La cosecha del siglo, ¿Para quién?
Ante la expectativa general de buena cosecha de 1.980, que habrá de confirmar la recolección de los cultivos pendientes, y conocidas ya las ordenaciones de campaña de los productos regulados, es posible hacer un avance de los resultados económicos previsibles del sector agrario y de su aportación a la economía nacional, no pudiendo ignorarse en esta evaluación otros factores que tan poderosamente influyen en los balances del campo, neutralizando los efectos de por sí positivos de la buena cosecha y de los incrementos de precios que conllevan los decretos reguladores de cada producto.La buena cosecha está estimada por el propio Ministerio de Agricultura en el 6% superior a la de 1979, y este crecimiento producirá en el PIB un tirón del 0,5%, considerable aporte del agro a la economía nacional crónicamente estancada desde 1973.
Todos los productos regulados han visto recogidos en sus decretos correspondientes modificaciones al alza de sus precios, según los criterios del Gobierno de estímulo o contención, y las situaciones de los mercados internacionales. Es obvio que ha pesado también en la fijación de cada precio el temor de los responsables económicos por la carga de inflación que cada decreto pudiera contener. El incremento medio ponderado de los precios para el campo ha venido a resultar inferior al 7%.
Es justo valorar positivamente otras medidas que perfeccionan a las de años anteriores, fomentando la tecnificación, dando soluciones a excedentes, favoreciendo consumo de cosechas propias sustitutivas de importaciones, estimulando las actuaciones asociativas, etcétera.
Con estas actuaciones, la Administración cumple la obligación que compete al Estado de que la nación esté dotada de estructuras capaces de abastecerla de productos tan básicos como lo hace la agricultura, asegurándole la independencia necesaria ante la relación de fuerzas internacionales en continua inestabilidad y ha de cumplir este deber en el siempre difícil equilibrio de asegurar una producción a precio retributivo para el productor y adquisitivo para el consumidor final.
No caben pues para el campo invocaciones al libre juego de las leyes del mercado. Esta solución es indiscutible e insustituible cuando en la realidad del mercado se dan al menos por aproximación los rasgos que definen a la llamada libre concurrencia o competencia perfecta. Pero somos sobre dos millones de agricultores ante un reducidísimo grupo de industriales y comerciantes y por imperativo de los ciclos biológicos ofrecemos nuestra cosechia concentrada en el tiempo a una demanda dilatada durante el año y movidos asimismo por necesidades de fi.nanciación que acentúan el desequilibrio en la relación de fuerzas en perjuicio del agricultor.
Menos rentabilidad
Pero a pesar de la buena cosecha, del incremento de sus precios y de algunas importantes medidas, las rentas del campo español resultarán menores a las de 1979, en pesetas constantes, descendiendo la retribución de sus recursos propios desde el 11,70 en 1979 al 6,23 en 1980.
¿Qué factores intervendrán para producir este deterioto y neutralizar el efecto positivo de la buena cosecha? Fundamentalmente el componente «gasto fuera del sector», que ha visto incrementar su precio medio en el 27%, contribuyendo de modo destacado el capítulo mecanización, que sube el 67,88%, y el de fertilizantes, que lo hace en el 28,8%.
Las altas subidas de estos dos capítulos no sólo producen un efecto de deterioro de renta de los agricultores, disminuyéndoles poder adquisitivo en sus consumos individuales y familiares, sino que seguirá la tendencia iniciada en años anteriores de reducir los empleos de estos factores. La también alta cosecha de 1978 fue incapaz de detener este proceso, y no existe ninguna razón que seriamente nos haga pensar que la cosecha de 1980 hará cambiar este signo sí persisten las razones de fondo que lo han iniciado. El campo español se sume pues en un retroceso tecnológico indeseable, en las coordenadas socioculturales y socioeconómicas de 1980, precisamente cuando nos acercamos a áreas económicas competitivas.
Discutidas importaciones
Ciertamente son diversas e incluso complejas las causas de los altos precios que el agricultor español paga por los fertilizantes y las fuertes subidas de las naftas no están ausentes de ello, pero es oportuno transcribir del reciente informe anual del Banco de España, «complementariamente el comercio de importación de fertilizantes sigue presentando un alto grado de proteccionismo».
Una actuación desmedida y en ocasiones hasta negligente de importaciones ha producido en el subsector ganadero un deterioro injustificado e innecesario, pues la oferta, producción nacional más importaciones, sobrepasa con creces a la demanda, que además acusa una importante contratación, pues el consumo de carne ha manifestado gran sensibilidad a los precios y a la merma de poder adquisitivo de los consumidores. Todo ello evidencia que las importaciones realizadas con la finalidad de cuidar los precios del consumidor no consiguen cambiar el signo alcista de éstos y en cambio destrozan los precios al productor.
Es pues el sector intermediario quien lleva la mayor tajada. Incluso en los precios autorizados, pues a título de ejemplo, un año más subiendo el trigo un escaso 10% se acaba de autorizar una subida para el pan superior al 14%.
La buena cosecha supondrá también un cambio de signo en la balanza comercial agraria, tradicionalmente deficitaria, constituyendo para la economía nacional un aporte sustantivo de divisas con las que hacer frente a la factura petrolera.
¿Pero serán posibles soluciones en un país donde todas las variables económicas están distorsionadas, desempleo creciente y preocupante, inflación sólo moderadamente controlada, déficit público insostenible ... ?
¿Será posible que el campo español pueda dar cara a 1981 cuando la cosecha ya no sea la del siglo y persistan los fuertes incrementos de los llamados «gastos de fuera de sector» y sin que los precios de los productos agrarios desajusten la cesta de la compra?
Las soluciones habrán de pasar necesariamente por un riguroso control de determinadas importaciones, por una política arancelaria equivalente a la de las importaciones industriales, por una subida del gasóleo sólo en la misma proporción que el resto de los carburantes, por agilización de las ayudas y subvenciones de modo que produzcan la eficacia para la que fueron instituidas, por una vigilancia de los insumos, por la elaboración y rápida puesta en vigor de la ley de Financiamiento Agrario, por la reforma de las estructuras agroalimentarias, por el desarrollo urgente de la investigación aplicada que nos lleve a un mejor aprovechamiento de recursos naturales escasos...
Las soluciones son pues posibles, y todas ellas las recogía explícita o implícitamente el ministro de Agricultura en su intervención, en nombre del Gobierno, en el Congreso de los Diputados en junio de 1979. Conocemos su competencia, profesionalidad y responsabilidad, y en ellas ponemos nuestra esperanza.
Mientras tanto, el agricultor y el ganadero, desde la besana, el establo o la pradera, seguirá preguntándose: La cosecha del siglo, ¿para quién?
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