El ministro del Interior se equivoca

Parece inconcebible que una persona que ha acreditado una indudable destreza y hasta inteligencia política al frente del Gobierno Civil de Madrid durante los años de la transición reformista pueda sostener, en materia de su competencia, opiniones tan contrarias a la realidad y con tan poca credibilidad entre los ciudadanos como las que emitió sobre el terrorismo fascista el ministro del Interior en el Pleno del Congreso del 8 de mayo. Junto con otras afirmaciones, el núcleo más destacado de su intervención consistió en defender la tesis de que este tipo de terrorismo no responde a un plan premeditado ni tampoco tiene el respaldo ni la cobertura de las organizaciones normalmente conocidas como de extrema derecha.Realmente no merecería la pena esforzarse en impugnar el contenido de esta comparecencia gubernamental en el Parlamento si no fuera porque procede de quien, con la máxima autoridad, tiene que establecer el plan de investigación, prevención y persecución de este terrorismo y de cualquier otro. Y, sin embargo, el que el ministro del Interior enarbole estas diferencias tan subjetivas entre el terrorismo de uno y otro signo o color conduce a que se eleve a categoría general la anécdota que hace pocas semanas ocurrió en una apacible capital castellana, en la que el gobernador civil consideró innecesario acceder a la petición que le formuló el secretario de un partido político democrático para que se investigara el origen de las pintadas que, amenazando a personas e instituciones, habían aparecido súbitamente por todos los muros de la villa pocos días antes de un mitin de Blas Piñar. Según el señor gobernador, los extremistas de derechas signatarios de las afemanzas eran inofensivos conciudadanos que no merecían la puesta en marcha de las medidas que habría que haber adoptado si los mensajes hubieran estado suscritos por los GRAPO.

No hace falta desvelar el estado actual de las investigaciones policiales y judiciales en relación con el terrorismo ultra para percibir que el perfecto adiestramiento en la más eficaz utilización de toda clase de armas y explosivos (Goma 2, metralletas, pistolas, puñales, etcétera) que tienen los miembros jóvenes y menos jóvenes de organizaciones como Fuerza Nueva, Frente de la Juventud y Falange Española no lo adquieren disparando en los pasillos de su casa. Es público y notorio el entrenamiento militar y paramilitar que estos individuos reciben en el seno de las organizaciones legales en las que militan y que, al no tener muchos de ellos licencia de armas, se realiza en campos y fincas preparados con esta finalidad y que en ocasiones han sido denunciados cuando se los localiza. Sin olvidarse de que el polígono que la Federación de Tiro Olímpico tiene en Cantoblanco y el que tiene el Casino Militar en Carabanchel son algunos de los centros de prácticas de tiro, incluso para los que carecen de licencia de armas.

Pero no basta sólo el entrenamiento físico o material. Para llegar a los «estados emocionales y de apasionamiento político» que tan habitualmente impulsan a estos militantes a apretar el gatillo con fría puntería o a practicar el matonismo en grupo es necesario además el adoctrinamiento político y «moral» en la violencia, el revanchismo, la subversión anticonstitucional y el odio civil, que es a todas luces la formación que se les inculca en plena inmadurez intelectual (la mayoría de estos jóvenes son reclutados formalmente para la militancia, ilegalmente, antes de su mayoría de edad) por sus propios partidos, que, en consonancia con sus actividades, tienen una organización y funcionamiento contrarios a los principios democráticos. Precisamente hace días oía escalofriado la declaración judicial de un joven de Fuerza Nueva que explicaba con todo lujo de detalles cómo había disparado asesinamente sobre la víctima previamente escogida por orden de su jefe político inmediato, al que, como al resto de sus otros jefes, se le había designado por arriba

Como todavía cabe la esperanza (¿ingenua?) de que el fiscal general del Estado dé instrucciones para aplicar contra estas asociaciones legales el artículo 5º de la ley de Partidos Políticos de 1978 con el mismo celo con que persigue a periodistas y a creadores culturales en materia de libertad de expresión, voy a enumerar algunos otros datos objetivos nada irrelevantes en orden a discernir si el terrorismo ultra obedece a una planificación superior y organizada y que he podido ir conociendo por mi intervención profesional en una gran parte de las actuaciones judiciales contra los autores presuntos de esta delincuencia.

1. La mayoría de estos sujetos militan en grupos de extrema derecha y el resto son colaboradores de los mismos.

2. Actúan siempre bajo las mismas siglas (Batallón Vasco Español, Triple A, etcétera), que no responden a una organización real, pero que son la cortina de humo de otras estructuras legales bien conocidas.

3. Los partidos ultraderechistas tienen un servicio de seguridad armado del que carecen otros partidos. Y un servicio de información bastante organizado que les permite tener un archivo con la identidad y circunstancias de entidades y personas de ideología democrática. En este sentido hay razones para sospechar que la elección de la muerte de Arturo Pajuelo, entre otras, no fue escogida anónimamente, sino que era una persona perfectamente conocida por sus agresores.

4. Las armas que se utilizan en estas acciones son entregadas en los círculos políticos en que se mueven y algunas han pertenecido a las dotaciones reglamentarlas de los cuerpos armados, de seguridad o de información del Estado.

5. Recientemente han aparecido también en las investigaciones locales francos, una importante fábrica de armas clandestina, aparatos electrónicos sofisticados y de elevado precio y archivos almacenados en cintas magnetofónicas con grabaciones a las que no se les ha dado la importancia suficiente ni se las ha analizado, aunque algunas de ellas contienen datos de grave trascendencia, como el reconocimiento de que se extraen ilegalmente de organismos públicos fichas con antecedentes personales Y policiales o como que se controlan por militantes especializados de estos partidos los sistemas radiofónicos y de telecomunicaciones de la policía y de los coches de los miembros del Gobierno.

¿Se puede organizar y financiar todo este aparato logístico de forma individual y no premeditada por jóvenes de dieciséis a veinte años?

Sería posible extenderse con muchos más elementos probados sobre el carácter organizado del terrorismo ultra y sobre la naturaleza de sus conexiones políticas, pero el señor Rosón debe conocerlos ya mejor que nadie. No en vano ordenó hace pocos meses a uno de sus más importantes funcionarios de la policía que se realizaran sendos registros en las sedes de Fuerza Nueva y de Fuerza Nueva del Trabajo, aunque al final se frustraran por impedirlo el juez competente.

Hay que presumir que el señor ministro del Interior se equivocó en su primera comparecencia en un Pleno del Congreso de los Diputados. Porque nadie le puede negar conocimiento o información en la materia.