Los proyectos de ley de enseñanza serán los grandes protagonistas del nuevo trimestre escolar iniciado ayer

Una ley ya sancionada por las Cortes, la de los Presupuestos Generales del Estado para 1980, y tres proyectos legislativos -los de Estatuto de Centros Docentes, Financiación de la Enseñanza Obligatoria y Autonomía Universitaria- constituyen el conflictivo telón de fondo del nuevo trimestre del curso escolar, que ayer dio comienzo con el regreso a las aulas de los escolares de EGB y de bachillerato.

El regreso de los universitarios se irá produciendo a lo largo de esta semana y de la próxima. Aparte de que los primeros días de clase se dedicarán a la celebración de los exámenes parciales, aplazados en muchos casos como consecuencia de la paralización de las actividades académicas durante casi todo el mes de diciembre, es sabido que el calendario escolar de los universitarios es bastante más flexible y menos riguroso que el de los niños de EGB y de preescolar.Es seguramente por esta razón la lenta reincorporación de los universitarios a las clases, por lo que las coordinadoras de estudiantes de varias universidades estatales que se reunieron en Valencia, tras los luctuosos sucesos ocurridos en Madrid el pasado día 13 de diciembre, acordaron convocar una huelga general contra el proyecto de ley de Autonomía Universitaria para los últimos días del mes de enero.

Las organizaciones de sindicatos independientes de la enseñanza no estatal, FESITE-CGDT y FESIE, han advertido a los empresarios sobre la posibilidad de una huelga de los trabajadores del sector a partir del próximo día 18, si antes de esa fecha no comienzan las negociaciones para la renovación del convenio colectivo. Los dirigentes empresariales de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) no tienen intención de iniciar tales negociaciones hasta ver en qué paran las conversaciones que van a sostener a lo largo de las próximas semanas con el ministro de Educación. Otero Novas. y con el vicepresidente del Gobierno. Abril Martorell.

La organización patronal CECE había convocado el cierre de todos sus colegios -el 86% de los centros de enseñanza no estatal- para después de las vacaciones navideñas, pero aplazó esta medida, a la espera del resultado de sus negociaciones con la Administración.

Los empresarios de la enseñanza privada centran sus reivindicaciones en la exigencia de que se acumulen en los ocho primeros meses de este año todas las subvenciones presupuestadas para 1980, de modo que sean cobradas íntegramente antes del 1 de septiembre. Piden, además, la introducción en la ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria de una cláusula transitoria, por la que el Parlamento acepte nuevas dotaciones económicas para sufragar los gastos correspondientes al último cuatrimestre del año, contando con que la ley entre en vigor a partir del mes de septiembre, con la implantación de la nueva modalidad de ayuda directa del Estado a las familias.

Las citadas federaciones sindicales, que mantienen tradicionalmente relaciones bastante amistosas con la patronal CECE, han exigido negociar también con la Administración, pues temen que las conversaciones de ésta con los empresarios «puedan convertirse en un laudo camuflado y pactado», y, entre otras reivindicaciones, piden que se consolide el 5% de subida salarial pactada el año pasado, un incremento del 25% desde el presente mes de enero hasta el próximo septiembre y la analogía total con los trabajadores de la enseñanza estatal a partir de dicho mes de septiembre.

También las federaciones de enseñanza de CCOO, UGT, USO y la UCSTE han presentado a los empresarios un proyecto conjunto de convenio, que prevé un salario de 45.027 pesetas para los profesores titulares de EGB, preescolar y primer grado de formación profesional, y de 48.096 para los de los restantes niveles académicos. Los sindicatos de clase exigen, asimismo, el «reconocimiento explícito de los derechos sindicales», que, a tenor del convenio vigente, prorrogado por laudos sucesivos del Ministerio de Trabajo, no guardan la debida relación con los reconocidos a los trabajadores de los restantes sectores laborales.

Si el día 18 puede iniciarse una huelga en los colegios privados, con independencia de la actitud definitiva que adopten los empresarios en relación con su anunciado cierre, el día 17 se celebrará muy probablemente una manifestación contra el Estatuto de Centros Docentes, que ya había sido convocada para el mismo día del pasado mes de diciembre por las centrales sindicales UGT y CCOO y por los partidos PSOE y PCE, y que fue suspendida por el Gobierno Civil de Madrid a raíz de los sucesos d la calle de Embajadores.

Dicho proyecto de ley, informado ya por la ponencia de Educación del Congreso, figura entre la primeras tareas de la agenda legislativa de esta comisión para después de las vacaciones parlamentarias de enero.

El PSOE ha iniciado ya una in tensa campaña de información pública sobre las posiciones socialistas ante los proyectos de ley de Estatuto de Centros y de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, con la intención de recabar el máximo apoyo para las enmiendas que van a defender sus grupos parlamentarios en el Congreso.

Parte de esta campaña consistirá en la presentación de mociones en los plenos y comisiones permanentes de los ayuntamientos y diputaciones provinciales que reflejen lo planteamientos socialistas ante es tos dos proyectos de ley y, a su vez, recojan los problemas concretos de sus municipios y provincias en materia de enseñanza. Los dos proyectos, contra los que se han opuesto contundente mente los estudiantes de los centros oficiales de enseñanza media a lo largo del pasado trimestre, no contienen una serie de garantías, que, a juicio de los socialistas, son absolutamente indispensables en unas leyes que van a configurar el sistema educativo en los próximos años.

Entre estas garantías, los parlamentarios socialistas se refieren a «la existencia de medios que impidan despidos, expulsiones, violaciones de la libertad de cátedra, discriminaciones laborales y profesionales de los profesores de los centros privados subvencionados por el Estado que, en ejercicio de sus libertades y derechos constitucionales, no concuerden con la ideología oficial del centro, establecida unilateralmente por el empresario a través de los llamados idearios».

Los socialistas han denunciado la negativa de la ponencia que redactó el informe a determinar quién ha de elaborar el estatuto o reglamento en los centros privados.

Otra de las contrariedades sufridas por las tesis de los socialistas ante este proyecto de ley, y con las que se encuentra plenamente identificado el Grupo Parlamentario Comunista, es la rotunda oposición del partido del Gobierno a la elaboración de un estatuto específico para los centros privados subvencionados.

La coordinadora de estudiantes de bachillerato y formación profesional ha propuesto que se celebren asambleas en todos los centros, para decidir si continúa o no la lucha iniciada el pasado trimestre contra el proyecto de ley de Estatuto de Centros. Fuentes próximas a los estudiantes manifestaron ayer que no se descarta la posibilidad de que los alumnos de enseñanza medía se solidaricen de alguna manera con la huelga de los un universitarios prevista para la última semana de enero.

Por otra parte, la frustración de todos los cuerpos docentes dependientes de la Administración, que no han visto reflejadas sus aspiraciones en la ley de Presupuestos para 1980, es un dato más a tener en cuenta ante el trimestre que empieza.