Referéndum andaluz

El resultado ha sido contundente: más del 55% de los andaluces -censo oficial-, lo que en la práctica vendrá a suponer más del 60%, han dicho sí al artículo 151 de la Constitución, a pesar de las trabas y procedimientos discriminatorios y antidemocráticos del Gobierno.Hoy se nos dice que porque una provincia, que representa el 6,35%, se ha quedado a siete puntos de la cota exigida los andaluces no tendremos la autonomía pedida. Con análogo criterio, los españoles no tendríamos la actual Constitución, pues en el País Vasco no se llegó ni al 50% de participación. Con análogo criterio, los catalanes no andarían ahora inmersos en un proceso electoral.

Si hoy o mañana los partidos particulares que pidieron el sí, que hicieron toda suerte de propaganda y que claramente expusieron las diferencias -como lo hizo el señor Clavero- entre ambos procedimientos, reniegan del importante compromiso contraído, si dicen: «¡Qué se le va a hacer! Aceptamos la vía del 143» -con peros o sin ellos-, estarán defraudando a todo un pueblo, habrán demostrado que no son dignos del pueblo andaluz, habrán conseguido que el desencanto de la democracia aumente vertiginosamente en Andalucía. Y el despegue de los ciudadanos de las instituciones es tan peligroso que puede poner al mismo sistema en la picota. Si ello ocurre, habrán conseguido la radicalización de los que se sienten burlados por partida doble, se le habrá dado la razón a aquellos que dicen'que sólo con metralletas es posible hacerse oír, habrán impulsado que de las primitivas agresiones a mano o arma blanca se pase a otro tipo de violencia.

El pueblo andaluz no ha pedido, ni quiere, el Estatuto de Carmona, consensuado por el 143 quiere el procedimiento bien diferenciado del 151 y luego votar su Estatuto; en definitiva, ser partícipe de su propio régimen estatutario.

El pueblo andaluz ha ganado moral y políticamente. Sólo hay un camino: presentar los pertinentes recursos legales -ante tanta cacicada y burla-, si es preciso; invalidar el referéndum globalmente, corregir el censo y volverlo a celebrar. No decimos modificar la ley de referéndum -que debe hacerse para no discriminar a unos pueblos respecto de otros y evitar así el incumplimiento de la Constitución-, porque, sin necesidad de ello, se ha ganado en todas las provincias.

Hoy, más aún que sobre el propio Gobierno, cae por entero sobre los partidos, organizaciones y personalidades partidarios del sí la responsabilidad de consolidar el sistema democrático. Ellos tienen la palabra, pero si no cumplen sus obligaciones, que jamás vengan a hablarnos.