"Si la reforma sanitaria funciona como esperamos, la desmasificación de los hospitales será efectiva y espectacular"

Juan Rovira Tarazona nació en Lérida hace 46 años. Se licenció en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Madrid. Es abogado del Estado. En el año 1969 ocupó la delegación del Estado en Campsa, y en 1971, la Subsecretaría de Hacienda. En febrero de 1976 fue nombrado subsecretario de la Seguridad Social, cargo en el que cesó en el mismo año.A nivel personal, es un hombre acogedor, de emotividad contenida, aunque expresa. Perdió un hijo pequeño en muerte por enfermedad, episodio que vivió intensa y dolorosamente, razón, tal vez, por la que se empeña en afirmar en sus declaraciones que, por mucho que avance la seguridad social en el mundo, «nunca va a ser erradicada la muerte ni el dolor humano».

Pregunta. ¿Cómo ve y cómo le preocupa al ministro de Sanidad y Seguridad Social la salud de los españoles?

Respuesta. La salud de los españoles es en estos momentos bastante buena. Nuestra expectativa de vida y nuestra tasa de mortalidad infantil, dos de los índices utilizados para la determinación de la salud pública, están por encima de países como Bélgica y Alemania. De todos modos, a mí, como ministro de Sanidad y Seguridad Social, hay una cosa que me preocupa: la calidad de vida del español, de cada español. Y ahí está la medicina preventiva y comunitaria y la educación sanitaria de la población; es decir, la salud en el sentido más amplio.

P. Los meses de estío son época de especial sensibilidad para los problemas sanitarios. ¿Cómo se presenta, desde la óptica ministerial, el verano 1980?

R. El año pasado iniciamos ya una serie de medidas encaminadas -a prevenir los posibles riesgos sanitarios del verano, que tienen dos causas fundamentales: el mayor grado de concentración de población en zonas donde la infraestructura puede ser superada por los usuarios y la epidemiología -aguas y alimentación- propia de la época. Este verano hemos podido preparar ya la temporada con más tiempo, y desde febrero se ha estado enviando una serie de circulares de la Dirección General de Salud Pública a todas las delegaciones territoriales para mantener el control de las enfermedades intestinales, la cloración de las aguas, los sistemas de abastecimiento de aguas, los establecimientos públicos de alimentación, los alimentos y las aguas de recreo, sobre todo piscinas y lagos, haciendo hincapié en la legislación vigente y en las medidas preventivas correspondientes. Asimismo, este año se ha confeccionado un informe sobre la situación de nuestras playas, que recoge los datos obtenidos en los análisis del verano pasado. Se ha incrementado el número de análisis de playas respecto a 1979.

P. Se habla mucho de los grandes problemas de la medicina hospitalaria de la masificación en el tratamiento a los enfermos, que da lugar, en países como Portugal, a infecciones hospitalarias que provocan la muerte de niños. La medicina hospitalaria, en general, provoca una pérdida de esa relación médico-enfermo tan necesitada por los pacientes y tan reconocida por las corrientes de medicina psicosomática que consideran esencial el diálogo del médico con el enfermo en toda acción terapéutica. ¿Cómo ve usted el tema?

R. Éste es uno de los temas básicos planteados en nuestra reforma sanitaria. Como decía el doctor Segovia, los españoles hemos pasado de tener médico de cabecera a tener hospital de cabecera, poniendo de manifiesto así el descuido de la asistencia primaria o asistencia de primer nivel, que en nuestra reforma sanitaria tanta importancia se ha dado. Queremos restablecer esa relación basada en el conocimiento y la confianza entre el médico y el enfermo, potenciando la figura de¡ médico de familia que viene a ser el auténtico médico de cabecera, pero con los conocimientos más actuales de los avances médicos y con un criterio profesional y profundo respecto a la medicina preventiva. Si este nivel primero funciona como esperamos, será un hecho tan espectacular como efectivo la desmasificación de nuestros hospitales, que quedarían exclusivamente dedicados a la asistencia médica del tercer nivel, en la que ya se exigen los más sofisticados avances de la medicina actual. Entre el primero y el tercer nivel existirá un segundo nivel compuesto por centros de salud, hospitales comarcales y subcomarcales, en los que existirá la asistencia sanitaria especializada que requiera el paciente, una vez traspasado el área del médico de familia.

P. También se habla ahora mucho de la atención psiquiátrica a los españoles. Los manicomios -llámeseles como se les llame- más bien son centros de reclusión y enloquecimiento que de curación real. ¿Va a plantearse, por fin, la Administración la atención a la salud mental de los españoles? ¿En qué forma podría llevarse a cabo?

R. Evidentemente, es preciso reformar los sistemas actuales de atención psiquiátrica. La mejora de la atención primaria de salud a través de la medicina de familia puede resolver gran parte de los problemas neuróticos, psicosomáticos o depresiones moderadas. La atención especializada en el segundo nivel, centros de salud, puede resolver con tratamiento ambulatorio la mayor parte de los problemas de asistencia psiquiátrica, incluidos muchos casos de psicosis, gracias a los actuales medios terapéuticos; en tercer lugar, en caso de que sea imprescindible la reclusión, las unidades de hospitalización psiquiátrica de enfermos agudos recluidos en hospitales y residencias sanitarias, constituyen la solución más moderna y eficaz para el tratamiento de este tipo de enfermos y su reinserción en la sociedad.

P. Algunos funcionarios del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social denunciaron en una reciente reunión con periodistas, en Mahón el hecho de que todo un ministerio no dispone, al parecer, de poder legal para retirar de la circulación productos alimentarios de comprobados efectos nocivos. ¿Tan impotente es el ejecutivo ante el poder judicial? ¿Es posible que un bote de un producto alimentario de reconocida peligrosidad no se retire de la circulación hasta que cientos de sentencias y contrasenten cias judiciales así lo dispongan, mientras la gente se sigue poniendo enferma o incluso se muere a causa del cítado producto? ¿Qué debe y qué puede hacer el Ministerio de Sanidad en materia alimentaria? ¿Por qué no ir más lejos? ¿Por qué no pensar en una política de orientación y formación alimentaria para los españoles?

R. El contenido del decreto sobre competencias del organismo sanitario en materia alimentaria, del año 1975, textualmente, dice: «Con independencia de las sanciones pecuniarias , la Dirección General de Salud Pública podrá proceder, con carácter inmediato, al decomiso y, en su caso, destrucción de los productos que infrinjan las disposiciones vigentes si supone un riesgo para la salud pública». Como complemento de esta disposición, los delegados territoriales del Ministerio de Sanidad si Se uridad Social, según prescribe el decreto que regula el régimen orgánico y funcional de las delegaciones, tienen potestad para proponer la clausura temporal o definitiva de cualquier establecimiento que suponga, por sus instalaciones o por los productos que venden, un riesgo sanitario. En otras palabras, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social tiene capacidad para retirar instantáneamente de la circulación cualquier producto que, a su juicio, signifique un riesgo para la salud.

En cuanto a la realización de una política de orientación y formación alimentaria, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social considera este tema como uno de los más importai.ltes dentro del campo de la educación sanitaria, educación que debe comenzar en los años de la primera escolaridad, por lo que, en colaboración con el Ministerio de Educación, se ha elaborado un proyecto para incluir Educación Sanitaria como materia obligatoria del currículo de Educación General Básica. En este programa, la educación, en materia de nutrición y alimentación, ocupa un lugar dastacado.

P. La Constitución española establece, en su artículo 41, un sistema de seguridad social para todos los ciudadanos. ¿Qué proyectos tiene el Gobierno para desarrollar este derecho? ¿Qué nivel de protección se va a otorgar a los españolitos? ¿Se establecerá un nivel mínimo general o con arreglo a las necesidades de cada uno?

R. En todos los sistemas de seguridad social pueden hallarse influencias o directrices de dos tipos.

Uno de ellos lo constituye el modelo Bismarck, seguro social clásico, que proteje exclusivamente a los trabajadores para mantener su nivel de vida en las circunstancias adversas. Se financia, como es sabido, mediante cotizaciones de trabajadores y empresas y sus prestaciones se calculan en función del salario que se trata de reemplazar. El otro tipo es conocido por modelo Beveridge, y su objetivo es establecer un nivel de vida mínimo para todos los ciudadanos. La financiación descansa sobre los presupuestos generales del Estado y sus prestaciones son de igual cuantía para todos.

Durante muchos años se había considerado a estos dos tipos de cobertura del riesgo como una alternativa. Sin embargo, últimamente, siguiendo las ideas del experto Dupeyroux, ambos sistemas pueden complementarse y tienden a superponerse. Así, ocurre que, en los países donde solamente se protege a los trabajadores -he ahí el objetivo de nuestra Constitución-, la tendencia es recurrir a la garantía de una prestación mínima para toda la población. A su vez, en los países que ya garantizan un mínimo a todo ciudadano, se tiende a establecer prestaciones complementarias proporcionales al salario dejado de percibir por los trabajadores. Vemos, por tanto, que la seguridad social moderna evoluciona hacia una posición que, por un lado, garantice un mínimo para el ciudadano y, por otro, un comp emento que alcance al salario, que constituye el nivel de vida.

En este sentido, presentaremos al Congreso una nueva ley de Seguridad Social que encierre esta filosofía moderna de proteger a toda la población ante el infortunio.

P. Hablemos de la Seguridad Social de España. ¿Qué se va a hacer contra la presunta corrupción?

R. El presupuesto de la Seguridad Social, de casi dos billones de pesetas, comparable tan sólo con los presupuestos generales del Estado, precisaba de una labor de control y clarificación que se ha abordado decididamente desde este ministerio. Como consecuencia de esa inspección, han pasado ya a disposición judicial más de doscientas personas físicas o jurídicas; se han desmontado redes de falsificación de recetas, como las de Baleares, Jaén y Madrid, y se han cursado unos cincuenta expedientes disciplinarios por mes en nuestros propios centros. Todo esto en colaboración con los colegios profesionales en defensa de una mayor dignificación profesional y persiguiendo el fraude o la indisciplína en favor de una gran mayoría de profesionales que están manteniendo una conducta ejemplar, ya que no se puede olvidar que son 216.000 los profesionales sanitarios que en estos momentos dependen de la Seguridad Social, y sólo una reducida minoría participa de estos fraudes.

P. Usted es el protagonista de la reforma sanitaria del Gobierno. Una de las quejas que más ha trascendido a la opinión pública respecto a la reforma sanitaria ha sido la de no haber sido consultados los profesionales sanitarios para su elaboración...

R. Bueno. Creo que con este tema ha habido, sobre todo, un gran malentendido. En primer lugar, lo que se ha elaborado han sido unas líneas generales, una filosofía básica sobre la que ponernos previamente de acuerdo en el Congreso, y poder después construir sobre ella. En el Congreso fue donde se nos pidió la opinión sobre el tipo de reforma que tenla el Gobierno, y cumpliendo los plazos que propusimos, se presentó en el Congreso el documento de reforma que al mismo tiempo se envió a los presidentes de los consejos generales de médicos, farmacéuticos, veterinarios, ATS y odontólogos; a los consejeros de Sanidad de los entes autonómicos y preautonómicos; a los decanos de las facultades de Medicina, Farmacia y Veterinaria, y a los representantes de organizaciones empresariales y sindicales del Consejo General del Insalud. A todos ellos se les pedía su colaboración y sus ideas, para que las mandasen al Congreso, y allí pudiera establecerse un amplio debate que trascendiera a la opinión pública, a la que también hicimos llegar las líneas generales a través de los medios de comunicación. El documento, por tanto, no era una ley y no puede hablarse de falta de participación. Creo sinceramente que nuestro proyecto de reforma sanitaria sugirió, en su tramitación parlamentaria, un abanico participativo inédito hasta ahora si lo comparamos con cualquier otro proyecto reformista.

P. Pero en el Parlamento se dice que el Gobierno no se afanaba en urgir los trámites de la reforma, para ir, decreto a decreto, prejuzgando su contenido.

R. No sé qué sentido o qué sustento razonable tiene esta crítica fuera del hostigamiento metódico o fuera de una lógica oposición parlamentaria. Yo creo que es imposible prejuzgar la reforma mediante una legislación por decreto, previa a la ley de Sanidad. Primero, porque si la futura ley contradice a los decretos, éstos quedan automáticamente derogados. Pero, de todos modos, en los meses que restan para la aprobación de la ley, no sería posible elaborar tal cúmulo de normas nuevas que dificultasen o condicionasen la aplicación de la ley de Sanidad. Otra cosa es que determinadas materias que no son propias de la ley y que responden a principios sanitarios ya aprobados por el Parlamento salgan adelante mediante decreto.

P. Acaba usted de realizar una reestructuración inesperada en su departamento. ¿Por qué?

R. Hay razones operativas, pura y simplemente. Razones de eficacia, al iniciarse una nueva etapa ejecutiva en la ordenación sanitaria, porque lo que ahora mismo tenemos entre manos no es otra cosa sino llevar adelante las previsiones