Madre de Plaza de Mayo: la muerte sin fronteras

En estos días, la colonia latinoamericana en España -especialmente la argentina- se encuentra seriamente preocupada.No es para menos: la muerte de la señora de Molino (editorializada el miércoles pasado en EL PAÍS), las versiones contradictorias que se han tejido sobre los hechos y la no asunción preventiva por parte de las autoridades correspondientes del carácter político de esta muerte, generan una cierta inestabilidad fundada en el temor a la impunidad de los asesinos.

Porque resulta muy difícil pensar en el fallecimiento por «causas naturales». Y una muerte cercana moviliza memorias y vivencias pasadas.

Corresponderá a las autoridades españolas (investigadores policiales, jueces de instrucción, medios forenses y judiciales) la investigación exhaustiva de los hechos de la calle de Tutor, y es en esa vía que confiamos quienes nos sentimos también damnificados por este trágico suceso.

Y es este un punto de acuerdo con la editorial referida (EL PAÍS 6-8-1980); en lo que no podemos coincidir, en cambio, es en medir con la misma vara la opinión de los agentes de la represión y la de sus víctimas, porque, hoy, la opinión pública mundial tiene conocimiento de las atrocidades cometidas por aquéllos cómo para sorprenderse por lo «rocambolesco» de algunas de sus maniobras. Y como muchos de nosotros somos, además, exiliados -como lo era la señora de Molfino- y reivindicamos un derecho que alguna vez tuvieron los exiliados españoles en nuestro territorio: opinar sobre hechos de una marcada naturaleza política, que atañen a nuestro país. Porque sabemos que esta España democrática que ha iniciado su tránsito pacifico del autoritarismo a la libertad respeta nuestras opiniones, las recibe y comprende.

La señora de Molfino era una de las «madres de Plaza de Mayo», a las cuales una parte de la opinión democrática del mundo postula para el Premio Nobel de la Paz y a quienes la dictadura militar argentina ha colocado la significativa denominación de «las locas de Plaza de Mayo». Su ejemplo es simple y absolutamente incuestionable: reunirse todos los viernes en la bonaerense Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Un solo distintivo: un pañuelo blanco en sus cabezas; y un solo objetivo: preguntar por el destino de sus seres queridos.

Para la Junta Militar, en boca de su ministro del Interior, la interpretación sobre las «locas» era otra: «Ya sabemos quiénes están detrás de ustedes», sentenció. Sin duda: la memoria de sus familiares desaparecidos y su angustia compartida por el conjunto de nuestro pueblo.

La voz de la señora de Molfino, por otra parte, había sido escuchada en foros tan considerables como las Naciones Unidas en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las distintas jerarquías de las iglesias ecuménicas, etcétera.

Se nos ocurre que este cadáver, insolentemente arrojado en la tregua del verano madrileño, manifiesta patéticamente una intencionalidad: señalar que no hay fronteras para la represión.

No es nueva la injerencia de la Junta Militar argentina en la soberanía de otros países, aunque se tratara, en casi todos los casos, de países latinoamericanos, y la Prensa mundial ha recogido innumerables casos. Así, por ejemplo, en México, el Gobierno ha detenido y expulsado a tres coroneles del Ejército argentino, ingresados ilegalmente con el objeto de realizar un atentado contra núcleos del exilio; en Brasil se han constatado reiterados secuestros de ciudadanos argentinos y uruguayos (casos como el de Norberto Haideberger, o, recientemente, el presbítero Jorge Adur); sería redundante ejemplificar con Uruguay, donde la complicidad entre Gobiernos y FF AA de ambos países es tan notoria y recíproca que hace innecesarios los ejemplos. También en España han ocurrido algunos hechos que hubieran merecido una seria investigación: como la presencia en Madrid de comandos de la marina de guerra argentinos, denunciada oportunamente por varias publicaciones; o el fracasa do intento de secuestro del ex diputado Armando Croatto.

Creemos, sin embargo, que el reciente, como insólito, comunicado de prensa del embajador argentino nos excusa seguir ejemplificando.

Excediendo los derechos diplomáticos en un país que es tierra de asilo de ciudadanos argentinos, gratificándose -de hecho- por la muerte de una compatriota, esgrimiendo una notable (castrense) subestimación por los pueblos e instituciones españoles, alerta sobre la «peligrosidad de la subversión internacional en su intento de socavar las bases de nuestra sociedad occidental». Ese discurso suena a justificación apresurada de una muerte que, hoy ya está demostrado, no ha sido natural. El embajador argentino en España ha evidenciado que nada cambió con su designación -como civil- para ese cargo.

Si las palabras del embajador han sido tan desatinadas como apresuradas, no lo es la presunción que los asesinos de la señora de Molfino (sus autores intelectuales, al menos) son la Junta Militar argentina.

A los latinoamericanos del Cono Sur, traductores hasta el cansancio de los métodos que utilizan -con total impunidad- los servicios de «inteligencia» de las FF AA de nuestros países, no nos cabe absolutamente ninguna duda que se trata de un nuevo asesinato perpetrado por algún comando de las mismas. Pero no es sólo un signo de clarividencia política. Hay hechos que, a prima facie, lo señalan. En la primera quincena de junio son secuestrados en Perú la señora de Molfino, el señor Julio César Ramírez y otros exiliados argentinos. La operación la realizan comandos del Ejército argentino, contando con la colaboración del Ejército peruano. Son torturados e interrogados. ¿Por qué hablamos de secuestro?: porque durante varios días, ante reiterados reclamos internacionales por sus vidas, el Gobierno de Perú niega su existencia. Estos hechos han sido minuciosa y profusamente demostrados y denunciados por los medios de Prensa de ese país suramericano, con infinidad de datos y testimonios acusatorios. Solamente cuando el suceso amenazaba con convertirse en un escándalo internacional (recuérdese que ya había sido elegido un Gobierno constitucional), la Junta Militar peruana reconoce la «detención» de tres de esas personas e informa que habían sido expulsadas a Bolivia. El Gobierno boliviano jamás ha reconocido haber sido receptor de los mismos. Y si lo hubiera sido, ¿algún ingenuo superviviente de otras galaxias puede sospechar que les entregó documentación y los dejó partir libremente hacia otros continentes? Infinidad de trámites se realizaron para conocer el paradero de nuestros compatriotas, hasta convencemos que habían «desaparecido». Y, luego, vienen los hechos actuales: un mes y medio después, aparece el cadáver de la señora de Molfino en Madrid, en un piso alquilado por otro de los secuestrados (a su nombre, por supuesto). Dos días después, el diario Clarín, de Buenos Aires, da la noticia sin asociar siquiera que el Ramírez del piso puede ser el mismo que el de Perú. A los pocos días, la Embajada argentina convoca con premura a una conferencia de prensa, sentando un gesto inédito en lo que se refiere a muertes de ciudadanos argentinos en el extranjero. Cree salvar su propia imagen, pero, además, desagravia al Ejército peruano por cualquier sospecha.

No es irracional deducir que, ante la asunción del Gobierno constitucional de Belaúnde Terry y el pedido de interpelación por parte del Congreso de Perú al comandante del Ejército sobre los hechos -de inminente realización-, era necesario «borrar las huellas». ¿Por qué España? Es el país con mayor número de exiliados y ha entrado en un inequívoco proceso democrático.

Para pruebas de otro carácter nos remitimos a la conferencia de prensa realizada el día 6 del corriente en el hotel Convención, y que fue publicada en este diario el día 7, jueves, donde participaron diversos partidos políticos de España, el CEAR, el ACNUR, la presidenta de Amnistía Internacional de España y otras prestigiosas personalidades.

Allí fue informado el dictamen forense que certifica que la muerte de la señora de Molfino fue-causada por paro cardiaco-respiratorio generado por intoxicación exógena. Es decir: causas externas.

El exilio argentino se encuentra sumamente preocupado. Imaginar que se ha violado la soberanía de España es sentir una suerte de inseguridad, hasta hace pocos días inadvertida.

El proceso democrático de España, que la ha convertido en tierra de refugio para decenas de miles de perseguidos de todas partes del mundo, merece una clara respuesta por parte de las instituciones políticas, sindicales y sociales.

El exilio ha contado desde siempre con la solidaridad plena del pueblo español, de sus partidos democráticos y personalidades progresistas. Reclamamos también una respuesta consecuente del Gobierno.