Asesinato en la catedral

OSCAR ARNULFO Romero, arzobispo de San Salvador, ha tenido la muerte que ha dado gloria a alguno de sus grandes predecesores, como Thomas Beckett, muerto en la catedral de Canterbury por los asesinos del arbitrario poder real al que combatía. Unas horas antes de su muerte aparecía su imagen última en Televisión Española, y las palabras que podrían ser su epitafio: «A mi me podrán matar, pero a la voz de la justicia ya nadie la puede matar.» Un último optimismo.Monseñor Romero ofrecía ese patético, pero sereno, rostro que en los últimos años es el honor de la Iglesia en Latinoamérica: la incansable defensa de los oprimidos, la denuncia constante de un régimen que ha ido superando en los últimos meses las manchas trágicas que había sido llamado a limpiar, cuando fue depuesto el régimen anterior. El día en que fue asesinado era uno más entre los treinta cadáveres causados por las armas del régimen que no son siempre, como en el caso del arzobispo, las regulares y uniformadas, sino las bandas de la extrema derecha, que asesinan amparadas por el poder. Un poder en el que figura todavía una democracia cristiana que ha sido ya abandonada por sus juventudes, desertada por algunos de sus grandes dirigentes, pero que se aferra al poder donde ya no es más que un rehén en manos de los militares, a los que ni siquiera consiguen legalizar. Es posible que estos fieles vaticanistas reconsideren su actitud en el momento en que la figura principal de la Iglesia de su país cae asesinada. Aunque la conciencia. muchas veces, puede celebrar pactos y consensos poco comprensibles.

Puede ocurrir también que Estados Unidos reconsidere sus proyectos, hasta ahora contenidos, pero siempre a punto, de enviar una ayuda militar creciente, o de fomentar la entrada en el país de los soldados acantonados en Guatemala para traspasar la frontera en un momento dado. Las operaciones de las fuerzas de seguridad estaban siendo asesoradas por un número de consejeros (entre cincuenta y cien) especializados en la lucha antisubversiva, las fuentes de información de la oposición atribuían a estos consejeros no solamente la asesoría del Ejército y las fuerzas de seguridad, sino también el apoyo y las armas a las bandas de la extrema derecha.

Puede ocurrir que, como dice el viejo tópico que se emplea en estos casos, la sangre del arzobispo Romero no haya sido derramada en balde. La reacción en el país ha sido enorme, y la indignación internacional, aun por parte de figuras de la Iglesia que no son en nada afines a las opciones políticas y humanas que defendía monseñor Romero, tienden ya a descalificar al régimen de El Salvador definitivamente.

En realidad, la guerra civil existe ya en El Salvador. Sólo una solución inmediata, patrocinada por Estados Unidos y por los países democráticos de América Latina, puede evitar que se extienda e incluso que se amplíe a otras zonas de la América Central. Esta solución no puede ser más que la evicción del Gobierno actual y la formación, en su lugar, de una coalición que represente todas las fuerzas en lucha y abra inmediatamente el proceso legal para la reconstitución de una democracia, que tampoco podrá subsistir si no acomete inmediatamente la reforma agraria y el cambio total de estructuras, que ya se ha demostrado que es inviable en su forma actual.