Con la ley de Centros en la mano

El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, ha tratado de tranquilizar a la opinión pública y a un determinado sector de su partido al asegurar que la enseñanza estatal va a merecer atención preferente y que se va a realizar una política de financiación en materia educativa que va a tener en cuenta las necesidades prioritarias.Sin embargo, parece bastante lógico preguntarse si el Estatuto de Centros Escolares, uno de cuyos objetivos consiste en garantizar a todas las personas jurídicas la libertad de creación de centros, no podrá impedir, paradójicamente, que el Estado pueda ejercer esta, misma libertad.

Es imposible olvidar la campaña que la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) puso en marcha para tratar de frenar la masiva creación de centros acordada en los pactos de la Moncloa. En aquella ocasión, tras denunciar los supuestos intentos de la izquierda de «barrer la religión de las escuelas», protestaron enérgicamente contra la «improcedencia de crear centros escolares estatales allí donde ya existen centros privados».

De ahora en adelante, y con el Estatuto de Centros en la mano, es de imaginar lo que dirán los dirigentes de la FERE cada vez que el Estado se proponga crear una nueva escuela.

La FERE, no obstante, tendrá alguna explicación razonable para el problema que supone tratar de conjugar la libertad de conciencia de los ciudadanos con la imposibilidad de asistir a una escuela estatal, si ésta no ha podido construirse porque ya existía otra privada en la que, además, rige un determinado ideario.

La verdad es que esta idea de que a partir de ahora los padres podrán elegir el centro educativo que conviene a sus convicciones ideológicas plantea un cúmulo de interrogantes que nadie se ha molestado en aclarar en los debates parlamentarios de la ley de centros.

Porque, ¿cuántas convicciones ideológicas se van a poder satisfacer con el dinero del Estado: dos, cuatro, medía docena?... Y el derecho a la libertad de opción, ¿incluirá el derecho al pago del transporte y de la comida de aquellos escolares que tengan que ir a buscar a unos cuantos kilómetros de distancia «el tipo de educación» que no encontraron en la proximidad de sus domicilios?

Por otra parte, ¿a qué edad permitirá el Gobierno que los padres permitan a su vez a sus hijos tener sus propias convicciones?, ¿en la segunda etapa de EGB?, ¿en el bachillerato? Y, en consecuencia, ¿qué sucederá en el instante en que las convicciones ideológicas, filosóficas y religiosas de un alumno empiecen a ser diametralmente opuestas a las de sus padres y que fueron las que determinaron su ingreso en un determinado centro?

Y el tecnócrata de turno respondió muy convincentemente: «Muy sencillo, amigo mío. Cuando se programen las construcciones de centros escolares, los estudios sobre densidad de población, disponibilidad de suelo edificable, movimientos migratorios y redes viarias de acceso tendrán que estar precedidos de unos muy ponderados y ajustadísimos análisis sobre el espectro ideológico de la zona de población de que se trate.