Con independencia de un futuro acuerdo, los pesqueros españoles deberán abandonar las aguas comunitarias el próximo 1 de febrero

La comisión de la Comunidad Económica Europea (CEE) estima que la posición negociadora del Gobierno español en cuanto a la concesión de licencias a nuestros pesqueros para que Faenen en aguas de los nueve puede ser «peligrosa y negativa para España». Las negociaciones quedaron suspendidas, sin acuerdo, en la noche del pasado martes, fundamentalmente, al negarse la delegación española a aceptar una reducción tanto en el número de licencias como en la cuota de capturas de merluza.

El director general de la Pesca de la CEE, señor Simonel, afirmó ayer que, aun en el caso de que pueda llegarse finalmente a un acuerdo «razonable», como es su esperanza, los pesqueros españoles tendrán que abandonar las aguas comunitarias el día 1 del próximo mes de febrero, y no podrían regresar antes de tres semanas, debido a los trárnites administrativos.

Según el señor Simonet, el Consejo de Ministros de la Pesca de la CEE, que se reunirá el próximo día 29, en Bruselas, no puede aceptar de ninguna manera las peticiones españolas. El Gobierno español, a su juicio, puede estar provocando con su actitud, casi provocativa para el resto de los Gobiernos europeos, una reacción desfavorable, cuyas consecuencias serán más graves para nuestro país que para la Comunidad.

La delegación española mantiene que en 1980 nuestros pesqueros deberán tener el mismo número de licencias y la misma cuota para pesca de altura -merluza- que tuvieron en 1979, mientras que la situación debe ser mejorada en lo que se refiere a pesca artesal o de bajura.

La CEE, aFirmó el señor Simonet, ha hecho avances considerables en su oferta, pero el Gobierno español los considera insuficientes. «El problema», añadió el director general comunitario, «es saber por qué España no acepta y por qué la Comunidad no puede ir más lejos de lo que ya ha ido.» Las razones fundamentales de la negativa de la delegación española son, a juicio de la CEE, «políticas». «Yo he explicado al Consejo de Ministros del Mercado Común que no podemos subestimar el problema político que la pesca supone para España», prosiguió el presidente de la delegación negociadora comunitaria, quien aludió explícitamente al País Vasco. Pero España no quiere aceptar el punto de vis ta de la CEE, según el cual hay que reducir las capturas de pesca para preservar las especies.

Los nueve han acordado reducir sus propias capturas en un 25% aproximadamente, mientras que le exigen a España que las reduzca sólo en un 15%, señaló el señor Simonet. El problema consiste en que mientras para la delegación española el número de licencias concedidas en 1979 fue de doscientas, para la Comunidad afirma que fueron sólo 180, y que las veinte restantes fueron una compensación por las capturas que no pudieron ser realizadas el año anterior, así como en los primeros meses del siguiente. Al ofrecer ahora 153 licencias, la Comunidad estima que sólo reduce un 15%.

El señor Simonet insistió en que el Gobierno español pretende que se le conceda el mismo trato que a un país miembro de la CEE. La Comunidad tiene muy en cuenta que España es un país candidato a la adhesión -si no fuera así, probablemente no habría ninguna licencia para pescadores españoles-, pero tampoco puede actuar como si fuera va miembro del club. sobre todo considerando que España posee la principal flota de Europa, añadió.

Según explicaron fuentes comunitarias, la CEE quiere que los acuerdos con países terceros en materia de pesca se vayan ajustando a un régimen de reciprocidad. Es decir, los pesqueros de ese tercer país podrán pescar en, aguas comunitarias en proporción a los pesqueros comunitarios que pesquen en las suyas. El señor Simonet insinuó que nuestro país podría tener en estudio la instauración de un sistema de licencias para los pesqueros de otros países que faenan en aguas españolas, y estimó que sería una decisión, a Su juicio, poco afortunada.

Por último, el director general de la Pesca de la CEE señaló que el Consejo de Ministros del próximo día 29 no tiene ningún motivo por el que prorrogar las licencias españolas durante un mes más, dado que el Gobierno español se niega a aceptar la óptica comunitaria de reducción de capturas. «Nada se ha roto definitivamente», dijo el señor Simonet, «pero la situación es extrema. Espero, sin embargo, que podamos llegar a un acuerdo razonable.»