¿Hace falta un vicepresidente económico?

LOS RUMORES y especulaciones sobre una inminente crisis de Gobierno se han venido centrando en los últimos días en tomo a la figura del vicepresidente económico y los resultados de su gestión. Lo que se debate en definitiva es la virtualidad de la actual política económica para hacer frente a los problemas planteados y ofrecer un horizonte más ilusionante a los españoles. Las declaraciones de Abril en el sentido de que aún quedaban quince años de crisis son por eso algo de lo que más daño ha producido a su imagen de gobernante en los últimos días.Sin embargo, cualquier programa de política económica, de no ser una elucubración demagógica lanzada por quienes carecen de responsabilidades de poder, no tiene más alternativa que enfrentarse con los tozudos datos de la crisis actual. El escaso crecimiento de la producción, derivado de un bajo nivel de inversiones productivas, el consiguiente aumento del paro, el alza continuada de los precios, los aumentos salariales de la población empleada por encima de la productividad, la escandalosa ineficacia y aparatoso despilfarro de la Administración pública y la debilidad de un sector exterior incapaz de pagar la factura del petróleo son elementos imprescindibles del paisaje. Se necesita, así pues, una política económica realista en la aceptación de los datos de la situación, pero también suficientemente perspicaz e imaginativa como para diseñar una estrategia contra la crisis y resueltamente decidida a aplicar los medios para realizar sus objetivos. Como hemos señalado en múltiples ocasiones, la reforma de la Administración pública es la condición imprescindible para que los ciudadanos no se tomen a chacota las invitaciones del Gobierno a colaborar con Hacienda, a apretarse el cinturón y a sentirse partícipes de un proyecto solidario hacia el futuro.

Habría que preguntarse, en este contexto, si la figura del vicepresidente económico resultaría realmente necesaria en un Gobierno que contara con un Ministerio de Economía dotado de competencias reales y con un programa económico articulado y coherente. En esa imaginaria situación bastaría con que el presidente del Gobierno afrontase, de manera constante y permanente, la defensa política de la gestión económica que los ministros de ese área del Gobierno tendrían encomendada.

Quien ganó las elecciones de marzo de 1979 fue Suárez, y él fue quien vendió a los ciudadanos un modelo de sociedad y unas perspectivas de salida para la crisis económica que no terminan de perfilarse. Los problemas de la economía no son un asunto que incumba sólo a los economistas. Un millón y medio de parados, la falta de fe de la iniciativa privada en el futuro de sus inversiones, los desequilibrios regionales, las haciendas de los territorios autónomos y la desconfianza en la eficacia e integridad de la Administración pública son enfermedades que ninguna receta económica puede curar por sí sola. El presidente no puede, o no debe, hurtar el bulto para endosar a un segundo suyo el papel de sparring.