Asignaturas pendientes

LA PROMULGACION del Reglamento para aplicar la ley de. Cuota de Pantalla, aprobada hace unos meses por las Cortes Generales, ha disparado una vigorosa contraofensiva de los distribuidores de cine extranjero, a consecuencia de la cual, y por el intermedio de un complicado conflicto acerca de los precios de cesión de los Filmes a los cines más modestos y la tasa de doblaje, ha surgido el peligro de que lleguen a cerrar tres mil salas de barrio o rurales.La política del Ministerio de Cultura en este terreno ha sido hasta el momento merecedora de elogio, y su oferta para solucionar el litigio de la tasa de doblaje, en tanto el Congreso no apruebe la ley de salas, mediante una disposición de vigencia transitoria, parece razonable. Porque una cosa sería la estupidez paleta de cerrar las fronteras a la producción de Estados Unidos y de los países europeos que se hallan a la cabeza del cine mundial por su calidad artística y técnica, y otra, muy distinta, permitir que la industria nacional sea anegada por basura internacional enlatada, exportada en condiciones de dumping, y resulte asfixiada por la ausencia de esa protección que la mayoría de las naciones occidentales prestan a su propio cine. Una película es, ciertamente, un producto industrial y una mercancía, pero también puede ser, si alcanza el nivel de calidad mínimo de una manifestación artística, un bien cultural que expresa y transmite, dentro y fuera de las fronteras de cada país, los valores y la idiosincrasia de la comunidad que la ha creado.

Por lo demás, la cuota de pantalla, sin la cual el cine español estaría condenado a muerte, sólo es una de las precondiciones para que nuestra industria logre recuperarse de sus graves dolencias. La famosa ayuda de 1.300 millones de pesetas de Televisión para la realización de diecisiete proyectos, asignada formalmente el pasado mes de diciembre, no termina de ponerse en marcha. El cine de calidad, que ha obtenido abundantes premios en festivales internacionales y que ha abierto los mercados exteriores para nuestra cinematografía, ha decrecido alarmantemente en los dos últimos años, pese a que merece esa especial atención que todas las manifestaciones culturales tienen derecho a exigir. El pago de deudas estatales atrasadas, el perfeccionamiento del control de taquillas, la ordenación del mercado interior y la actualización de la normativa del crédito oficial constituyen, finalmente, otras tantas asignaturas pendientes, que la Administración pública debe aprobar para que nadie la acuse de sepulturera del cine español.