La libre circulación de trabajadores y el "dossier" agricultura, temas difíciles en la negociación España-CEE

El derecho de los trabajadores españoles a circular libremente por la Europa comunitaria y a buscar en cualquiera de los países del Mercado Común un puesto de trabajo será, junto con el dossier agricultura, el punto más duro de las negociaciones España-Comunidad Económica Europea (CEE), cara a la adhesión de nuestro país al Tratado de Roma. Las posiciones de partida no pueden ser más distantes. Mientras España solicita la libre circulación a partir del momento mismo de la adhesión, otro documento elaborado por la comisión, al que ha tenido acceso EL PAIS, se muestra inflexible: período transitorio de siete a diez años.En la sesión negociadora celebrada el viernes, la octava a nivel de suplentes, es decir, de embajadores, la delegación española entregó un documento sobre política social en el que se exige además que los nueve vayan adaptando sus legislaciones a fin de que, en el mismo momento en que España ingrese en la CEE, los trabajadores españoles que ya se encuentren trabajando en la Comunidad tengan exactamente el mismo trato que los trabajadores comunitarios.

Sobre este último punto, el Gobierno español desea mostrarse, al parecer, especialmente intransigente, en la confianza de lograr doblegar las iniciales resistencias comunitarias. Parece muy difícil creer, sin embargo, que logre vencer, durante las largas negociaciones que se avecinan, las resistencias de los nueve en el punto crucial del dossier «social», es decir, la existencia o no de período transitorio.

El informe de la Comisión Europea, que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero que previsiblemente no sufrirá modificaciones sustanciales, afirma que «las presiones migratorias potenciales justifican la adopción de medidas de salvaguarda para evitar movimientos de mano de obra desordenados». La comisión propone un período transitorio de siete a diez años, dividido en tres etapas. En la primera, los trabajadores españoles recibirían el mismo trato que reciben ahora como naturales de un país no miembro de la Comunidad.

Los que ya residen en la CEE podrían beneficiarse de la normativa comunitaria, pero sólo en el territorio del Estado en el que viven; es decir, no podrían circular libremente por los restantes países miembros del Mercado Común. Lo mismo regiría para sus familiares, siempre y cuando llevaran más de tres años residiendo en ese país.

En la segunda etapa -entre las dos, dice la CEE, no deben sumar más de siete años- sólo se exigiría que los familiares llevaran resi-diendo un mínimo de dieciocho meses, y en la tercera -los tres años que faltan para completar los diez-, los trabajadores españoles recibirían ya el mismo trato que los procedentes de un país comunitario, con una salvedad: el país que los vaya a recibir puede negarse a hacerlo si, según los cálculos que haya facilitado a la CEE con seis meses de adelanto, existe ya un excedente de mano de obra.

El informe comunitario señala que España concede «mucha importancia» al capítulo social de las negociaciones y que es cierto que la corriente emigratoria de España hacia la Comunidad ha disminuido sensiblemente durante los siete últimos años. En 1973, en los nueve trabajaban 4.851.000 personas procedentes de países terceros; de ellos, 539.000 españoles; en 1977, el total era de 4.400.000, de los que 435.000 eran emigrantes españoles. La cifra se redujo, respectivamente, a 4.250.000 y 366.000 en 1978. Mientras el conjunto de trabajadores extranjeros en la Comunidad Económica Europea disminuyó entre 1973 y 1978 en un 12,4%, el colectivo de trabajadores españoles lo hizo en un 32,1 %.

Otro punto fundamental del informe de la Comisión es la exigencia de que, en materia social, no se pacte con España nada que no se haya pactado ya con Grecia o que se vaya a pactar con Portugal.

La representación española, por su parte, resaltó que la adhesión no debe perjudicar los acuerdos bilaterales ya existentes o aquellos que se pueda formalizar en el futuro. Recordó también que en 1979 el Gobierno concedió 20.000 perraisos de trabajo a personas procedentes de los nueve y que hay ya unos 200.000 residentes extranjeros en España.

La CEE, intransigente respecto al IVA

La CEE entregó a la delegación española un nuevo documento referente a temas de fiscalidad, en, el que se muestra intransigente respecto a la necesidad de que España adopte en el mismo momento de la adhesión el impuesto sobre el valor añadido (IVA), para el que inicialmente España ha solicitado período transitorio. También entregó un informe sobre política regional que, según fuentes españolas, es «meramente descriptivo» de laactual normativa comunitaria.

Por parte de la representación española se insistió en la necesidad de establecer un período transitorio antes de autorizar la entrada automática de la banca comunitaria en nuestro país, así como de fijar un período transitorio «amplio» antes de que dicha banca europea reciba el mismo trato que la española.