Orden de busca y presentación contra el ex secretario de la Zona Franca barcelonesa

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Barcelona ha dictado orden de busca y presentación contra Antonio de la Rosa Vázquez, ahogado del Estado y antiguo secretario general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. La orden judicial ha sido cursada a la policía y se basa en la incomparecencia del ahora oficialmente buscado cuando fue convocado por el juez, que entiende en la querella presentada por el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio fiscal por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y estafa. Estos delitos están, a su vez, en el origen del endeudamiento de 10.000 millones de pesetas que actualmente afecta al mencionado organismo público, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Hacienda.

Los querellados son José Luis Bruna de Quixano, antiguo delegado especial del Estado en el Consorcio y antiguo concejal del Ayuntamiento que presidía Porcioles; Rafael del Barco Carreras, y Antonio de la Rosa Vázquez. Este último, de conocida ideología ultraderechista, se encuentra en ignorado paradero desde hace por lo menos unos seis meses. Anteriormente, la policía gubernativa ya había hecho gestiones para averiguar el lugar donde se encontraba, pero resultaron infructuosas.En medios del propio Consorcio, este diario ha podido saber que existe ya un conocimiento detallado de los procedimientos, así como sus razones aparentes o reales, por los cuales se pagaron mediante cheque al portador unos 1.200 millones de pesetas, por terrenos inexistentes.

Resulta que, siendo delegado especial del Estado Santiago Udina Martorell, el secretario general, De la Rosa, puso fin a la práctica normal y lógica de pagar mediante talones nominativos para pasar a hacerlo mediante talones al portador. De la Rosa se enfrentó, sobre este particular, con la depositaria del Consorcio, llegando incluso a devolver los talones nominativos rotos por uno de sus costados y exigiendo que fuesen librados al portador. Estos talones rotos son aún conservados.

Según fuentes directas, fueron los bancos en los que el consorcio tenía cuentas abiertas los que reclamaron que los talones fueran, por lo menos, barrados, para evitar riesgos de pérdidas. Según las fuentes, la orden inicial había sido que fuesen meramente al portador. Con el nombramiento de José Luis Bruna de Quixano como delegado especial del Gobierno en el consorcio, la depositaría del organismo solicitó que se ratificara la práctica del pago mediante talones al portador, para así evitar toda responsabilidad a dicho departamento. La ratificación se produjo.

También en medios del consorcio causó auténtica sorpresa la información publicada en este diario, según la cual los cheques al portador barrados destinados a pagar la compra de unos terrenos inexistentes eran transformados en talones bancarios al portador -es decir, de hecho, en dinero contante- gracias a su paso a través de una cuenta bancaria de la empresa privada Financiera de Negocios, SA (Finesa), de la que son administradores únicos José Luis Bruna de Quixano y su esposa.

Según se ha sabido ahora, el 70% del capital fundacional de dicha financiera fue aportado por Bruna, y el 30% restante lo aportaron, por mitad y mitad, Fernando Moreno Gil de Biedma y Mario Gran Gutiérrez. Este último fue funcionario del consorcio durante los dos períodos en que Bruna fue delegado especial del Estado. En el segundo mandato de Bruna estuvo adscrito a su secretaría y pasaba por ser la persona de su mayor confianza personal. Abandonó el consorcio cuando cesó Bruna.

Anteriores procesos judiciales

Finalmente, en medios fidedignos, este diario ha sabido que el tercer querellado -Rafael del Barco Carreras- estuvo en el pasado sometido a diversos procedimientos judiciales. Fue denunciado en dos ocasiones por entrega de talones sin fondos, reclamado por el Juzgado de Arenys de Mar por presunto alzamiento de bienes, reclamado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona por presunta apropiación indebida, y está interesada su busca y presentación por el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona por causa que se ignora. Al parecer, la policía desconocía su actual paradero, pese a tener constancia de diversos domicilios. Esta persona apareció en el tema como presunto intermediario financiero, interesado en la compra al consorcio de unos terrenos que éste no podía poseer por ser simplemente inexistentes.