El Parlamento respalda la postura británica ante el contencioso económico con la CEE

El fracaso de la cumbre europea de Luxemburgo para resolver el espinoso tema de la contribución británica al presupuesto comunitario ha sido juzgado a esta orilla del canal de forma muy distinta al resto de Europa. Porque en el Reino Unido todo el mundo no sólo está de acuerdo, sino que ha aplaudido la decisión de Margaret Thatcher de rechazar las propuestas comunitarias.

Y el sentimiento del pueblo británico, que recientemente mostró de forma inequívoca su rechazo de los planteamientos comunitarios en varias encuestas de opinión, quedó reflejado de forma palpable en la recepción ofrecida a la primera ministra, ayer, en los Comunes.La Cámara en pleno aplaudió de forma ruidosa a la señora Thatcher cuando se levantó para comunicar a los miembros del Parlamento que Gran Bretaña no daría su aprobación a «ninguna propuesta o medida importante comunitaria» hasta que no se resuelva el tema de la contribución del Reino Unido al presupuesto de los nueve.

Posición que mereció el beneplácito del líder de la oposición, James Callaghan, para quien «al final se nos hará justi cia, porque la situación actual es claramente intolerable». Callaghan, en medio del asentimiento general, dejó bien claro que la señora Thatcher contaba «con el apoyo total de la Cámara ».

La señora Thatcher, que en una clara advertencia a la iz quierda laborista dejó bien sentado que «no existían planes para la retirada (británica) de la Comunidad», hizo una exposición de los argumentos que había utilizado en Luxemburgo para rechazar, ante el asombro del resto de los países comunitarios y la irritación del presidente Giscard d'Estaing y el canciller Schmidt, las ofertas de reducción de la contribución neta inglesa, principalmente por dos razones.

Primera razón: porque la solución ofrecida por la Comunidad, que -dejaba el balance negativo reducido nada menos que en ochocientos millones de libras (unos 128.000 millones de pesetas), desde los 1. 120 millones actuales, es una reducción temporal sólo aplicable durante un año y sin garantías de que en 1982 Gran Bretaña se viese de nuevo afectada por saldos negativos muy parecidos a los actuales. Y, segunda o última, pero no menos importante, porque la contrapartida puesta por los franceses y otros países comunitarios ha sido considerada como excesiva.

Esta contrapartida o, mejor, contrapartidas, supone que Gran Bretaña tendría que aceptar un aumento de los precios agrícolas, para el año en curso, de un 5%, algo que no está dispuesto a consentir, no sólo porque la espiral de aumento de los excedentes comunitarios seguiría in crescendo, sino porque tal aumento se traduciría inmediatamente en una subida de los productos alimenticios en Inglaterra.

Traducido al índice de precios y a la tasa de inflación, que roza el 21 % en la actualidad, supondría un incremento de cerca de un punto. Es, pues, comprensible desde el punto de vista político que Gran Bretaña, a través de su ministro de Agricultura, Peter Walker, haya vetado tal propuesta.

El veto británico supone de hecho que la Comunidad se queda por el momento sin política agrícola común y sin presupuesto comunitario, y de ahí que Callaghan haya pedido a la señora Thatcher que no ceda en el tema de los precios agrícolas hasta que no se resuelva el tema de la contribución presupuestaria.

Poco a poco, Margaret Thatcher se va acercando a sus objetivos. En Dublín, sus colegas europeos le ofrecieron 350 millones de libras; en Luxemburgo, la oferta ha ascendido a ochocientos millones. La cuestión próxima a discutir no es sobre cantidades, sino sobre espacio de tiempo.