Aplazados los debates sobre la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas

La reunión que debía celebrar ayer la Comisión Constitucional del Congreso para iniciar los debates del proyecto de ley de financiación de las comunidades autónomas fue aplazada hasta las doce del mediodía de hoy, con el fin de que pudiesen proseguir las negociaciones sobre las modificaciones que intentan introducir los diputados gallegos de UCD en el informe elaborado por la ponencia.Las innovaciones que propugnan los centristas gallegos, y que, al parecer, altos cargos del Gobierno consideran razonables, figuran en un escrito que entregaron el pasado jueves al ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, éstas van encaminadas fundamentalmente a defender los aspectos económicos del Estatuto de Autonomía de Galicia, aspectos que los parlamentarios de UCD suelen emplear como argumentos para defender la validez del texto autonómico, que, por el momento, es rechazado por todos los partidos de izquierda.

Los centristas gallegos, cuya postura comparten al menos la mitad de los parlamentarios andaluces de UCD, lamentan en su documento que la ponencia haya eliminado del proyecto la declaración de que los destinatarios del Fondo de Compensación Interterritorial «serían los territorios comparativamente menos desarrollados». Estiman los ucedistas de Galicia que, con la supresión de dicho párrafo en el proyecto de ley, el Fondo sería poco eficaz y retardaría el ritmo de compensación de las diferenciás interregionales, o bien podría convertirse en fondo de acción coyuntural y no estructural, «desviando importantes recursos hacia las zonas más desarrolladas». Admiten los centristas gallegos que en las comunidades desarrolladas existen zonas deprimidas, y, en consecuencia, aceptarían que se incluyese entre los beneficiarios del Fondo a las comarcas subdesarrolladas, aunque pertenezcan a un territorio autónomo con elevado nivel de renta.

Igualmente, los promotores del escrito, cuya redacción se debe al diputado por La Coruña Juan Quintás, consideran desacertada la forma en que la ponencia ha fijado la participación de las comunidades autónomas en la recaudación de los impueslos estatales no cedidos, que son los relativos a la renta global de las personas físicas, beneficios de sociedades, tráfico exterior, producción o ventas, en su fase mayorista, y monopolios estatales. En concreto, los centristas gallegos critican la orientación del proyecto de ley, basada en la idea de que los recursos que tienen su origen en los Presupuestos del Estado cubran estrictamente el costo medio de los servicios que éste hubiese transferido a la comunidad autónoma de que se trate.