Plan de la Junta argentina para normalizar políticamente el país
Las Fuerzas Armadas argentinas normalizarán la actividad política en el país durante el segundo se mestre de 1980 y «abrirán la vía de un régimen representativo, republicano y federal», según señala un documento de la Junta Militar, conocido el pasado lunes.Este documento, denominado «proposición política», y que debería ser presentado públicamente antes de fin de año, no menciona la fecha en la que los militares, que ocupan el poder en Argentina desde el 24 de marzo de 1976, devolverán el mando a los civiles. El texto agrega que «las Fuerzas Armadas intervendrán de forma institucional en el Gobierno nacional y tendrán competencia para tomar las decisiones referidas a la conducción de la estrategia nacional, a la seguridad nacional y a la defensa de la Constitución nacional».
Los principios básicos del «nuevo ciclo histórico», sefiala el documento, se fundarán sobre «los principios fundamentales de la Constitución nacional de 1853» (régimen presidencialista liberal), manteniendo los textos básicos del proceso de reorganización nacional, «como se definió el actual régimen militar.
Se mantendrá el sistema presidencial, mientras que el poder legislativo, repartido entre dos cámaras, ejercerá un control político y administrativo sobre todo el sistema de gobierno.
Las leyes que restablecerán el funcionamiento de los partidos políticos serán promulgadas en el curso del segundo semestre de 1980. Está previsto el establecimiento de un sistema pluripartidista, que permitirá la «formación de grandes partidos, ampliamente representativos», y tiende también a asegurar «una vía democrática real y efectiva». Las personas acusadas por la justicia de «corrupción y subversión» serán declaradas no aptas para toda actividad política.
El documento establece también la proscripción de las «ideologías totalitarias» y toda actividad orientada «a fomentar la lucha de clases, la propiedad colectiva de los medios de producción, la exaltación desmesurada de la personalidad de los dirigentes, la politización de las instituciones del Estado y de los organismos intermediarios, la atomización de las corrientes políticas y el recurso a la adopción de posiciones públicas para lograr beneficios personales».
Sobre el plan económico, el documento propone un sistema fundado sobre «el ejercicio leal de la competencia y sobre la propiedad privada de los bienes de consumo y de producción». El texto establece que «la política de distribución de ingresos estará en función de la productividad» y también que «el Estado garantizará una tasa mínima de beneficios».
En el plano internacional, Argentina buscará la formación de agrupamientos regionales, «para encarar los desafíos que atraviesa la evolución del poder en el mundo».
