Huelga en los puertos

LA HUELGA que desde hace un mes tiene prácticamente paralizados los puertos españoles y que está provocando graves pérdidas a la economía del país tuvo su origen en dos convenios. Uno, el firmado entre la Coordinadora de Estibadores Portuarios y Comisiones Obreras y la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), organismo autónomo del Ministerio de Trabajo. El segundo, suscrito diez días antes por UGT y ANESCO, asociación patronal que engloba a las empresas consignatarias más fuertes del país.Se inició entonces, por parte de la coordinadora y de CC OO, una huelga selectiva contra las empresas afiliadas a ANESCO, que, después, fue contestada con un cierre patronal. El Ministerio de Trabajo, del que depende la OTP, dictó un laudo que no solucionó el problema, y los puertos siguieron paralizados.

Lo que este conflicto ha puesto en entredicho es la supervivencia de un controvertido modelo de contratación, que desde hace largos años ha venido marcando la actividad laboral en los puertos españoles. La OTP, constituida cuando Girón ostentaba la cartera de Trabajo, trató de evitar el mercado negro de trabajadores existente entonces en los puertos. Si en aquel momento tuvo algún sentido su nacimiento, hoy urge, si no su desaparición, sí su reestructuración. La OTP, que es una empresa intermediaria entre las consignatarias y los estibadores, sigue manteniendo una estructura verticalista más propia del pasado que de los tiempos actuales.

Si bien es cierto que los propios estibadores apoyan decididamente su supervivencia, este apoyo viene, sobre todo, del temor de los obreros portuarios a perder su puesto de trabajo. Puesto de trabajo que, hoy por hoy, y a través de la OTP, tienen garantizado, pero que ha hecho que la actividad portuaria se haya convertido en un coto cerrado, cayendo en los mismos vicios que con su creación se quisieron evitar.

La solución no parece estar en la privatización de los puertos ni tampoco en permitir a las empresas estibadoras la libre contratación. Por un lado, porque algunas empresas -compuestas por el empresario y una mecanógrafa- no tienen la entidad suficiente como para mantener en nómina el número de obreros necesario para desarrollar su labor con normalidad. Por otro lado, y en esto tienen cierta razón los estibadores, porque se facilitaría nuevamente la existencia de listas negras en el censo de los puertos.

Junto con la reestructuración de la OTP, a la que segura mente habría que desvincular del Ministerio de Trabajo, parece necesaria una reforma profunda de la actividad. desarrollada en los puertos. Sin ella, España puede verse relegada, en su totalidad, a puerto de segundo orden. Hace tiempo que Marsella ganó sobre Barcelona la hegemonía en el Mediterráneo, y los altos costes de nuestros puertos, que no sólo proceden de operaciones de carga y descarga, han hecho que algunas multinacionales estén pensando en la posibilidad de construir un superpuerto en Grecia para evitar el paso por otros puertos mediterráneos, incluidos los españoles. Hay empresas de nuestro Estado que prefieren hacer su transporte por vía terrestre hasta Hamburgo, para desde allí embarcar las mercancías hacia su punto de destino.

A esta situación ha contribuido en gran medida la propia OTP, que ha actuado con un gran paternalismo y que probablemente es la únicaempresa prestamista que cuenta con el apoyo de sus trabajadores. El rendimiento en nuestros puertos es de dos veces y media a tres veces inferior al de los puertos nórdicos, a pesar de que las tablas vigentes corresponden a épocas en las que la mecanización no era tan completa cómo lo es hoy.

La OTP no se ha preocupado de avanzar en otros aspectos distintos a los puramente económicos, como la seguridad, productividad, etcétera, interesada casi exclusivamente en cobrar por los obreros prestados. Y su misma estructura hace mucho tiempo que dejó de tener sentido. Que sus órganos directivos sean miembros del Ministerio de Trabajo puede dar lugar a situaciones tan contradictorias como las que se han producido en este conflicto: la dirección de una empresa que dicta su propio laudo.