La Administracion ha infravalorado deliberadamente las previsiones de ingresos de la Seguridad Social en 1981

La Administración ha infravalorado deliberadamente los ingresos previsibles para 1981 en la Seguridad Social, ha ocultado información o la ha facilitado sin tiempo suficiente para un debate en profundidad, y, en definitiva, ha irritado a patronal y sindicatos con un anteproyecto de presupuestos de la Seguridad Social para 1981, que no satisface a nadie. Junto a esta discrepancia general de CC OO, UGT y CEOE con la Administración, las distintas organizaciones han expresado posturas encontradas en cuanto al crecimiento y composición del presupuesto. Previsibiemente, en septiembre u octubre próximos se reflejarán en enmiendas parlamentarias las distintas posiciones sobre el presupuesto de la Seguridad Social para el año próximo.

Una de las críticas más generalizadas al anteproyecto de la Administración se refiere al cálculo de ingresos que, deliberadamente, han sido estimados muy por debajo de lo previsible, y a la aportación del estado en la financiación de los mismos, que, en función de la minusvaloración de los ingresos, aparece artificialmente engordada.Esto ya ha sucedido este año con el presupuesto de la Seguridad Social para 1980, según UGT. Los ingresos se calcularon en base a un incremento salarial medio del 12,5 % y de una aportación estatal a su financiación del 9,16%. Como el incremento salarial medio ha sido en realidad un 15,5%, la cantidad ingresada por cotizaciones es mayor de la prevista, y la aportación real del Estado, inferior a la anunciada.

Por otra parte, la aportación del Estado es muy baja y hace difícil que se cumpla el objetivo -acordado en los pactos de la Moncloa para 1983 y posteriormente retrasado a 1984- de que financie el 20% del presupuesto de 'la Seguridad Social.

«La base media de cotización», denuncia CEOE, «se estima infravalorada respecto de 1981, lo cual hace que el tipo se mantenga. Tal circunstancia ha dado lugar en pasados ejercicios a unos ingresos adicionales, desbordando así la realidad de las previsiones presupuestarias, cuestión que se materializa en el hecho de que la liquidación de los presupuestos alcance valores superiores a los inicialmente aprobados. Existe, por tanto, una infravaloración previa de las cotizaciones».

Los sindicatos sospechan que esta deliberada infravaloración de los ingresos -que continúa acrecentando la irrealidad de las comparaciones porcentuales entre el presupuesto de 1980 y el de 1981 -responde al intento de la Administración de vender posteriormente una imagen de buena gestión a la opinión pública. «No hay déficit posible cuando los gastos están presupuestados en base a unos ingresos muy inferiores a los reales». El problema está, para los socialistas, en que los mencionados ingresos previsibles, pero no presupuestados, no reviertan en mejora de prestaciones, en primer término, y, en reducción de los tipos de cotización, después.

Patronal y sindicatos, de acuerdo en muchas de sus criticas al anteproyecto de presupuestos de ingresos de la Seguridad Social, difieren, no obstante, en la presupuestación de los gastos. «Si el país se empobrece en términos reales, al disminuir también en términos reales el crecimiento del producto interior bruto (PIB), prácticamente entre el 0 y el 1% en 1980, parece difícilmente admisible», afirma la CEOE, «que un subsector público, como la Seguridad Social, crezca por encima de las previsiones de incremento del PIB, particular mente cuando su fínanciación básica son cuotas (90%), que constituyen un impuesto. sobre el trabajo y además un factor negativo de empleo ».

Pablo Recio, representante de UGT en Insalud, opina de forma contraria: «El presupuesto de 1981 presumiblemente va a significar menos del 11,3% del PIB, que fue lo fijado para 1980, mientras que la media en los países de la CEE se sitúa en el 23,8% de sus respectivos PIB». Por otra parte, UGT entiende que deben compensarse con mayores prestaciones -salario social- el menor crecimiento de los salarios monetarios, como consecuencia de la crisis económica. Las prestaciones sociales, por otra parte, son una forma de redistribución de la renta -impidiendo que los más débiles sean los que más afectados se vean por el empobrecimiento del país-, y a través de inversiones selectivas son también un medio de reequilibrio entre zonas o regiones. La CEOE, en cuanto al presupuesto de gastos, dice que, «sin en trar en una casuística en las presta ciones, hay que partir como premisa de que una serie de avances sociales, posibles bajo otros condicionamientos económicos del país, no se pueden conseguir ahora mismo, sino en función de un proceso gradual, acorde con la coyuntura, de suerte que no se estimule la in flación y se favorezca el desempleo».

UGT, en función de sus enmiendas, que tienden a otorgar un mayor equilibrio entre ingresos reales y gastos reales, destina unos 45.000 millones de pesetas para el Fondo de Estabilización, previsto en la legislación, que permitiría un fondo de maniobra para evitar desajustes y problemas de liquidez y daría cobertura económica a la reducción de edad de jubilación.

CEOE, por su parte, propone tina reducción del 0,5% en las coti7,aciones, que la elevación de bases mínimas y máximas de cotización no sea superior al 12 % y que el presupuesto no prejuzgue temas ajenos, como salario mínimo, política general de retribuciones o pensiones.