La Unión de Campesinos Leoneses recurre contra la multa a su secretario general

La Unión de Campesinos Leoneses presentará hoy recurso contra la multa de medio millón de pesetas impuesta hace dos semanas por el Gobierno Civil a su secretario general, José Agustín González, a raíz de la manifestación que tuvo lugar el pasado día 1 en la capital.

El acto había sido organizado para protestar contra las importaciones de alubia blanca, que habían originado unos stocks de más de 11.000 toneladas (alrededor de la tercera parte de la producción provincial). Según el Gobierno Civil, en la manifestación, a la que asistieron unos 10.000 agricultores de toda la provincia, se habían exhibido pancartas y coreado eslóganes no autorizados, en los que «se injuriaba y ofendía a miembros del Gobierno, autoridades y parlamentarios».Por el contrario, el pliego de alegaciones redactado por la UCL advierte que la citada manifestación transcurrió «con toda normalidad», sin que se produjeran incidentes, y sólo en determinados momentos «algún exceso verbal rápidamente controlado por los servicios de orden». El recurso recuerda también que la manifestación tuvo lugar en un ambiente de extrema tensión, motivada por anteriores actuaciones gubernativas y la detención, el pasado día 3 de noviembre, del presidente, vicepresidente y secretario general de este sindicato agrario, como supuestos implicados en los sucesos ocurridos en las localidades de Astorga, y Riego de la Vega, cuando personas no identificadas prendieron fuego dos bombonas de butano colocadas bajo un vagón de ferrocarril en la primera de estas localidades y cortaron la carretera N-VI con cincuenta neumáticos y varios centenares de kilos de alubias rociadas con gas-oil en la segunda. Los dirigentes de la UCL fueron puestos en libertad poco después por falta de pruebas, tras permanecer 72 horas incomunicados en la comisaría de León en aplicación de la ley Antiterrorismo, sin que hasta el momento se hayan aclarado los hechos. En el recurso se acusa también al actual alcalde de León, Juan Morano Masa (UCD), de modificar «arbitrariamente» el recorrido de la manifestación del día 1, desviándola de las calles más céntricas, «lo que vino a sumar una tensión más a las ya subyacentes».

Por último, la UCL pide la anulación de la multa, basada «en juicios de intención» contenidos en los informes elaborados por los servicios de información de la Guardia Civil, que calificaban el acto de «demostración callejera», y señala que éste adquiere carácter de «vindista» o castigo en cuantía desproporcionada a los hechos y circunstancias en que se desarrolló la manifestación. En el mismo recurso se acusa al Gobierno Civil de actuar inconstitucionalmente al sancionar con el máximo rigor a la UCL por supuestas ofensas al Gobierno en el libre ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, mientras que se dejan impunes actos más graves contra la democracia y la propia monarquía protagonizados por sectores de ultraderecha.

En medios políticos de León se relaciona la sanción impuesta hace dos semanas a la Unión de Campesinos con unas declaraciones de Martín Villa, «número uno de UCD por León»; en ellas, pocas horas antes de darse a conocer esta última, advertía que el partido del Gobierno adoptaría en el futuro una postura «beligerante» respecto a este sindicato agrario que, según él, «había declarado la guerra» al partido del Gobierno en las zonas de mayor clientela electoral. La UCL, integrada en la COAG, había mantenido con anterioridad numerosos enfrentamientos con el partido de Martín Villa desde su creación, hace tres años, durante las primeras «guerras de los tractores», que se agudizaron tras las elecciones a cámaras agrarias, en las que la Unión logró desbancar a los sindicatos independientes promovidos desde UCD por el entonces senador padre Angel Martínez Fuertes, actual presidente de la patronal de la enseñanza privada.