La legalización del PCE (m-l)

Somos militantes del PCE (marxista-leninista), presos en la cárcel de Segovia desde el 7 de diciembre de 1978. Le escribimos para comunicarle que vamos a ser juzgados, junto a otros militantes de nuestro partido, los días 31 de enero, 4 y 11 de febrero en la Audiencia Nacional.Fuimos detenidos pocos días antes del referéndum constitucional. Las acusaciones que recaen sobre nosotros son, pues, sobre supuestos delitos anteriores a la Constitución. Nuestro partido ha sido mantenido en la ilegalidad, a pesar de haber solicitado reiteradamente su inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas. El Ministerio del Interior ha denegado sistemáticamente su inscripción.

El 17 de mayo de 1979, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid sentenció que no había motivo de ilegalidad para nuestro partido. Ocho meses después, el Ministerio del Interior sigue sin inscribirlo, por lo que dicho juzgado ha instado a éste a que proceda inmediatamente a dicha inscripción.

El PCE (m-l), pues, ha sido una de las pocas organizaciones antifascistas que ha quedado marginada del «cambio democrático», viéndose obligado a una semiclandestinidad de la cual nosotros somos víctimas.

Ante la nueva situación de legalidad total del PCE (m-l), no corresponde ni nuestra permanencia en la cárcel, ni menos aún los juicios que nos preparan. Si el PCE (m-l) hubiera sido legalizado en un primer momento, nosotros probablemente no estaríamos en la cárcel.

Es justo que nos sea aplicado un indulto, que creemos nos corresponde, tal y como les fue aplicado a los antifascistas que lucharon por las verdaderas libertades democráticas.