Polémica en el Consejo Regional de Asturias a causa de la elaboración del presupuesto

La elaboración de los presupuestos del Consejo Regional de Asturias para 1980 y la inclusión del personal político (directores generales y secretarios generales técnicos) en la Seguridad Social, también a efectos del seguro de desempleo, acuerdo mantenido en secreto hasta hoy, tiene seriamente divididos a los consejeros del ente preautonómico.Cuando aún no se sabe si habrá nuevos presupuestos o si se recurrirá a prorrogar los de 1979, Presidencia y Ordenación del Territorio, ambas con titulares socialistas, elevaron considerablemente los gastos de enero, mes para el que el año pasado tenían presupuestadas 616.666 pesetas y 483.333 pesetas, respectivamente, frente a las 749.416 pesetas y 878.697 pesetas gastadas ese mismo mes de 1980.

Sorprende también en el resumen de gastos por consejerías al 10 de marzo, al que tuvo acceso EL PAIS, el capítulo de Economía y Hacienda, cuyo titular es de UCD, que en esa fecha se convierte, con 1.977.314 pesetas, en la consejería de mayor gasto, después de la de Ordenación del Territorio, sin que sus capítulos de personal y funcionamiento lo justifiquen.

El acuerdo de acoger a la Seguridad Social, incluso a efectos del seguro de desempleo, a los directores generales y secretarios generales técnicos fue tomado en una reunión de la comisión permanente sin darle publicidad alguna. Votaron a favor de esta propuesta los consejeros de izquierda y Antonio Checa, e UCD, responsable de Economía y Hacienda. El capítulo de la Seguridad Social le supone al Consejo Regional un desembolso de 34.954 pesetas mensuales por cada cargo político con dedicación plena.

Después de tres reuniones infructuosas de los portavoces de los grupos representado! en el organismo preautonómico, el lunes se intentará un nuevo acercamiento de las diversas posiciones existentes. Ante el impacto creado, el PSOE es partidario de prorrogar el presupuesto de 1979 y UCD de prorrogar solamente un cuatrimestre. En ese pleno, el acuerdo que se tome necesita estar avalado por los dos tercios de los votos de sus miembros.