Diferencias entre los partidos mayoritarios retrasan la aprobación de un plan de actuación urgente

Por vez primera en sus dos años largos de existencia legal, la Junta de Andalucía está a punto de conseguir dar una respuesta institucional seria y de conjunto a la situación socioeconómica de la región andaluza, tantas veces calificada de explosiva, mediante la aprobación de un plan de actuación. Y, sin embargo, también el plan de urgencia que los partidos parlamentarios discuten desde hace varias semanas podría engrosar la amplia lista de los inventarios de males o las declaraciones de buena voluntad por las diferencias de criterios, que retrasan su ratificación. La historia de la Junta preautonómica registra varios intentos, siempre fallidos, de hacer frente a la agobiante crisis social y económica de Andalucía, paralelamente a la marcha, actualmente paralizada, del proceso autonómico. En honor a la verdad, hay que decir que estos intentos han terminado en el olvido más lamentable a causa de la ineficacia de la propia Junta, la falta de apoyo del Gobierno central y lasvicisitudes de la vida política española.

En septiembre de 1978 se acordó por el ente preautonómico la formación de una comisión mixta para estudiar el problema del paro en la región, que, tras una reunión con el vicepresidente Abril, quedó reducida al estudio del paro puramente agrario, y no pasó del análisis de un documento remitido por el Gobierno, y cuyas previsiones no se cumplieron. El segundo intento, en diciembre del mismo año, consistió en crear otra comisión, esta vez con un título más pomposo: comisión sobre política básica para Andalucía. La convocatoria de elecciones generales la relegó al baúl de los recuerdos.La misma comisión, resucitada en junio de 1979, se deja en vía muerta por voluntad o complicidad de los cuatro partidos integrados en la Junta: PSOE, PCA, PSA y UCD. Algo parecido ocurrió con una comisión del Senado creada en septiembre, de la que formaban parte, entre otros, los senadores Manuel Fombuena y Pedro Valdecantos, de UCD, y los socialistas Rafael Estrella y Juan Páez. Hasta ahora, casi un año después, nadie se ha tomado la molestia de explicar si esta comisión se reunió alguna vez, y a qué conclusiones llegó.

Más significativa ha sido la trayectoria de la última -por ahora- comisión constituida en el seno de la Junta meses atrás. Su objetivo es elaborar un plan de urgencia para Andalucía, y está compuesta por técnicos de los cuatro partidos que tienen el mandato del consejo permanente de la Junta de elaborar un programa unitario, cuya sanción definitiva y negociación con el Gobierno corresponderá al propio consejo.

Ambigüedad

La actitud de los representantes de UCD ante el plan de urgencia ha sido, como mínimo, ambigua. En primer lugar, pidieron retrasar sus aportaciones hasta la celebración del congreso regional centrista de Torremolinos, lo que hacía imposible, en la práctica, cumplimentar el mandato recibido por la comisión de tener elaborado el proyecto del plan antes del 15 de junio.Ante esta situación, socialistas, comunistas y nacionalistas se dedicaron a refundir sus respectivos proyectos para presentar a UCD un programa común. Tras pedir y obtener un plazo de quince días para estudiarlo, los centristas lograron retrasar la fecha definitiva de entrega hasta septiembre. Hay que hacer constar que en esta serie de dilaciones UCD ha contado con la colaboración del PSOE, por estar los dirigentes socialistas convencidos de que la firma del partido gubernamental es imprescindible para asegurar la viabilidad del plan de urgencia.

El PCA, por su parte, es mucho más pesimista, y su representante en la comisión, Fernando Feijoo, ha advertido que la intención del Gobierno con estos constantes retrasos es acomodar algunos aspectos del plan de urgencia a los Presupuestos Generales del Estado y conceder a Andalucía, con el aparente visto bueno de la Junta, lo que de todas formas ya tenían previsto en los presupuestos de 1981, prácticamente elaborados cuando la Junta intente negociar su plan.

En cualquier caso, conviene precisar que al documento elaborado por PSOE-PCA-PSA, que contiene, en un centenar de folios, un diagnóstico bastante certero de la situación económica de Andalucía, un detallado estudio de medidas de política global y sectorial a aplicar, UCD ha contestado con quince folios llenos de observaciones críticas y sugerencias en las que se denuncia el carácter más político que técnico del documento tripartito y las presuntas cortapisas que contiene a la libre iniciativa del empresariado.

Se da la circunstancia de que UCD, que exigió a los partidos de izquierda que el documento que habían elaborado no se hiciese público hasta que no hubiera sido discutido entre los cuatro, envió a los medios informativos su propio documento-réplica en cuanto lo hubo terminado, de modo que la opinión pública ha podido conocer las críticas centristas al plan de urgencia de la izquierda antes, que el mismo plan. De la precipitación con que ha sido preparada la réplica de UCD puede dar idea la errata contenida en la página seis, en la que el cambio de la palabra legislación por industria hace declarar a los economistas de UCD: «Parece una aseveración de dudosa legalidad la referencia al control por la Junta de Andalucía de la entrada de capital extranjero, que viene encomendado por la industria vigente a la Administración central».

Todas estas circunstancias hacen temer que si al final se consigue un plan de urgencia común (aunque en la primera sesión se aprobaron 78 de las cien páginas del plan de la izquierda, aún quedan por discutir el problema financiero y el tema de las inversiones), sea ya demasiado tarde para que pueda reflejarse en los planes del Gobierno para el año próximo y quede, una vez más, en agua de borrajas.