Es cierto: hubo compromisos

Debo empezar por decir que estas líneas son más un testimonio vivo de lo que aconteció en las largas y difíciles jornadas de conversación que se mantuvieron en la Moncloa, con ocasión del Estatuto de Guernica, que una opinión puramente subjetiva y partidista. No mueve mi pluma en estos momentos la tentación lógica de emplear este artículo como arma arrojadiza, sino el deseo de que contribuya a esclarecer el actual estado de cosas. Me propongo, pues, eliminar toda agresividad y abrir además, si es posible, cauces de diálogo. Esta es, al menos, la intención que preside este trabajo.Durante estos últimos días hemos asistido a una carnavalesca ceremonia colectiva de rasgarse vestiduras frente a una decisión, ya hace tiempo anunciada, que el PNV adoptó, consistente en un abandono temporal de su presencia y actividad en las dos cámaras del Congreso y Senado y en el Consejo General Vasco. Que yo recuerde, a nivel del Estado sólo este medio de información, que hoy me abre sus puertas, tuvo la honradez y sensatez de analizar no tanto la medida como sus causas y sus posibles efectos, y ello sin perjuicio de su libre opinión al respecto, porque el resto se unió en un coro interesado de improperios que, sin examinar, criticar e incluso censurar los motivos de la decisión, se limitó míseramente a calificar de chantaje la misma y a intentar desvirtuarla. Sin ninguna pretensión, no debo ocultar que esta conducta se parece como dos gotas de agua a la que de modo general se ha tenido históricamente frente al llamado problema vasco.

A lo largo del debate cuasi público que ha originado la comentada postura del PNV han salido a relucir los ya famosos «compromisos o pactos políticos» que acompañaron al texto estatutario. Como su existencia y carácter han sido puestos en tela de juicio por unos y negados por otros, es mi deber poner sobre el tapete, con realidad descarnada, lo que de ellos sé, en mi calidad de miembro permanente de la comisión del PNV que discutió en la Moncloa el Estatuto de Guernica, añadiendo que en esa condición no falté a una sola sesión de conversaciones ni por un solo minuto, permaneciendo en ellas hasta el más último momento.

Desde el principio al final de la discusión estatutaria hubo una idea, latente primero y expresa después, que la presidió a modo de condición sine qua non, y que yo llamaría, para entendernos, «acuerdo o compromiso paraguas»; es decir, el compromiso que iba a cobijar de cualquier chaparrón centralista al espíritu y letra del Estatuto. Este acuerdo consistía en que:

1. El contenido del Estatuto no sería en modo alguno recortado, lesionado o puesto en duda por leyes posteriores.

2. El desarrollo, plasmacíón práctica e interpretación del contenido estatutario sería armónico, lógico y coherente con el espíritu auténticamente autonomista que lo inspira, tanto más en lo que se refiere a las posibles lagunas, dudas o ambigüedades de que adolece, que habrían de resolverse en el sentido más favorable a la autonomía y sin cicatería alguna.

3. La puesta en marcha de la autonomía en las facetas más apremiantes (enseñanza, policía, conciertos, etcétera), así como en lo tocante a las instituciones autonómicas, sería rápida y auténtica.

Ni más ni menos, este es el «compromiso paraguas». Yo no sé cómo se entiende en algunos pagos ..el concepto compromiso; pero, para, nosotros, «la coincidencia firme y real de dos voluntades expresamente manifestadas sobre algo concreto» lo es ya, sin necesidad de ningún otro requisito formal. Si este concepto es válido, y para nosotros lo ha sido siempre, entonces hubo y hay compromiso, pacto o acuerdo.

Coincidencia de voluntades

Bajo está idea motor de todas las conversaciones y de la aceptación del Estatuto de Guernica por el PNV hubo, bajo ese paraguas, compromisos o coincidencia expresa de voluntades respecto a algunos temas más, y de modo concreto y fundamental, los relativos a educación, política autónoma, procedimiento para la posible incorporación de Navarra, por citar los más polémicos y sin olvidar los referentes a la interpretación de ciertos conceptos terminológicos de indudable alcance. -

En materia de educación se llegó a atribuir a la comunidad autónoma vasca, como aparece en el Estatuto, la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Se coincidió expresamente, se acordó considerar ésta como una competencia plena, legislativa y ejecutiva, de la comunidad en materia de educación sin otros límites, además de la inspección del Estado y del artículo 149.1.30 de la Constitución, que el respeto a los principios del artículo veintisiete de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, «entendiendo mutua y expresamente» que ese desarrollo sería de carácter absolutamente básico, mínimo e indispensable. Pues bien, no hace falta ser muy avispado para comprobar cómo ha quedado es compromiso a la luz del actual proyecto de ley de autonomía universitaria que regula aspectos hasta de carácter reglamentario o administrativo.

La policía autónoma

La competencia en materia de policía autónoma queda perfectamente plasmada en el artículo diecisiete del Estatuto, a través de un proceso de actualización del régimen foral vasco. Hubo, no obstante, entre otros, un delicado problema de indudable importancia, cual es la junta de seguridad, que, según el propio Estatuto, es paritaria. Como no hubo forma de llegara un acuerdo sobre quién la debía presidir, se llegó al acuerdo o compromiso de que no tendría presidente alguno.

Esta «coincidencia manifiesta de voluntades» se debe contrastar con el proyecto de ley de policías de las comunidades autónomas, que, además de rebajar el techo estatutario, señala como presidente de la junta de seguridad al delegado del Gobierno en cada comunidad respectiva. habiendo UCID votado en contra en la Comisión Constitucional una enmienda del PNV que pretendía que se respetase el «compromiso». Y esto sin entrar en el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que conculca de modo expreso una interpretación racional de lo que debe ser la policía en Euskadi a la luz del Estatuto.

El artículo 47.2 del texto estatutario señala meridianamente cuál es el procedimiento que habría que emprender para su reforma si ésta viniera exigida por la posible incorporación de Navarra a la actual comunidad autónoma vasca. En Navarra. concretamente, esa reforma habría de ser aceptada previamente por el órgano foral competente. Posteriormente, la reforma exige el referéndum del conjunto de los territorios afectados, La interpretación objeto de «coincidencia de voluntades expresamente manifestada» al respecto, es que el cómputo del referéndum mencionado es global, sin distinguir si los votos son alaveses, vizcaínos, navarros o guipuzcoanos Esta interpretación de la comunidad autónoma como circunscripción única fue refrendada por el portavoz de UCD en el acto de rectificación del Estatuto, señor Viana, y motivó el abandono de los ucedistas navarros Pegenaute y Monge.

Casi a renglón seguido, UCID rechaza la más mínima posibilidad de que pueda haber una circunscripción que no sea la provincia, es decir, veta contundentemente la interpretación «acordada» y ratificada por UCD y que además es la más lógica y racional. No quiero dejar de constatar que así como en la ponencia figuraba «referéndum de los territorios afectados», en el texto definitivo aprobado en la Comisión y Pleno se introdujo la más que significativa corrección de decir «referéndum del conjunto de los territorios afectados», lo que motivó el voto en contra del ucedista Marco Tabar. precisamente por entender lo que se debía entender.

Principios generales

Terminaría este capítulo señalando que hubo «coincidencia expresa de voluntades» a la hora de determinar el alcance de algunos términos como los de legislación básica, normas básicas, en el marco de la ley y semejantes, que proliferan en el Estatuto. Estas expresiones se habrían de entender con el carácter de principios generales, normas mínimas rectoras, líneas generales, etcétera, que con un sentido muy amplio permitieran un alto poder legislativo y ejecutivo a las comunidades autónomas.

Sin bajar al detalle excesivo y sin ser exhaustivo, he querido dejar claro que cuando en el PNV hablamos de compromisos o acuerdos es porque existen y deben respetarse, como nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Es más, y para no faltar a la verdad, diré que hubo otro acuerdo, y es que colaboraríamos con UCID en la medida de nuestras posibilidades y convicciones para que el desarrollo de la Constitución a través de las diversas leyes fuese lo más democrático y justo posible. No hemos tenido la oportunidad aún de hacerlo y lo sentimos.

Pero no sólo es esto lo que preocupa en el PNV, nos preocupa y mucho el que no salga un solo proyecto de ley del Gobierno que recoja espontáneamente el término «nacionalidad», o que respete voluntariamente las competencias estatutarias si no es porque luego hay que luchar a través de enmiendas para que así se haga. Somos testigos de cómo la mayoría de los proyectos de ley del Gobierno tienen que ser enmendados, generalmente por el PNV, para que respeten el texto estatutario y no lo conculquen, y lo somos también de lo que cuesta conseguirlo a través de innumerables conversaciones; es tan cierto como que prácticamente esta concreta tarea enmendante y de vigilancia ocupa la mayor parte de la actividad de los diputados vascos. ¿Acaso este ejemplo no denota una clara intención de cogernos de improviso y colarnos algún gol antiestatutario?

No son pretextos

Se hace preciso repetir, una vez más, que el PNV no disfruta. adoptando estas medidas, que no anda buscando pretextos para llamar la atención y ocultar problemas internos, que no goza en su actividad de constante denuncia, que tiene objetivos y compromisos más importantes que el inventarse obstáculos y que no usa, como otros, el chantaje o la compraventa. ¿Creen acaso, honrada y sinceramente, que todo el proceso estatutario va sobre ruedas, que aquí no está pasando nada, que el traspaso de competencias es para bailar y reír de satisfacción, que el CGV tiene un verdadero poder, que los ayuntamientos y diputaciones cuentan con medios, que el problema de Navarra está resuelto, que las leyes orgánicas citadas por el PNV no rozan ni de lejos el Estatuto? ¿Creen acaso que ocultándolo ayudamos al normal funcionamiento de la democracia, que quedarnos de brazos cruzados o cerrar los ojos es la solución? ¿Creen acaso que si no fuera cierto todo esto, el PNV hubiera tomado una decisión de tamaña trascendencia? ¿Creen acaso que estos problemas no están íntimamente relacionados como causa a efecto con el paro, con la violencia, con el impuesto revolucionario, con la crisis general y de todo orden que sufre Euskadi? ¿Creen acaso que desligándolos se consigue la paz, el trabajo, el bienestar general? Si así lo creen, con todo respeto he de decirles que todavía no se han enterado de lo que pasa en Euskadi.

UCD no puede ser tan ciega para no ver como el PNV ha votado afirmativamente todas aquellas leyes, orgánicas o no, que suponen un avance democrático y no perturban los contenidos del Estatuto. UCD no puede dejar de ver como el voto negativo ha sido en última instancia reservado sólo para aquellas leyes que ponían en entredicho un desarrollo armonioso y lógico de la letra y el espíritu del Estatuto. Si lo sabe y lo ve, hay que admitir. como frivolidad política, que asusta, y como irresponsabilidad incalculable, la actitud de UCD que violando compromisos políticos otra vez arrincona y orilla al PNV, tentación nada nueva, por otra parte; basta recordar el pacto PSOE-UCD para no permitir a Ajuriaguerra ser presidente del CGV, porque, y la experiencia lo ha demostrado, éste no es el mejor camino para solucionar los problemas de Euskadi y del Estado.

El PNV no aspira a «imponer su voluntad a todo un Parlamento que representa al pueblo español en su conjunto», como dice UCD; aspira únicamente a que se reconozca no sólo en teoría y de palabra, sino en la práctica y con hechos, los legítimos e irrenunciables derechos de Euskadi y a que sea coherente con el voto afirmativo y casi unánime que otorgó al Estatuto de Guernica. Este reconocimiento y esta coherencia son los que pueden determinar que el PNV reconsidere su postura a través del diálogo que siempre ha ofrecido y nunca rechazado.