La congelación del plan de inversiones de Telefónica estrangula al sector

El 11 de diciembre pasado, Salvador Sánchez Terán, ministro de Transportes y Comunicaciones entonces, se compro metió en el Congreso -respondiendo a una moción socialista presentada por Luis Solana- a que el Gobierno, en el plazo de un mes, haría público el Plan Cuatrienal de Inversiones de Telefónica, y en el plazo de un año, publicaría un libro blanco sobre el futuro de la industria electrónica y de telecomunicación en España. Hoy, cinco meses después, el propio Sánchez Terán, titular ahora del Ministerio de Trabajo, empieza a sufrir las consecuencias del incumplimiento de su compromiso: Marconi, adelantada de Standard, ha sido la primera firma del sector en presentar regulación de empleo (1.300 trabajadores de la división de material telefónico).

Incomprensiblemente, no ha habido explicación oficial alguna, el llamado plan cuatrienal de inversiones de telefónica está congelado, y las empresas del sector, que da empleo a más de 150.000 trabajadores, están atravesando graves dificultades (la repercusión en Standard Eléctrica equivale a haber tenido las fábricas cerradas de dos a tres meses, o a una venta no realizada de 4.000 millones de pesetas), debido a que el 70% de la facturación de estas firmas depende de la Compañía Telefónica.

Con Franco, las "matildes" funcionaban mejor

En sus distintas alternativas, tras un primer plan «c» de mínimos, Telefónica elaboró dos planes «a» y «o» (plan óptimo), listos en el último trimestre de 1979, que suponían una inversión de más de 430.000 millones de pesetas para mejora y ampliación de servicios en los próximos cuatro años. Este es el famoso plan cuatrienal, en el que no se incluyen los 7.000 millones de pesetas estimados para mejorar la infraestructura con objeto de atender las necesidades derivadas de la celebración en España del Mundial de Fútbol en 1982, que debía haberse hecho público antes del 11 de enero.Las características de la producción de este sector exigen un período de seis meses a un año de preparación y programación de lo que se va a fabricar. De ahí que la no publicación del programa de inversiones de Telefónica haya sumido a las empresas del sector en estado de incertidumbre y progresivo deterioro. En algunos casos, como es el de Standard, han redactado sus presupuestos y planes de fabricación para 1980, apostando por la aprobación del plan óptimo -que muy bien ahora, por dificultades de financiación, podría ser desechado-, lo que, en estos momentos, les ha hecho acumular unos stocks cifrados entre 2.000 y 2.500 millones de pesetas, que les suponen -según fuentes de la empresa- casi quinientos millones de pesetas de financiación.

El mayor problema para llevar adelante el plan cuatrienal de inversiones se centra en su financiación. La capacidad de autofinanciación de Telefónica es muy baja en comparación con lo que sucede en otros países, donde en algunos casos llegan a autofinanciarse al ciento por ciento, y las tarifas en nuestro país -especialmente la cuota de abono- son extremadamente baratas. Durante el frariquismo, las famosas «matildes» (acciones de Telefónica) y el ordeno y mando a que estaban sometidas las cajas de ahorro resolvían en parte el problema; pero hoy las «matildes» están por los suelos y las cajas de ahorro no tragan como antaño.

El origen de los fondos para la puesta en práctica del plan cuatrienal se atribuía a ampliaciones de capital (unos 9.000 millones en 1980) que difícilmente van a llevarse ya a cabo; una emisión de obligaciones por 18.000 millones; unos denominados «bonos de usuario», que ni se han creado ni parece que lleguen a crearse; unos préstamos del extranjero de alrededor de 20.000 millones de pesetas; créditos de bienes de equipo en torno a los 15.000 millones de pesetas; y, finalmente, una utópica autofinanciación de 70.000 millones de pesetas, para lo que las tarifas telefónicas deberían haber subido desde el día 1 de enero pasado alrededor de un 25%.

De llevarse el plan cuatrienal de inversiones a la práctica ahora, habría que revisar todo el estudio sobre captación de fondos y, en cualquier caso, proceder a una drástica subida de tarifas.

Por otra parte, la situación para la propia Telefónica, al margen ya de las dificultades transferidas a la industria proveedora, es insostenible a medio plazo, ya que en los últimos meses ha venido financiando con capital a corto plazo inversiones a largo plazo, y eso ninguna empresa -ni aun contando con las peculiaridades de Telefónica- puede resistirlo. Unicamente el cuantioso patrimonio de Telefónica ha venido permitiendo este tipo de operaciones.

Empresarios, trabajadores, sindicatos y partidos de la oposición, culpan a la inhibición del Gobierno, pese a formar parte del Consejo de Administración de Telefónica, de la situación de este monopolio y de la de las empresas del sector. La impopularidad que tiene cualquier subida de las tarifas telefónicas en nuestro país, lo que, por otra parte, es explicable después de torpezas como la del denominado «paso doble» o el galimatías que siguen siendo los recibos, podría haber movido al Gobierno, cuya imagen pública se deterioró fuertemente en el primer trimestre, a retrasar el alza del incremento de tarifas.

El temor a las campañas promovidas por el controvertido García de Pablos y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) parece haber cohibido al Gobierno, según fuentes de la oposición El enfrentamiento entre consumidores y trabajadores, según el diputado socialista Luis Solana, se ha dado en todos los países desarrollados y aquí no hay razón para retrasarlo. El dilema es simple: «A menores tarifas, mayor paro», y esto tiene que saberlo el país. No hay otra salida que la autofinanciación, y, mientras más se retrase la puesta en práctica de soluciones en ese sentido, el servicio telefónico se deteriorará, las empresas se verán abocadas a reducciones de actividad o personal y el futuro de este sector, considerado «punta», puede perderse en nuestro país.

La inminente subida de tarifas telefónicas, anunciada por el nuevo ministro de Transportes, José Luis Alvarez, debería moverse en esta dirección y acercar las tarifas políticas a tarifas reales. No hay razón para que así no sea, ya que la incidencia de un incremento de tarifas del 22% repercutiría en el coste de la vida en un 0,08 %; es decir, la repercusión (un cuatro por mil) es prácticamente nula. Otra cosa es que se estudien fórmulas para repercutir el incremento en menor medida sobre el paso de contador y en mayor medida sobre la cuota de abonado (hay muchos teléfonos que casi no se utilizan y que son claramente irrentables).

Uno de los objetivos del plan cuatrienal era el de atender la demanda de nuevas líneas (se estima que existen 700.000 peticiones pendientes de atención), reduciendo el tiempo de espera, que actualmente -y como término medio- es de dieciséis meses. Con el mencionado plan, a finales de 1983, habría unas 600.000 demandas de nuevas líneas pendientes de atención.

Hay, pues, una necesidad de inversión en los servicios telefónicos que justifica una planificación a largo plazo desde presupuestos reales. Las tarifas españolas actuales se encuentran entre las más baratas del mundo. Así, según un estudio elaborado por la Compañía Telefónica sobre las tarifas de veintinueve países, tan sólo Perú posee tarifas inferiores a las españolas en relación con el precio de la llamada, y Turquía en relación con la cuota de abono. Por ello, los propios sindicatos -UGT, en concreto- se han mostrado disipuestos a negociar, incluso con la OCU, el tema de las tarifas, ya que son conscientes que de la implantación de unas tarifas reales depende el futuro inmediato del sector (150.000 puestos de trabLj0) y la posibilidad de un desarrollo del mismo con generación de nuevos empleos.

Los empresarios, según manifestó a EL PAÍS Antonio Linares, director general de comutación de Standard, se muestran partidarios de la implatanción de unos criterios concretos para la revisión de tarifas telefónicas, lo que evitaría en buena parte las actuales incertidumbres de la Compañía Telefónica y del propio sector.

El plan cuatrienal, según manifestó Sánchez Terán en el Congreso en noviembre, permitiría que el nivel de ocupación y empleo de la Compañía Telefónica pasará «desde los 57.609 trabajadores actuales a 64.838 en 1983, y que las empresas suministradoras de bienes de equipo y de servicio pudiesen mantener una actividad variable, según sea el tipo de empresa, en tomo a un 80% de media, lo cual es un nivel de actividad razonable en un momento de crisis económica nacional y mundial, con lo cual no serían precisos planes de reestructuración con reducción de puestos de trabajo y, en determinados sectores o subsectores, podrían aumentar incluso los niveles de empleo y de ocupación».

Horizonte de dependencia y colonización

El sector de las telcomunicaciones aparece en todos los países desarrollados como uno de los sectores punta con mejor futuro para la salida de la crisis. De ahí el esfuerzo de inversión y desarrollo del mismo en los distintos países (es notorio el caso francés) en los últimos años. En España, sin embargo, con una buena base tecnológica de partida (la producción nacional en la tecnología de telecomunicaciones representa un 85% en el producto total bruto de la producción de la industria del sector) no se ha hecho pública todavía ninguna planificación seria a medio y largo plazo.Contrasta esta falta de atención a los sectores de la economía con futuro, cuando la Administración, lógicamente preocupada con los sectores en crisis, está echando, en algunos casos, dinero bueno sobre dinero malo. Máxime cuando en este caso se trata de planificar y no de subvencionar. La prepotencia como cliente de la Compañía Telefónica, que absorbe el 70% de la producción del sector, y la demanda que podrían generar los programas de modernización del material de defensa podrían reactivar el sector, generar puestos de trabajo y lograr que España no perdiera el tren de la revolución tecnológica, que en el campo de la comunicación se está produciendo en estos momentos.

Algunos medios han acusado ya a la ITT de privar a España de la fabricación de nuevos productos, y, por tanto, de su tecnología. Antonio Linares, sin embargo, resalta la labor del centro de investigación y desarrollo que tiene Standard en Barajas del modelo rural del sistema 12-40, una central ultramoderna. Reconoce, no obstante, que es necesario planificar el desarrollo del sector si no queremos vernos abocados a pasar de ser exportadores a ser importadores, de detentadores de tecnología a colonizado s y dependientes. Excepto en el terreno de al alta-alta tecnología, microprocesadores, por ejemplo, la mayor parte de los nuevos desarrollos de la telecomunicación pueden realizarse en España, aunque sea a través de las multinacionales.