Protesta por la subida de precios en los colegios

Asociaciones de padres de alumnos y sindicatos de profesores rechazan y critican la reciente decisión del Ministerio de Educación de autorizar un incremento del 12.5% en las cuotas de EGB que pagan los padres en los colegios privados subvencionados y de dejar en libertad los precios en los niveles no obligatorios (preescolar, BUP y FP-2). La medida ha sido duramente criticada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, cuyo presidente, Alberto Petit, ha declarado a la agencia Efe que «como principio, no se puede admitir que habiendo libertad de elección de centro escolar, repercutan sobre las familias que llevan a sus hijos a centros no estatales los incrementos en el precio del puesto escolar».En la consideración del problema, el señor Petit distinguió la subida en EGB en centros subvencionados en situación difícil, en los que transitoriamente, en tanto se promulga la ley de Financiación, las familias participan y saben cómo se gasta el dinero, en ese caso, «deben enfrentarse en estricta justicia a los problemas del centro». Otro es el caso de la libertad de precios en los niveles no obligatorios, «tema mucho más grave e inadmisible para nosotros mientras los precios no sean resultado de un concierto con la asociación de padres, hasta que la gratuidad se extienda a los dieciséis años».

Por su parte, la Federación de Sindicados Independientes (FSIE) afirma que, por si fuera poco la presión fiscal que el Gobierno «ha arrojado ya sobre las espaldas de los contribuyentes», una nueva carga de los impuestos indirectos, como es la subida de los precios de los colegios, viene a desorientar a los padres de familia y a los profesionales de la ensenanza.

Considera esta federación que la medida supone un gravísimo perjuicio para amplios sectores de la sociedad y se pregunta si los padres han de renunciar a la cultura superior de sus hijos. FSIE denuncia, según Efe, la «agresión a la que se somete a los profesionales de la enseñanza con esta medida, ya que muchos colegios no tendrán más remedio que cerrar, y apela a la Administración del Estado para que arbitre ayudas a los niveles no obligatorios y se agilice la entrada en vigor de la ley de financiación para el próximo curso».

Los sindicatos quieren participar

La federación sindical de CC OO asegura, por su parte, que la subida de los colegios es una decisión de la patronal que la Administración ha autorizado y en la que no han tomado parte los sindicatos, por lo que la responsabilidad es sólo de las autoridades económicas. Denuncia la incapacidad del Ministerio de Educación para sacar adelante una ley de financiación para la enseñanza obligatoria acorde con las necesidades escolares de la mayoría de los ciudadanos que no discrimine a los menos pudientes económicamente.