Oleada de bombas en la capital salvadoreña
Ningún grupo político se ha atribuido la responsabilidad de la colocación de doce bombas que estallaron en la noche del lunes en San Salvador. Las explosiones, algunas de las cuales revelaban cargas de gran potencia, se sucedieron en cortos espacios de tiempo y afectaron a entidades comerciales situadas en la zona residencial de la capital salvadoreña. No se produjo ninguna víctima pero los daños materiales fueron considerables.
Entre tanto, otras diecisiete personas han muerto en las últimas veinticuatro horas como consecuencia de la escalada de violencia política que sufre el país.Los bombazos aterrorizaron a los habitantes del área. Hubo un momento en que el ruido de las explosiones y el de las sirenas de ambulancias y vehículos militares conformó un ambiente de verdadera conflagración. Pocas personas se atrevieron a salir a la calle. Algunos periodistas tuvimos que recurrir a una ambulancia de la Cruz Roja para poder llegar al hotel, situado en el corazón de la zona donde se produjeron las explosiones.
La gran polémica nacional sigue centrada en torno al origen de los trágicos sucesos del domingo, que costaron la vida a un importante numero de salvadoreños. Superados los primeros momentos de histeria, trata la gente de analizar el cómo y el porqué de aquellos incidentes.
La Junta de Gobierno sigue acusando a grupos izquierdistas de la matanza, a pesar de los mentís de esos grupos y de las acusaciones eclesiásticas de que las primeras bombas se lanzaron desde el Palacio Nacional.
En Panamá, el superior de los jesuitas, Néstor Jaén, aseguró el lunes que la bomba que originó el caos fue lanzada desde el Palacio Nacional, adonde no tienen acceso los izquierdistas por ser sede de oficinas gubernamentales.
No son fáciles las conclusiones. Lo único claro es que la provocación pudo venir de cualquiera de los dos ángulos del espectro que hoy enfrenta a los salvadoreños: la ultraizquierda y la ultraderecha, y que nadie pudo ver a un solo individuo de uniforme disparar contra la manifestación, ni siquiera aparecer por los alrededores. Las versiones que aterrorizaban a los refugiados en la catedral sobre el hecho de que el Ejército, con tanques, había rodeado la zona y disparaba contra la catedral resultaron abiertamente falsas. .
La Junta salvadoreña, integrada por dos militares y tres civiles, preparó una exhibición de fotografías y películas que, en su opinión, demostraban que los desórdenes fueron causados por los izquierdistas.
Este material gráfico resultó ser propiedad de agencias informativas y cadenas de televisión de Estados Unidos, cuyos corresponsales exigieron a la Junta explicar en qué forma los habían obtenido.
La demostración se convirtió entonces en un serio problema de relaciones públicas para las autoridades, una vez comprobado que las fotos y películas fueron conseguidas mediante interferencia de las transmisiones. La Junta reconoció que había hecho «uso indebido» del material y ofreció disculpas a los corresponsales, aunque su portavoz añadió que el estado de sitio vigente faculta al Gobierno para restringir la libertad de información.
Vuelven a oírse voces sobre la posibilidad de que se reproduzcan los incidentes violentos durante el entierro de las víctimas habidas en los sucesos del domingo. Las organizaciones populares no han anunciado la fecha del sepelio, pero sí que acompañarán a los muertos hacia el cementerio.
Trece de los cadáveres están en la catedral metropolitana, y otros nueve, en la Universidad. El resto, hasta 36 (31 es la cifra oficialmente anunciada por el Gobierno), fueron recogidos por sus familiares en el lugar de los hechos o en los hospitales.
El embajador de Guatemala en El Salvador resultó herido ayer en un atentado, y varias emisoras de radio fueron ocupadas por activistas de izquierda, que difundieron mensajes contra los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos.
