El secuestro de la democracia

Para cualquier español que haya seguido de cerca la campaña del referéndum andaluz, el 28 de febrero es una fecha a retener, no tanto por el resultado que arrojen las urnas como porque ese día culmina todo un proceso de degradación de la democracia, apenas transcurrido un año de la aprobación de la Constitución.Al margen del resultado de la consulta, gane quien gane y pierda quien pierda, el partido en el Gobierno saldará ese día con una derrota para la democracia, porque a los ojos de los españoles habrá hecho malas opciones perfectamente constitucionales, y buenos, procedimientos incompatibles con la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, la libre circulación de las ideas y la prohibición de la competencia desleal, principios informadores de todo sistema democrático y, por supuesto el nuestro.

Da la impresión que UCD se sintió con las manos libres cuando el 16 de enero muchos españoles de buena fe dieron por válido el calificativo de razón de Estado para los argumentos con los que justificó su decisión de reconducir todos los procesos autonómicos en marcha. Pero ni la razón de Estado es una patente de corso para gobernantes ni se puede perder de vista que su sublimación conduce a sistemas políticos conocidos en los tiempos modernos bajo un mismo nombre: totalitarismo. Tantas veces la razón de Estado ha sido invocada en vano, que así nos ha dejado la historia llena de atropellos, crímenes y cornudos.

La razón de Estado, si es tal, suele tener suficiente fuerza moral como para imponerse por sí misma con procedimientos propios de la política, sin necesidad de recurrir a otros que parecen importados del reino de los tahúres; pero el Gobierno, o no lo ha entendido así o es que tenía muy poca convicción en la validez de sus argumentos, ya que los ha intentado imponer silenciando los del contrario.

Valientes y osados

La valentía con que UCD abordó, en enero de este año, la cuestión autonómica y el fervor penitente que sus líderes ponían para confesar «nos hemos equivocado, de sabios es rectificar», merece, en cualquier caso, el aplauso y hasta puede hacer olvidar pecados mayores para un partido en el Gobierno, como es la improvisación en materia tan importante para la estabilidad de la democracia y la funcionalidad del Estado, como son las autonomías.Pero esa valentía de UCD se ha trocado en osadía en manos del Gobierno, que no contento con haberse caído del caballo del 151, alcanzado por el rayo de la razón de Estado, ha intentado derribar del mismo a los que siguen subidos en él, a base de Boletín Oficial del Estado, restricciones de la campaña de propaganda, dificultades económicas a la campaña institucional de la Junta de Andalucía, limitación de la propaganda y la información en los medios de comunicación del Estado, y mediante presiones sobre los medios privados de la región, hecho que, en conversación restringida, reconoció estar sufriendo el gerente de un importante diario andaluz.

Sería muy largo analizar los costes que para la democracia puede tener el carácter vergonzante que se atribuye a la autonomía, cuando el término queda proscrito en la pregunta que se formula a los andaluces -42 palabras- y en toda la normativa complementaria que regula la consulta, y que ocupa nada menos que tres páginas del BOE. Merecerían ser analizadas las consecuencias que para la constitución de las autonomías pueda acarrear el intento de UCD de descalificar una de las vías, las mismas que defendió para Cataluña, Euskadi y Galicia, y que aquí es presentada como peligrosa, comunista y marxista, que todo le han llamado.

Cuestiones de procedimiento

Pero no es preciso entrar en los temas de fondo y basta quedarse en los procedimientos para poder afirmar algo tan grave como que la democracia está siendo secuestrada en España. Se podría enumerar de nuevo la larga serie de arbitrariedades y discriminaciones que han cometido con Andalucía, pero basta con referirse a dos hechos menos conocidos.En la sede de UCD de una capital andaluza, planta tercera, amplio mirador y bello panorama, el pasado martes se amontonaban unos 5.000 panfletos tirados a multicopia, escritos a mano, sin pie de imprenta ni signo alguno de identificación -ilegalidad manifiesta-, en los que se decía: «Si quieres un gobierno comunista, vota 151 andalucista». En el momento de escribir este comentario, horas después del incidente en el Congreso entre Soledad Becerril y Adolfo Suárez, tales panfletos no habían aparecido en la calle. Habrá que pensar que se trataba de un ejercicio de redacción para militantes o el castigo que se le imponía a algún díscolo defensor de las bondades del 151, al que se le obligó a presenciar cómo la rankxerox repetía 5.000 veces el mensaje.

Hay finalmente otro hecho ilustrativo de todo lo que ha estado pasando: un día de enero, en una de las reuniones de ministros y notables de UCD, precisamente en la que se dio por visto el tema de la reconversión del proceso autonómico andaluz, un cargo del Gobierno, alto cargo por más señas y lento en la dicción, afirmó textualmente: « Las guerras, cuando se plantean, hay que ganarlas con medios leales y desleales; por tanto, esta será una guerra sucia. » Sobran los comentarios. Como no se trataba de una reunión estatutaria es probable que ningún secretario del partido haya levantado acta de estas palabras, pero alguien que asistía a la reunión sí lo ha hecho.

Sólo resta una reflexión final sobre el tipo de oposición que haría un partido que desde el Gobierno se atreve a jugar tan irresponsablemente con la democracia. Es de temer que, si ese día llega, en España pasaremos de una democracia parlamentaria a un «parlamento de las cacerolas en la calle», similar al que acabó con la democracia chilena.