Sahara, Alcorde y otras diez empresas con indemnizaciones que oscilaban entre los veinte y noventa millones de pesetas.

Según indicó el senador Alfonso Soriano, que preside la comisión investigadora, la información que se recabe de estos contactos en Las Palmas es reservada y tan sólo se dará a conocer cuando sea debatida por la comisión correspondiente del Senado. Tras estas entrevistas, la ponencia volverá a reunirse en Madrid, donde, a la luz de los documentos que obran en su poder, se redactará un informe que será elevado a la comisión para su discusión. «Hoy tan sólo», ha dicho Alfonso Soriano, «se ha escuchado a las partes implicadas en este problema». Algunas de las entidades mencionadas en la denuncia manifestaron, en su día, que esta última carecía de fundamento y que todo se había hecho con arreglo a las leyes.