Trescientos millones han perdido las empresas taurinas

Los empresarios han perdido 300 millones de pesetas la temporada 1979, según cálculos efectuados por la Asociación de Organizadores de Espectáculos Taurinos. Y hacen la siguiente observación: «Es exactamente el incremento del precio de los toros en relación con 1978.» Las cuentas pueden ser exactas, pero la interpretación quizá no lo sea tanto. Entre los numerosos capítulos que componen el presupuesto del espectáculo taurino, no parece que haya de ser determinante únicamente el referido al ganado. Tales presupuestos podrían estar equilibrados en 1978, y desequilibrarse con cualquier subida de precios (en este caso los toros), pero hay otros conceptos que seguramente ya eran desproporcionados en años anteriores. Y no es justo que todos los demás hayan de restringirse por no corregir los errores de base.Por ejemplo, los cánones de arrendamiento son quizá el punto de partida del encarecimiento del espectáculo. Y tampoco quedan muy atrás los honorarios que en determinadas plazas han cobrado ciertos diestros. En una época como la actual, sin figuras rutilantes con fuerza suficiente para imponer sus condiciones, no tiene sentido que se haya llegado a pagar a algún espada cuatro millones de pesetas en determinadas corridas. Si las empresas han llegado a meterse en la aventura de pagar unos cánones desorbitados y aceptan contratar por cantidades fabulosas a toreros sin cartel especial, es absurdo que pretendan compensar el gasto a costa de otros estamentos.

Este tema plantea, una vez más, la reestructuración a fondo del negocio taurino, y, en definitiva, de todo el espectáculo, y en ello están precisamente los empresarios, quienes ya han iniciado las reuniones para proponer un trasvase de funciones a nivel ministerial, al objeto de que la fiesta tenga tratamiento unitario con categoría de dirección general.

El freno a la imparable subida de los cánones de arrendamiento tuvo su primer intento, desde el estamento empresarial, en la subasta de Las Ventas, que se celebró en 1968. En aquella ocasión se formó un pool de empresarios, que fue impopular por sus presuntas intenciones monopolísticas, pero que tenía el objetivo de sujetar la cuantía de las ofertas a unos niveles razonables. Domingo Dominguín desbarató la operación, pues subió la puja a más de 33 millones (cantidad que se consideraba entonces astronómica), y, si no se quedó en arrendamiento la plaza, fue porque la empresa que hasta entonces ad ministraba el coso ejerció su derecho de tanteo. A la cifra del ca non había que añadir un 15% sobre los aforos anuales que rebasaran un billetaje por importe de 150 millones, y se desencadenó así una escalada de precios, con repercusión en todo el territorio nacional, que ha desembocado en la grave crisis actual, tanto económica como artística. Si la Administración no ayuda, y, por supuesto, si no se hace una reforma a fondo, el espectáculo se encuentra en un callejón sin salida. Con buen criterio opinan los empresarios que debe autorizarse la celebración de capeas como fin de fiesta en las novilladas, que los medios de comunicación del Estado han de contribuir a dar a conocer el espectáculo, etcétera. Pero si el Gobierno no da el mismo sitio a la fiesta de los toros que a los restantes espectáculos, incluidos los deportivos, no hay solución. En realidad, jamás ha apoyado el espectáculo taurino, nunca lo ha atendido, salvo para manipular su fuerza popular. Lo mismo durante la dictadura como en democracia con el Gobierno de UCD.