El Gobierno podrá mediatizar todas las autonomías llevadas por la vía lenta

La concesión hecha por Asturias al aceptar el papel del Gobierno como convocante de la asamblea redactora del proyecto de Estatuto de Autonomía y como intermediario para remitir a las Cortes Generales dicho proyecto, sentará un precedente para las demás regiones que sigan la vía lenta del artículo 143 de la Constitución.

Por este motivo ha sido muy criticada desde algunos sectores la gestión de Rafael Fernández (PSOE), presidente del Consejo Regional, quien dio su visto bueno al proyecto del ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, que atribuye al Gobierno las competencias de recibir la acreditación de los trámites exigidos por la iniciativa autonómica, de convocar a la Asamblea de Parlamentarios y diputados provinciales encargada de elaborar el proyecto de Estatuto y de receptor de este texto para su tramitación como proyecto de ley a las Cortes. Fuentes solventes de UCD han manifestado a EL PAÍS que, si Rafael Fernández no se htibiera precipitado en plantear sus dudas a Fontán, a estas alturas el Estatuto asturiano estaría ya en las Cortes, puesto que tanto la inconcreción del artículo 146 de la Constitución como el reglamento provisional del Congreso permiten su tramitación directa sin contar con el Gobierno, tesis defendida por Landelino Lavilla.Antonio Fontán estaría muy interesado en seguir los pasos recomendados a Rafael Fernández para que su Ministerio asumiera algún protagonismo, del que hasta ahora estuvo ausente, en los temas económicos.

Medios próximos al presidente del Consejo Regional afirman, en cambio, que algunos ministros vieron con desagrado la iniciativa tomada por la asamblea asturiana de comenzar los trabajos del Estatuto, y llegaron a mostrarse partidarios de declarar su anticonstitucionalidad, por marginar al Gobierno del desencadenamiento de un proceso que implica la modificación de la estructura del Estado. Según esta versión, en los sucesivos contactos entre Rafael Fernández y Fontán estuvo la clave de la reciente convocatoria, acordada por el Consejo de Ministros, de la asamblea asturiana, que deberá reunirse el próximo día 12 para emitir el voto a la totalidad del texto, cuyo articulado se encuentra ya aprobado.

Disparate jurídico

El profesor Francisco Sosa, autor de un informe técnico al respecto para el Consejo Regional, calificó de «disparate jurídico» la fórmula de Fontán. En su opinión, este procedimiento permitirá al Gobierno apuntarse un importante tanto político, porque quedará con las manos libres para fijar la fecha de las convocatorias de las asambleas regionales y asumir o no los proyectos de estatutos que éstas le envíen. «Está claro», argumenta el profesor Sosa, «que cuando el Gobierno remite a las Cortes un proyecto de ley es porque está de acuerdo con su contenido. En caso contrario, no lo haría. Al Gobierno le han dejado con las riendas en sus manos.»En la tramitación del Estatuto asturiano podría darse el hecho paradójico de que el Gobierno en viara a las Cortes un proyecto de la oposición, puesto que en sus puntos conflictivos ha sido aprobado con los votos del PSOE y PCA y la negativa en este supuesto, el partido que sustenta al ejecutivo se opondría en el Parlamento a un proyecto de ley remitido por el Gobierno.

El informe del profesor Sosa Wagner coincide básicamente con el dado a conocer recientemente por el PSOE. Ambos niegan al Gobierno cualquier competencia para convocar la asamblea y para tramitar el Estatuto, e invocan el artículo 146 de la Constitución y el 92 del reglamento provincial del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Asturias ha dado ya dos pasos suficientemente comprometedores: envió al Ministerio de Administración Territorial toda la documentación acreditativa de haber cumplido los requisitos exigidos de la iniciativa autonómica, adoptada por los ayuntamientos, la Diputación y el Consejo Regional, y suspendió los trabajos de elaboración del proyecto en espera de la convocatoria del Gobierno, ya realizada.