El ministro de Sanidad visita la residencia de la Seguridad Social de Vigo

A pesar de que no lo tenía previsto en su agenda de viaje, el ministro de Sanidad y Seguridad Social, Juan Rovira Tarazona, hubo de acceder a visitar la residencia sanitaria Almirante Vierna, de Vigo, ante la insistencia de la junta facultativa del centro y del comité de empresa. Como informó ayer EL PAIS, en principio estaba prevista una reunión con la junta y el comité en la propia residencia, pero el lunes se modificó el plan, y el ministro comunicó que tal reunión se celebraría en el despacho del gobernador civil de Pontevedra, en Vigo.El resultado de la visita al centro hospitalario, según han manifestado miembros del comité de empresa, tuvo el efecto esperado. El ministro confesó que no se había imaginado lo grave de la situación por los informes recibidos. Al parecer, lo que más impresionó a Rovira Tarazona fueron las unidades de hemodiálisis, que no pueden funcionar a pleno rendimiento por falta de personal; el área de hospitalización de puericultura, especialmente el hacinamiento de prematuros por falta de espacio; el área de urgencias, un verdadero caos, y secciones de mantenimiento como la lavandería, que no da abasto.

Durante el recorrido por la residencia, que duró aproximadamente una hora, el ministro estuvo acompañado por miembros de la junta facultativa y representantes del comité de empresa. Juan Rovira no hizo ninguna declaración sobre posibles decisiones inmediatas y solamente informó de la disponi bilidad de doscientos millones de pesetas para atender necesidades urgentes, aunque sin concretar su aplicación.

En su visita a Vigo, el ministro informó sobre las previsiones de su departamento para la provincia, aunque causó cierta sorpresa el que propusiese a la junta facultativa de la residencia de la Seguridad Social que estudie la posibilidad de que la tercera residencia sanitaria para la provincia quede en un centro materno-infantil. El ministro, al ser informado sobre Ias distintas concepciones de las necesidades asistenciales en la provincia, entre las que figura la aspiración a un materno-infantil, antinció su decisión de paralizar el proyecto de construcción de la nueva residencia, dotado ya con un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, hasta que la junta facultativa someta a los técnicos del ministerio su conclusión sobre el carácter del nuevo centro.

Esta decisión ha sido interpretada en algunos medios relacionados con la sanidad pública como un intento de desviar las presiones a que se vienen ejerciendo sobre el ministerio, poniendo en manos de la junta facultativa la espoleta de un nuevo retraso en abordar este urgente problema.