El Parlamento no puede discriminar
Cuesta trabajo creer que la reincorporación de media docena de oficiales de la desaparecida UMD a sus destinos pueda suscitar en las Fuerzas Armadas algo más que una tormenta de verano. Si las fuerzas parlamentarias, especialmente el partido del Gobierno, defienden con firmeza la insoslayable soberanía del Parlamento, el episodio quedará como otro vano intento de sectoresmilitares que han sabido reavivar un clima de animosidad frente a los «umedos» e incitar a la cúpula militar para que presionara al Gobierno.La política está hecha de paradojas. Sorprende que desde determinados sectores militares se hostigue y se quiera discriminar a unos oficiales que no cometieron más «delito» que abogar por la democratización del país y de sus instituciones. Es difícilmente comprensible que quienes asumieron gallardamente riesgos por la implantación de la democracia se encuentren con que ese pasado, lejos de ser objeto de reconocimiento, se les quiere convertir en un estigma, en una marca de bastardía, en una permanente excomunión de las filas de las Fuerzas Armadas.
Quienes han vivido el franquismo recordarán, con amarga memoria, que sobre todo en sus primeros tiempos no admitía tibiezas. Espafía toda quedó dividida en dos clases de gentes: los «adictos» y los «desafectos». Quienes no estaban con el régimen eran considerados enemigos del régimen. Y las consecuencias para los «desafectos» eran muchas y muy dramáticas. En la posguerra -y aquí la psoguerra, para algunos, ha durado hasta entrados los años setenta-, ser «adicto al régimen», haberse «adherido al glorioso Movimiento Nacional» era un salvoconducto seguro, un certificado de garantía que abría puertas y allanaba dificultades. En ocasiones incluso fue atenuante y hasta eximente para quienes tenían que habérselas con la justicia por delitos comunes. El franquismo ayudaba y protegía a quienes le habían ayudado. En eso funcionaba una lógica política bien simple. La dialéctica de la de:mocracia, afortunadamente, es bien distinta.
Si evoco estos fenómenos del anterior régimen no es por un malsano afán de remover viejas aguas, sino para ofrecer elementos de reflexión derivados del contraste histórico, en momentos en que: precisamente desde posiciones nostálgicas del franquismo se ha impulsado un movimiento deresistencia desarrollado en algunos sectores de las Fuerzas Armadas oponiéndose a la reintegración en sus filas de los dignísimos oficiales de la desaparecida UMD. Sería un cruel contrasentido que quienes han arriesgado sus carreras profesionales por la democracia, llegada ésta, recibieran un trato tan vejatorio e injusto.
Hora era ya de que el Parlamento se dispusiera a subsanar la discriminación cometida con estos oficiales y los de la República por la Ley de Amnistía que las nuevas Cortes democráticas aprobaron en octubre de 1977, ley, como es sabido, alumbrada bajo fuertes presiones militares cuando todavía no se había elorado la Constitución. Esa discrimina.ción ensombreció una medida por lo demás indisciatiblemente amplia y generosa.
La proposición de ley para subsanar aquella limitación, respaldada por todas las fuerzas parlamentarias excepto la encabezada por el señor Fraga, ha originado una sorda resistencia en algunos ambientes militares, reacción que se ha pretendido arropar,y jalear con consultas. en los cuarteles, previa y perfectamente intencionadas. Esta resistencia va referida no tanto a los viejos militares republicanos que también se beneficiarían de la medida, como a los oficiales de la extinguida UMD.
La noticia aparecida en algunos períódicos señalando que el partido del Gobierno estaría dispuesto, ante esas presiones militares, a dar marcha atrás en el Parlamento, ha llenado a los demócratas de estupor. Pero, según parece, es un rumor sin fundamento alguno. Joaquín Satrústegui, veterano demócrata liberal, hoy diputado de UCD, que viene desvelándose por este tema desde el año 1977, me ha comentado: «Aquí no caben maniobras. Vigente la Constitución, el Parlamento no puede discriminar».
El Gobierno ha sabido mostrar en otros trances delicados su firmeza ante sectores militares que no supieron comprender en su momento la justicia y conveniencia de determinadas decisiones políticas. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma sindical en el mes de septiembre de 1976, que provocó la dimisión del vicepresidente primero del Gobierno, que entonces lo era el teniente general Femando de Santiago. A mayores tensiones hizo frente el Gobierno meses después al legalizar el partido comunista en abril de 1977, lo que ocasionó la dimisión del entonces ministro de Marina, almirante Pita da Veiga. Nada autoriza a pensar que UCD, una vez en marcha la iniciativa parlamentaria para remover legalmente los obstáculos que impidieron que a los oficiales de la UMD se les aplicara con plenitud de efectos la amnistía de 1977, vaya a dar marcha atrás y cometer una incoherencia que debilitaría seriamente al Parlamento.
