La guerra de las escuelas

EL PLANTEAMIENTO y desarrollo que ha tenido en el Congreso el proyecto de ley orgánica del Estatuto de Centros Escolares no auguran nada bueno cara al futuro de la educación en España. Este Estatuto no solamente no cerrará una batalla ya endémica en los planteamientos doctrinales de la política española, sino que amenaza con desencadenar una guerra en toda regla, de consecuencias traumáticas. Con toda evidencia, el Gobierno de UCD y sus aliados políticos en este tema han impuesto a la sociedad española una ley en la que, bajo el principio de la defensa de la libertad de enseñanza, se perpetúan injusticias, privilegios y deficiencias seculares del sistema educativo español. Pues lo que se ha venido a consagrar en el texto no es en verdad la libertad de enseñanza, salvo en lo que se refiere al principio de la creación de empresas privadas. Este principio es sano y debe prevalecer, pero no basta, ni mucho menos, para instaurar una enseñanza libre. El sistema educativo español se ha caracterizado siempre por el precario mantenimiento de una enseñanza estatal deficiente, escasa de medios, junto a una enseñanza privada esencialmente controlada -en sus aspectos económicos y doctrinales- por la Iglesia católica. Sin duda, históricamente, la Iglesia ha cooperado a la extensión educativa en este país, y eso es de agradecer. Pero por la fuerza de esa misma historia, de los modelos sociales, políticos y culturales implantados en España sucesivamente, y como consecuencia de la urgente importancia social de la Iglesia y la proliferación de órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza, éstas han terminado por disfrutar de unos privilegios y un predominio tales, que en la actualidad provocan, con fundada razón, protestas y agravios comparativos. Por otra parte, la Iglesia católica española, institución también sujeta a las contradicciones históricas de nuestro tiempo, no ha sabido resolver sus propios problemas de renovación y transmite a través de sus centros escolares las tensiones y discusiones internas de la comunidad eclesial. Todo ello hace que hoy la estructura docente de la Iglesia católica española no sirva a la colectividad española en su conjunto, perpetúe los desequilibrios y las injusticias y agrave y ahonde los problemas de justicia social que existen en nuestra sociedad.Mientras el esfuerzo en favor de la enseñanza estatal es aún más que insuficiente, la enseñanza privada -gobernada por el predominio eclesial- ha recibido siempre ayuda del Estado, es decir, proveniente del bolsillo de todos los ciudadanos. Y lo menos que se puede decir es que la enseñanza privada no ha servido ni sirve a todos los ciudadanos. Instalada en zonas preferentemente desarrolladas, cobrando de los dineros públicos - 170.000 millones en los pasados ocho años- y sirviendo en amplios sectores una educación de élite, la enseñanza privada en España ha derrochado con creces el crédito moral adquirido a lo largo de la historia. Sin que ello quiera decir, desde luego , que toda la enseñanza privada responda a esta caracterización, tal vez excesivamente somera, desde luego; pero sí su mayor parte y, desde luego, la que más dinero cuesta.

El desarrollo que el Estatuto de Centros Escolares da al artículo 27 de la Constitución desborda unilateralmente el consenso constitucional, entonces trabajosamente establecido, sobre los problemas docentes y es regresivo con relación a los pactos de la Moncloa. En todas aquellas negociaciones que facilitaron el consenso constitucional la izquierda pareció enterrar el hacha de guerra en el terreno educativo, cediendo en sus apriorismos doctrinales y hasta en su tradicional anticlericalismo. La respuesta de la derecha ucedista con este Estatuto ha sido la de la victoria sin condiciones. En política toda rendición incondicional genera a corto plazo revanchas mayores.

No ha habido diálogo ni apenas negociación. UCD ha impuesto sus criterios -dictados por los varones demócrata-cristianos- sin apenas recoger enmienda importante alguna de la oposición, y ha lateralizado considerablemente en favor de la enseñanza privada el problema escolar español. El respeto a las minorías, en este caso muy amplias, ha brillado por su ausencia. Los sectores liberales de UCD ocultan hoy rostros avergonzados, no sólo por el contenido del Estatuto, sino por la manera arrogante como ha sido impuesto. Felipe González ha declarado abiertamente que si su partido llega al poder esta ley será derogada. Una guerra de religión llevada a la enseñanza era lo peor que nos podía pasar. Aparte de amenazar con dar al traste con la educación de las próximas generaciones de españoles, sometidas a toda clase de inseguridades, será un mal para España y para la propia Iglesia española, sometida, una vez más, a sus compromisos e intereses de poder terrenos.