La flota ballenera de Massó, obligada a limitar sus capturas
Estados Unidos ha advertido al Gobierno español que, de no aceptar la cuota de caza de ballenas asignada a España por la Comisión Internacional allenera, podría retirar los permisos para que la flota española faene en sus aguas territoriales Esta noticia coincide con el hundimiento de dos de los cinco balleneros que tiene la factoría de Juan Massó, la única que existe en España.
En 1978, la factoría ballenera del industrial español Juan Massó, situada en la localidad de Marín, en Pontevedra, cazó 582 ballenas a pocas millas de las costas gallegas. En 1979 se cazaron más de setecientas. Hasta ese año, Massó había cazado cetáceos ignorando la existencia de la Comisión Internacional Ballenera (CIB), constituida en 1946 por la mayoria de los países que capturaban ballenas, y que, a medida que ha ido aumentando el peligro de extinción de los cetáceos, han ido abandonando su caza o reduciendo las cuotas de capturas a los países miembros que aún no han abandonado esta actividad.La impunidad con la que la flota de Massó venía matando ballenas desde 1931, sin someterse a más límites que los que daban la capacidad de captura de sus barcos anticuados, y que, por tanto, no son precisamente los mayores responsables de la alarmante disminución de las ballenas, acabó cuando la CIB promulgó una norma según la cual ningún país miembro de la comisión podía importar aceite y carne de ballena de países que no ertenecieran a la misma. Massó, que exporta el 50% de sus ballenas a Japón, país miembro de la CIB, presionó ante las autoridades españolas para que España ingresara en la CIB, lo que el Gobierno español hizo en 1979.
La primera actuación de la delegación española en la comisión fue impugnar la cuota que el subcomité científico de la CIB asignó a España para la temporada de 1980: 14.3 ballenas. Según Juan José Chao, delegado de España en la CIB, en la reunión que este organismo celebró en Londres el 9 de julio de 1979 «no se podía aceptar una cuota tan baja, asignada sin ninguna base científica y muy inferior a la cifra que se viene cazando».
La cuota había sido calculada haciendo la media del número de ballenas que Massó cazó en los últimos diez años. La impugnación de los españoles causó una ola de protestas en todo el mundo. En la Dirección General de Pesca se han recibido miles de cartas de numerosos paíes «tachándonos de poco menos que de asesinos», comenta a un funcionario de este organismo.
A los norteamericanos tampoco les gustó que la Administración española impugnara la cuota de la comisión, y han amenazado al Gobierno español con aplicarles su ley de Pesca, según la cual los países que no se sometan a las decisiones de la CIB serán privados del 50% de las licencias de pesca en aguas territoriales norteamericanas y, en caso de reincidencia, se les negará totalmente la entrada a sus caladeros para capturar cualquier tipo de peces.
La Administración española ha realizado intensas gestiones para que en la próxima reunión de la CIB, que se celebrará a mediados de junio en Londres, Massó obtenga una cuota de captura de ballenas más alta. Para ello han encargado un estudio sobre la población de ballenas de las costas españolas a un biólogo del Instituto Español de Oceanografía (lEO) y han facilitado apoyo económico a un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona que venían estudiando las ballenas desde hace años.
Sin embargo, los expertos consideran que es imposible realzar un informe medianamente serio en el plazo de dos meses -tiempo que le han dado al biólogo del IEO- para presentar su trabajo ante el comité científico de la CIB, y mucho menos teniendo en cuenta que los únicos datos disponiles sobre las capturas de ballenas en España son los que ha dado el propio Massó y que la Administración considera como válidos, a pesar de que nunca fueron controlados.
Cuando las organizaciones ecologistas Green Peace y Amigos de la Tierra habían anunciado una campaña para pedir una moratoria indefinida en la caza de ballenas, que se inició ayer con una rueda de prensa celebrada en la sede de la asociación Aepden, en Madrid, el pasado domingo, un día antes de que la flota ballenera de este industrial se hiciera a la mar para iniciar la actual temporada, dos de los cinco buques de Massó se hundían misteriosamente en las aguas del puerto de Marín (Pontevedra), después de que hicieran explosión dos bombas adosadas al casco.
Massó seguirá cazando
En un principio se especuló con la posibilidad de que los autores de este sabotaje fueran los ecologistas de Green Peace, pero éstos han desmentido rotundamente cualquier relación con e hecho. En su opinión, «en estos momentos, en los que la CIB insiste en obligar a España a aceptar la cuota de 143 ballenas, a Massó le sobran balleneros y mano de obra, que él puede, por otro lado, absorber perfectamente en su gran industria conservera. Hundirle dos barcos es hacerle un favor».
Juan Massó declaró a EL PAÍS ue «el hundimiento de los balleneros Ibsa I e Ibsa II, valorados cada uno de ellos en unos treinta millones de pesetas, dejarán sin trabajo a treinta personas». Los buques de la serie Ibsa, de los que ahora sólo queda a flote el Ibsa III, fueron comprados hace dos años en Noruega, a una empresa de desguace. Están construidos en los años treinta y llevan unos motores especiales, de baja revolución, para que al acercarse a las ballenas éstas no se espanten.
A pesar de todos estos sucesos, Massó declaró a EL PAÍ que la campaña de caza seguirá adelante. Sin embargo, sus planes parecen haberse alterado en algo. Hasta hace pocos días, tanto Juan Massó como la Dirección General de Pesca habían declarado repetidas veces que España cazaría el número de ballenas que le pareciera oportuno. En sus últimas declaraciones Massó afirmó que este año no cazaría más de 143 ballenas.
