La Junta podría devolver transferencias a la Administración

La Consejería de Política Territorial e Infraestructuras de la Junta de Andalucía sería partidaria de devolver las transferencias recibidas en noviembre pasado, si el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) continúa adelante con su política de marginación de la Junta con respecto a las diputaciones provinciales, según ha podido saber EL PAÍS en fuentes dignas de crédito relacionadas con la Consejería.El hecho, sin precedentes en la historia reciente de los procesos autonómicos, pondría en serio peligro la política de consenso tal y como ha venido siendo entendida por la Junta desde las últimas elecciones, en el supuesto, bastante probable, de que la UCD andaluza apoye la actuación del Ministerio en este terreno. En todo caso, ha de ser el consejo permanente del ente preatonómico, y no una Consejería en concreto, el que acuerde la hipotética devolución de transferencias.

Hay que añadir, por lo que se refiere a la situación en las otras consejerías que han recibido competencias de la Administración central, que sus titulares han hecho saber a Elías Cruz, director general de Cooperación con los Territorios Autónomos, con quien se reunieron el pasado martes, que no están dispuestos a negociar ninguna nueva transferencia hasta que no se les dote de los medios necesarios para que las ya transferidas puedan ser desempeñadas con eficacia.

En relación con la denuncia de la Consejería de Política Territorial, detentada por el PSOE, esta se concreta en la firma por parte del MOPU de convenios de planeamiento con las diputaciones andaluzas, en los que se priva a la Junta de Andalucía de las facultades que le corresponden en virtud del propio decreto de transferencia.

El mismo Ministerio contradice así su «manual de contratación de planeamiento», en el que se específica, tanto en la parte expositiva como en la cláusula catorce del contrato-tipo, que las citada, facultades de gestión, control, interpretación y ejecución, que corresponden a la Administración central, pasarán automáticamente a los entes preautonómicos que hayan recibido transferencias en la materia. Ocurre, sencillamente, que los convenios que se han firmado en Andalucía carecen de tal cláusula.

Según Guillermo Díaz Vargas, viceconsejero de Política Territorial e Infraestructuras, el MOPU intenta dejar hipotecado el planeamiento de Andalucía por muchos años, y consolidar situaciones generadas del pasado y, en definitiva, privar a la Junta de su derecho a elaborar y llevar a la práctica una política realmente autónoma para esta comunidad. «Las competencias del MOPU en Andalucía cebe tenerlas la Junta, si es que queremos de verdad una autonomía política y no una mancomunidad de diputaciones», dijo.

Para Díaz Vargas, lo que está en juego es qué modelo de política urbanística se aplica en Andalucía «si el modelo especulativo de los últimos años del franquismo que es el que pretende relanzar el Ministerio en connivencia con algunas diputaciones, o un modelo que haga de la política territorial. un instrumento para sacar a Andalucía del subdesarrollo».