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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El laberinto vasco

TRAS su estruendosa derrota política y moral en el referéndum andaluz, el Gobierno no debe minimizar ahora el serio descalabro que para sus planteamientos constituyen los resultados de las primeras elecciones que la historia registra para un Parlamento vasco. Los diputados abertzales -nacionalistas- suman ellos solos más de los dos tercios de la Asamblea, y el ascenso de sus posiciones es tan espectacular como el desmoronamiento en Euskadi de los dos principales partidos del Estado (UCD y PSOE). Cuantos análisis se quieran hacer sobre el futuro de aquel país deben, pues, partir de una doble base: los partidos de implantación estatal poco o casi nada tienen que hacer allí, y la burguesía vasca, base fundamental del electorado peneuvista, se ha determinado fundamentalmente por un partido nacionalista cuyas raíces históricas ahondan en los postulados independentistas de Sabino Arana.Este papel relevante del PNV en el panorama político de Euskalherría no hace sino depositar, una vez más, grandes responsabilidades sobre las espaldas del lendakari Garaikoetxea.

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El laberinto vasco

(Viene de primera página)Euskadi es un país amenazado hoy de bancarrota económica, con una profunda escisión en su cuerpo social, amedrentado por el terrorismo y mirado con cicatera desconfianza por el poder central. El PNV tiene fuerza para establecer un Gobierno monocolor y, sin duda, lo va a intentar. También tiene ahora el poder de exigir más vivamente a Madrid que las transferencias previstas en el Estatuto se hagan de manera generosa y urgente. El Gobierno Suárez, por su parte, no debe llamarse andanas en esta cuestión. La pacificación del País Vasco pasa hoy ya, definitivamente, por la comprensión de que las necesidades y los deseos de autogobierno de aquella tierra lindan con el federalismo y deben encontrar más generosa acogida, sin que se fuerce o rompa el marco de nuestra Constitución, si deseamos que en el futuro ésta sea respetada por todos. Pero el propio PNV ha de asumir también las realidades vigentes. La más inmediata es que su respetable utopismo político, que le lleva a reclamar hasta la independencia de las provincias vascofrancesas, debe ser combinado con su necesario sentido común sobre las posibilidades y virtualidades reales de un programa así en la España de 1980. Garaikoetxea sabe además, por si fuera poco, que la muy grave situación económica por la que pasa Euskadi no ha de solventarse sin el apoyo financiero del poder central y que una recuperación de la economía vasca es impensable a medio plazo prescindiendo de éste. Semejante hecho no debe ser utilizado por, el Gobierno como una nueva arma agresiva contra los poderes vascos, pero tampoco éstos deben desconocerlo a la hora de establecer sus planteamientos políticos.

La segunda consideración que merece la victoria del PNV y la irresistible ascensión del radicalismo abertzale es el hecho de que aquél sigue siendo un partido tradicionalmente burgués, afincado en la internacional democristiana, con apoyo del clero y la jerarquía eclesiástica vascos y en posiciones detonantemente conservadoras respecto a graves cuestiones de la convivencia. Su amplia implantación en aquellas tres provincias puede suponer, desde este punto de vista, un serio obstáculo al proceso de renovación y transformación social que las nuevas generaciones reclaman también en el País Vasco. Todo ello le convierte, precisamente por eso, en un peligroso y contumaz aliado de UCD en no pocas cuestiones a debatir próximamente en las Cortes. La necesidad y virtualidad de esta alianza en muchos casos -Estatuto de Centros Escolares, ley de Divorcio, etcétera- hacen suponer a algunos la eventual presencia de un ministro vasco en el próximo Gobierno de UCD. No parece probable, sin embargo, que esto suceda, y sí más bien que el PNV utilice también sus escaños en las Cortes españolas como palanca para arrancar más y más atribuciones del poder central, con el posible apoyo práctico de Euskadiko Ezkerra y el moral -no ocupan sus escaños- de HB. La situación de debilidad que UCD va a mantener desde ese punto de vista es evidente.

La tercera consideración debe hacerse sobre el ascenso de las posiciones de Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra. Euskadiko se configura así como la única izquierda marxista de signo nacionalista verdaderamente presente en Euskadi, mientras que los votos al confuso conglomerado ideológico de HB, para quienes los terroristas de ETA militar han pedido la papeleta, siguen significando la existencia de un amplio sector social que apoya políticamente la acción criminal del terrorismo. Sector al que es preciso añadir parte de las bases electorales de EE, alentadas a su turno por ETA (p-m). Por desagradable que esto sea, por estúpido que suene en un país con libertades democráticas establecidas y altas posibilidades de autogobierno, negarlo sería como esconder la cabeza debajo del ala. No desciende, sino todo lo contrario, el apoyo popular -probablemente en gran parte proveniente de los sectores más jóvenes del electorado- a los profesionales del asesinato, el robo y la metralleta. O el Gobierno de Madrid, tanto como el vasco, asume de una vez por todas esta lamentable realidad, o cuantos intentos de pacificación en la zona quiera hacer resultarán un fracaso. A este respecto merece la pena expresar las dudas o los temores de que una acción represiva como la que el nuevo delegado gubernamental, para el orden público pueda desarrollar en Euskadi sea ni de lejos la solución eficaz a los problemas. Si la actividad policial no es respaldada por un entendimiento político de la situación -aun si ese entendimiento no tiene otro remedio que partir de las malas noticias que las urnas arrojan- no servirá sino para enconar los ánimos y avivar el fuego de la protesta. El Gobierno va a enfrentarse ahora con la reclamación de amnistía para los etarras presos, y su negativa a entrar en nuevas negociaciones de este tipo debe ser «balanceada», cuando menos, con soluciones imaginativas y reales a los problemas políticos planteados. Dejar de nuevo que la cuestión de los presos se convierta en la piedra de toque de toda negociación sería un lamentable error.

La última gran meditación que las elecciones vascas sugieren en este primer comentario es el considerable porcentaje de abstención ante las urnas. Cabe sospechar que una gran parte del electorado potencial de los partidos no nacionalistas -PSOE y UCD notablemente- no ha acudido a votar o por temor a hacerlo o por falta de fe en semejante acto. También quizá porque estas eran las primeras elecciones que se celebraban en domingo. Cualquiera que sea el motivo, su actitud no puede resultar más deplorable ni más antipatriótica para la patria vasca y para la patria hispana. La sospecha de que tras esa abstención se encierra un dramático cansancio de enormes sectores de la población vasca, hartos del lodazal de violencia y enfrentamiento civil en el que se ven sumidos a diario, debe hacer recapacitar seriamente a las fuerzas políticas hoy representadas en el Parlamento de Euskadi. Y es también un toque de atención para aquellas regiones españolas en las que los líderes políticos se encuentran empecinados, por motivos partidistas o por un caciquismo de nuevo cuño, en seguir la vía del artículo 151 de la Constitución, con Parlamento y Gobierno para cada región autónoma.

En definitiva: estas elecciones, como lo han de ser en breve las catalanas y lo ha sido recientemente el referéndum andaluz, son un buen motivo de reflexión para que alguien en este país, con más capacidad y tesón que las eminencias grises del Gobierno, se dedique a instrumentar teóricamente qué cosa ha de ser el Estado español de las autonomías. Y que se asuma por todos los españoles el hecho simple y radical que ya Azaña expusiera en magistrales palabras: «Votadas las autonomías, esta y la de más allá, y creados estos y los de más allá Gobiernos autónomos, el organismo del gobierno de la región es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización del Estado. Y mientras esto no se comprenda no se entenderá nadie lo que es la autonomía.» Ojalá que lo comprendan, y lo demuestren, el presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno vasco.

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