¿Ha cambiado la política agraria?

En estos días se cumple el primer aniversario del debate que sobre política agraria se realizó en el Congreso de los Diputados, y su celebración ha ido acompañada de dos interpelaciones sobre la negociación de precios agrarios, suscritas, por los grupos Socialista del Congreso y Coalición Democrática.Es posible que un año sea espacio de tiempo insuficiente para comprender la incidencia de todos los propósitos manifestados en el referido debate, sobre todo en aquellos aspectos que carecían de una fecha de cumplimiento. Pero hay otros aspectos sobre los que sí se puede hacer balance, y en esta perspectiva había que referirse a si han cambiado las formas, las pautas, las directrices de la política agraria.

A mi juicio, se ha producido un fuerte retroceso respecto de las cotas alcanzadas por el protagonismo de los agricultores, y comparto aquel titular de este mismo diario cuando no hace muchas fechas se refería al «mazazo al movimiento campesino».

¿Cuál era el punto de partida? Durante 1978 y 1979, las organizaciones profesionales o sindicales agrarias negociaron de forma global los precios de los productos agrarios regulados y una serie de medidas complementarias dirigidas a introducir importantes modificaciones en las estructuras comerciales o productivas. Esta negociación, globalizada, es considerada como positiva por el propio Ministerio de Agricultura, y su razón de ser obedece al cambio que en el escenario político se había producido en junio de 1977. En palabras del actual ministro, «vamos hacia una política agraria construida en un sistema democrático y, por ello, participativo que debe corresponderse con unas coordenadas esencialmente distintas».

Sin embargo, la segunda quincena del mes de febrero sería decisiva para quebrar esos buenos propósitos, para olvidarse en el camino del programa electoral que Unión de Centro Democrático ofreció en las elecciones generales de marzo de 1979, que prometía negociar con las organizaciones agrarias la fijación de unos precios remuneradores para los agricultores.

¿Y qué se esconde tras ese golpe de timón? El miedo. Hay en las altas instancias del Gobierno quienes tienen un acusado sentido electoral de la política agraria. La negociación de precios generó en el sector agrario una dinámica consistente en la vertebración sindical en torno a las organizaciones no oficialistas que ponía en peligro la tradicional dominación y sumisión del sector. Para romper esa dinámica fue necesario inventar excusas, tales como lo que sucede en la CEE, la falta de un clima de diálogo y serenidad, la no diferenciación semántica entre negociación y consulta, etcétera. Pero la realidad iba por otros caminos, que queda expresada en una frase del vicepresidente para Asuntos Económicos, que acusaba a la izquierda de meterse en segmentos en los que no tenía nada que hacer. Frase que, como tuve ocasión de decir en el Congreso, nos recuerdaaquella otra de «la calle es mía».

Y ahí está, a mi juicio, el «quid de la cuestión». Había que romper el movimiento campesino. Donde se decía negociación, ahora se decía consulta. Si antes se citaba a las cinco organizaciones agrarias de ámbito estatal, ahora se omitía la citación a la COAG, organización con fuerte implantación. Si antes se negociaba globalmente, ahora se «consultaba» producto a producto. El fin era el mismo. Después de un año como 1979, agrícolamente malo, por más que por ocultarlo se hiciesen juegos de magia como olvidarse de la comparación de 1978, Vas organizaciones habían acumulado un potencial reivindicativo que podrían hacer más exigentes sus pretensiones para 1980. La única forma de diluir esas exigencias era no concentrar en los meses de febrero-marzo la reivindicación campesina, y para ello se consultaría producto a producto, lo que permitía espaciar a lo largo del año la presión de los agricultores.

Conforme al sistema buscado, se trababa asimismo de potenciar las organizaciones sectoriales que tanto peso tuvieron en épocas no muy lejanas. Hoy serían los remolacheros; mañana, los olivareros; pasado, los cerealistas, y así hasta acabar la lista. De esta forma se responde a las pretensiones sectoriales en función de su peso electoral.

Pero lo sucedido en el campo de la negociación de precios no es el único motivo para pensar que nada ha cambiado. Todavía sigue pendiente que se articule la presencia de las organizaciones agrarias en organismos de primera importancia, como el FORPPA o el IRYDA, y ello en un plano de igualdad con el tratamiento que se da a las cámaras agrarias.

El balance es negativo. En el campo se tiene la sensación de que no todos los sectores económicos son tratados igual. El campo comprende que el marco económico, social e internacional a que se refería el ministro de Agricultura en junio de 1979 ha cambiado, se ha agravado, y que debe compartir su parte en esta crisis. Pero el campo, el sector agrario, no ve por ningún lado que el escenario político, las formas de hacer la política agraria, hayan cambiado.

Por ello, contestando al encabezamiento de este artículo, hay que afirmar que el Gobierno se ha olvidado de «las circunstancias cualificadamente nuevas de carácter político» necesarias para realizar una política de cambio para la agricultura, y como colofón de este primer aniversario, dentro de no muchos días asistiremos a la constitución de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (Conca, SA), versión 1980, de la que creíamos extinguida Hermandad de Labradores y Ganaderos. Con el tiempo comprobaremos que será ésta quien se siente en el FORPPA o en el IRYDA, con lo que se habrá completado el círculo.

Si fuera posible, desde el Ministerio de Agricultura se ordenaría retirar de los quioscos la publicación que lleva por título Debate sobre una política de cambio para la agricultura en el Congreso de los Diputados, que el ministerio editó.