La policía investigó a magistrados de Justicia Democrática y a miembros del Parlamento

Un magistrado del Tribunal Constitucional (Jerónimo Arozamena), otro del Tribunal Supremo (Carlos de la Vega), tres jueces (Clemente Auger, Antonio Carretero y Francisco Huet) y otros tantos fiscales de la Audiencia de Madrid (Jesús Vicente Chamorro, Juan José Martínez Zato y José Antonio Martín Pallín), así como un grupo de parlamentarios de la actual legislatura, han sido investigados por la Comisaría General de Información, según publicó ayer Diario 16 como continuación de un primer informe difundido el pasado lunes. Todos los magistrados, a excepción de Arozamena, tienen en común su vinculación con Justicia Democrática. EL PAIS había informado con anterioridad sobre esta investigación, que fue negada por fuentes oficiales.

El asunto que explicaría la citada investigación fue, según consta en los propios documentos filtrados del Ministerio de Interior, los recientes exámenes de la Escuela Superior de Policía, sobre los que hubo presuntas irregularidades. El objetivo de la investigación sería, pues, obtener datos de quienes pudieran anular las oposiciones de ingreso en dicha escuela: «De acuerdo con lo interesado por esa secretaría», señala el documento, «se ha procedido a realizar un informe exhaustivo sobre los exámenes celebrados..., que se adjunta, así como sendos informes sobre magistrados y parlamentarios que podrían anular o impugnar la oposición. En los medios judiciales», continúa, «los comentarios recogidos sobre la oposición no han pasado de ser intrascendentes, y las noticias de que impugnarían la oposición no han sido confirmadas, a no ser que al salir las notas del último ejercicio fueran visitados por opositores azuzados por algún partido político».El ministro del Interior, Juan José Rosón, ordenó ayer mismo al subsecretario del departamento, Julio Camuñas, la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados por Diario 16, por si pudieran ser constitutivos de delito. Fuentes de la Dirección de Seguridad del Estado, por su parte, señalaron a Europa Press que, en torno al hecho, se ha producido, por un lado, «una evasión de documentos oficiales», y, por otro, «una burdísima falsificación de supuestos escritos de la Comisaría de Información».

Siguiendo con la versión de la Dirección de Seguridad, los documentos que investigaban la vida privada, profesional y política de casi cincuenta parlamentarios (véase EL PAIS de ayer) sí son auténticos, y fueron filtrados en su día por personas desconocidas. Sin embargo, las citadas fuentes niegan veracidad a los publicados ayer por Diario 16 sobre magistrados y diputados: «Son totalmente falsos», afirmaron. «Y esto se demuestra porque carecen del número de inscripción en el libro de registros». Para la Dirección de Seguridad, los hechos que han permitido la difusión de este tipo de documentos «constituyen una maniobra para desprestigiar a la policía en general; y, en concreto, a la Comisaría General de Información».

Por otra parte, «fuentes policiales seguras» informaban ayer a la agencia Efe que «el sistema de información sobre parlamentarios u otros hombres políticos es práctica habitual en los servicios informativos policiales de los países europeos. Es lógico», continúan las fuentes, «que la policía y el Gobierno dispongan de una documentación informativa sobre cualquier clase de personalidades investidas de especial responsabilidad pública, siquiera sea a nivel de datos filiatorios y curriculum vitae».

En los citados medios policiales se recogía ayer una gran indignación tras la publicación del serial de Diario 16, «ya no tanto por revelar la existencia de tales informaciones ni por airear su contenido», comentaron, «sino porque se demuestra que existe dentro de la corporación policial algún funcionarlo desleal que ha filtrado, vulnerando las más elementales normas de ética profesional, una documentación oficial y confidencial. Ello se ha hecho», finalizan, «con oscuros fines, que se presumen coloreados políticamente y quién sabe si económicamente ».

Nada más producirse estas declaraciones, la oficina de prensa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) difundió un comunicado oficial en el que calificaba de «aberrantes» las alegaciones de que «el sistema de información sobre parlamentarios u otros hombres públicos es práctica habitual en los servicios informativos policiales de los distintos países europeos. Con esta afirmación», dicen los socialistas, «el Ministerio del Interior pretende escudar su actuación acerca de las investigaciones llevadas a cabo por Conesa y Martín Villa sobre la vida privada de casi cincuenta parlamentarios. Estas investigaciones violan el texto constitucional en su artículo 18.1, que protege la intimidad de las personas».

Finalmente, el PSOE se reserva las acciones parlamentarias y legales pertinentes ante «este claro atropello de los derechos individuales realizados por el Ministerio del Interior».

Los parlamentarios de la presente legislatura que también han sido investigados son: Antonio Faura Sanmartín, secretario del grupo parlamentario centrista del Congreso; Andrés Limón Jiménez (socialista de Cata luña), José Solé Barberá y José Vidal y Riembau (comunistas) y Jaime Tejada Lorenzo, de Coalición Democrática. Y los senadores José Rodríguez Reza (UCD), Celso Montero Rodríguez (PSOE) y Rafael Nadal Company, del grupo Cataluña, Democracia y Socialismo.