Miles de millones para subvencionar el orden público

La media de parados durante los tres primeros trimestres de 1979 fue de 69.000 en la provincia de Sevilla; 47.000, en Málaga; 55.000, en Cádiz... Si el desempleo es el problema número uno de la economía española, su gravedad llega a los límites de la angustia cuando se piensa en una región subdesarrollada, a la que se ha asignado el papel de suministradora de mano de obra, sin industrias de base que permitan afrontar la crisis, con una agricultura superpoblada e infraexplotada y un sector servicios artificialmente hinchado.Tal es el caso de Andalucía, donde la comparación entre los puestos de trabajo creados en 1978 y en 1979 arroja un saldo de 17.000 (es decir, una pérdida neta de 17.000 puestos de un año para otro) solamente en el campo y 9.600 en las actividades industriales. Ahora bien, el carácter eventual del trabajo agrícola y las peculiaridades de la vida rural hacen particularmente conflictivo el tema del paro campesino, que ha generado en los últimos años abundante material a las crónicas de orden público.

Solamente un 10%, o menos, de los obreros agrícolas andaluces tienen trabajo fijo. El 90% restante ha de pasar los años haciendo las faenas temporales del olivo o del algodón, marchando a la vendimia o la fruta en Francia.... o concentrándose en las plazas de los pueblos, cortando el tráfico en las carreteras y manifestándose en las capitales para recordarles a los gobernadores civiles que hay que comer todos los días, o sea, exigiéndoles que envíen dinero para realizar obras del empleo comunitario.

Los fondos del empleo comunitario -el comunitario, como resume la gente en los pueblos- se han convertido en una institución cotidiana en la vida andaluza. Se trata de unas cantidades que el Gobierno libra periódicamente para invertir en obras de mejora de carreteras y caminos, pavimentación de calles (algunas pequeñas localidades pueden presumir hoy por hoy de estar pavimentados en más del 90% de sus vías) y arreglo de plazas y fuentes, entre otras labores. Los obreros en paro perciben entre mil y 1.100 pesetas por seis horas de trabajo y así llevan el jornal a casa en los meses de desempleo.

Entre 1971 y 1979, el Gobierno ha remitido 21.500 millones de pesetas a Andalucía por este concepto. Sólo el pasado año fueron 12.000 los millones invertidos (recuérdese que a primeros de 1979 se convocaron las elecciones) y, lo que es más importante, se ofreció la cantidad de golpe, lo que permitió la planificación de las obras a realizar y su mayor rentabilidad social y económica. Justamente lo contrario de lo sucedido en estos primeros 45 días de 1980, en que los sindicatos no saben a ciencia cierta los fondos de que se va a disponer y los gobiernos civiles han vuelto a la práctica del goteo del dinero para apagar fuegos donde la situación se haga explosiva.

Primar la conflictividad

Esta característica de cuentagotas con la que se conceden los fondos es, sin duda, uno de sus aspectos más negativos. En realidad, lo que hace es primar la conflictividad, porque trabajadores y sindicatos han llegado hace tiempo a la conclusión de que sólo movilizándose se arranca el dinero a los gobiernos civiles. Y entrados en esa dinámica, son los dirigentes de CCOO y UGT los que tienen que calmar a veces las ansias reivindicativas de los jornaleros.

A esta concepción del empleo comunitario como un sistema de parches temporales para preservar el orden público se debe la sensación real de marginación de cientos de miles de trabajadores del campo, que no disfrutan del seguro de desempleo como los obreros industriales y que se consideran mendigos, por muy airados que resulten, de unas limosnas que tienen que otorgarse en Madrid. La frase «pan para hoy y hambre para mañana» resume muy gráficamente la opinión generalizada entre los trabajadores agrícolas sobre el comunitario.

El sistema no deja de tener otros inconvenientes. De forma resumida, se podrían citar la picaresca que genera entre los obreros, sobre todo los jóvenes, que ya empiezan a preocupar a sindicatos y partidos de izquierda, la insuficiente rentabilidad de las inversiones, el desconcierto de los alcaldes y concejales en la búsqueda de su papel ante este tema, el hecho mismo de que este dinero no sirva para crear un solo puesto de trabajo estable en la región...