Naturaleza y política

EL NUMERO de especies de la fauna y de la flora españolas, así como la diversidad de nuestro paisaje está considerado como el más rico y abundante de Europa occidental. Pero el grado de conservación de nuestro patrimonio ecológico no obedece a una política de la Administración española, sino al hecho fortuito de que la especulación y la explotación irracional de los recursos naturales no ha invadido todavía todo nuestro territorio.Desde hace cuarenta años, la naturaleza española está sufriendo, sin embargo, un proceso de deterioro alarmante. Los bosques autóctonos de encinas, robles, castaños, hayas y otras especies han sido reducidos a la mitad, mientras que cientos de miles de hectáreas de monte están siendo aterrazadas, en una costosa labor de rentabilidad dudosa, y repobladas con pinos y eucaliptos, especies de crecimiento rápido, introducidas para abastecer a las industrias papeleras.

Las zonas húmedas, marismas, lagunas y estuarios sufrieron también, a partir de 1939, una política de desecación que intentó convertir a cualquier coste las zonas pantanosas en tierras de labor. Esta obsesión por ir arrebatando hectáreas a unos ecosistemas privilegiados desde el punto de vista de la vida animal contrasta con el sacrificio de las mejores tierras de cultivo en aras de una expansión de las ciudades, autopistas, industrias o embalses, que en numerosas ocasiones hubieran encontrado emplazamientos menos destructores para nuestra riqueza agrícola.

También la fauna española fue díezmada en aras de una pretendida protección de los anímales de caza. Las campañas oficiales de «exterminio de los animales dañinos» mataron cientos de miles de aves de presa y demás carnívoros, hoy protegidos por la ley. La costumbre de colocar cebos envenenados sigue practicándose e incluso en ocasiones es oficialmente autorizada, pese a que varias especies de aves están en peligro de extinción a causa de los venenos.

Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) fue creada en 1974, cuando el Gobierno español, poco antes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, decidió crear un departamento para la conservación de la Naturaleza. Esta misión fue encomendada al cuerpo de Ingenieros de Montes, que hasta entonces se había responsabilizado del Patrimonio Forestal del Estado, encargado de las repoblaciones, y del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, responsable de las campañas de exterminio de alimañas. Era lógico que los ingenieros de Montes siguieran dando prioridad a la explotación de la naturaleza antes que a su conservación, dado que tal había sido su trabajo hasta entonces. El cambio en la política del Icona que está intentando introducir su áctual director general, nombrado hace dos años, choca contra un cuerpo acostumbrado durante cuarenta años a otras misiones.

Además de estas contradicciones, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza está encuadrado en el Ministerio de Agricultura, encargado de modificar y explotar los recursos naturales a través de otros de sus departamentos. Esta instalación administrativa ha motivado situaciones tan curiosas como la del Parque Nacional de Doñana, donde el Icona debe proteger las marismas y el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), también del Ministerio de Agricultura, debe desecarlas. Estas relaciones de familia administrativa explican por qué el actual conservador de Doñana, ingeniero de Montes del Icona, ha apoyado en ocasiones la labor del IRYDA en contra de los intereses del parque nacional. Los males de la naturaleza española no acaban, sin embargo, en el Icona. Cada ministerio tiene algo que ver con la conservación de los recursos naturales o el medio ambiente. Obras Públicas y Urbanismo ha de dar cuentas del agua por el mero hecho de ser quien construye los pantanos. El Ministerio de Industria y Energía se responsabiliza de la contaminacíón atmosférica o radiactiva, y el Ministerio de Transportes, de la extinción de las ballenas. Sin embargo, la CIMA (Comisión Interministerial del Medio Ambiente), ente meramente consultivo, es olímpicamente ignorado por los distintos ministerios a la hora de llevar a cabo sus actuaciones.

Una auténtica política proteccionista debería, pues, pasar por una unidad de gestión, llevada a cabo por un organismo independiente de los ministerios dedicados a la explotación de la naturaleza.

Pero no sólo la Administración pública es responsable de los desmanes y saqueos de nuestras riquezas naturales. Los incendios forestales causados por la indolencia o la abulia de los usuarios de los campings o de los excursionistas domingueros (para no hablar de los fuegos provocados por otras razones), el deterioro de las aguas de los mares y de los ríos por las industrias contaminantes y las grandes concentraciones de veraneantes, la transformación en basureros públicos de las síerras o las riberas de los lagos por la desconsideración de los ciudadanos o la caza de exterminio cuando se levanta la veda son otros tantos ejemplos de delitos ecológicos. Sería deseable que tanto la Administración pública como la sotiedad ibspañola tomaran conciencia de que estamos todavía a tiempo de impedir que nuestro patrimonio natural desaparezca entre el asfalto de las urbanizaciones, los desperdicios de los excursionistas, la codicia de las industrias contaminantes y la insensibilidad ante el entorno ecológico.